Fue en el desarrollo de esta última jornada, que se destaparon nuevos antecedentes de la truncada transacción en cuanto a la compraventa de la casa del exPresidente Salvador Allende, inmueble que el Gobierno buscaba reconvertirla en museo, a modo de patrimonio cultural del país. Un correo electrónico proveniente desde el Servicio Nacional de Patrimonio en abril de 2024, habría advertido a la Subsecretaría de Patrimonio la dificultad que significaba el vínculo de la ministra de Defensa, Maya Fernández -nieta del exmandatario-, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende -hija del otrora jefe de Estado- con la vivienda. Según recogió La Segunda este martes, el mencionado correo está en manos de la Fiscalía y es parte de los antecedentes recopilados en la investigación por eventual fraude al Fisco por esta venta, que finalmente no se concretó. De igual forma, el citado medio publicó parte del mail que advierte lo dificultoso de la compraventa “para efectos jurídicos”, aunque no se cita el artículo en particular que infringiría de la Constitución el negocio que en definitiva no se materializó. Se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos, reveló el documento digital que escaló dentro del Ministerio de las Culturas. Asimismo, dio cuenta que fuentes consultadas por dicho medio -vinculadas al caso- indicaron que el email fue una de las primeras alarmas que se percibieron sobre un posible conflicto de interés en el proceso, aunque admiten que no se profundizó en los artículos legales en juego. Así las cosas, cabe recordar que, al ser alertado públicamente situación , el Gobierno desistió dela compra, , acuerdo con familia Allende pese compromiso compraventa ya estaba firmado, pero entonces ministra Bienes Nacionales Marcela Sandoval tuvo salir su cargo pagando costo político caso.
Este jueves, Ciper reveló que el Ministerio de Bienes Nacionales, y en particular la extitular de la cartera Marcela Sandoval, advirtieron a la Presidencia que la compra de la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en museo, podría generar un impacto político. En rigor, según el citado medio, funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales alertaron que la compra del inmueble podría traer consecuencias “comunicacionales negativas”, aunque nunca se habló que podría ser inconstitucional como lo es por ley. Cabe recordar que la transacción involucraba a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende, ambas propietarias del inmueble, escenario que está expresamente prohibido por disposición legal. En este contexto, el hecho habría sido comunicado al equipo del Presidente Gabriel Boric en, al menos, tres reuniones ocurridas entre junio y noviembre de 2024. Además, esto lo habría transmitido la entonces ministra Marcela Sandoval -quien tuvo que dejar su cargo a raíz de la crisis- al asesor de Presidencia, Leonardo Moreno. El reportaje además refiere que Moreno le habría indicado a Sandoval que los reparos planteados por Bienes Nacionales se tratarían de un “problema comunicacional” del que se haría cargo Presidencia. Cuando el caso fue advertido por parlamentarios del Partido Republicano y Chile Vamos, el Presidente Boric le pidió la renuncia a la exministra Sandoval para hacer valer las “responsabilidades políticas” del caso. Así las cosas, desde la Oposición buscan la salida también de la ministra Fernández, a quien acusarán constitucionalmente según anunció el Partido Republicano; y de la senadora Allende, que ya fue acusada ante el Tribunal Constitucional. Con todo, actualmente la compra es investigada por presunto fraude al fisco. Entre los testigos e imputados que han declarado ante el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper figuran tanto La ministra Fernández como La senadora Allende quienes se acogieron a su derecho guardar silencio También han prestado testimonio funcionarios De bienes nacionales Del ministerio De cultura Y De La contraloría.
Durante esta jornada, la ministra de Interior, Carolina Tohá, tuvo palabras para la citación por parte del Ministerio Público a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, para declarar en calidad de imputadas en el marco de la fallida venta de la casa del exPresidente Salvador Allende. En este escenario, la jefa de gabinete fue consultada respecto a la disposición del Gobierno, considerando que existe la posibilidad que el Presidente Gabriel Boric también preste declaración. “Yo creo que no hay ningún misterio sobre estos temas, cada vez que la Fiscalía necesitaba antecedentes sobre cualquier investigación que estén en manos del Gobierno, así se ha hecho”, afirmó. Vale consignar que causa está siendo liderada por el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper. Por una parte, se espera que la titular de Defensa atestigüe mañana jueves, a las 15.00 hrs, mientras que la parlamentaria lo haga el viernes, también a las 15.00 hrs. “Se ha colaborado con las investigaciones y siempre también se ha tenido el cuidado de manejar, de manera más prudente, antecedentes que pueden afectar a terceras personas”, aseveró Tohá. O que dicen relación con materia sensible que maneja el Estado y que no pueden divulgarse, o no pueden entrar en discusiones que están ajenas a la materia de la cual se trataban, apuntó la titular de Estado. Finalmente cabe señalar que también está citada a comparecer -en igual calidad- la exministra Marcela Sandoval, quien se le solicitó su renuncia el pasado lunes 6 de enero. De igual manera, la otrora autoridad declarará el viernes a las 15.00 hrs.
Este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respaldó a su par de Defensa, Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende (PS), quien han sido cuestionadas por parlamentarios de Oposición -buscando su destitución- tras el polémico y fallido proceso de compra de la casa del exPresidente Salvador Allende para convertirla en una especie de museo. Es una decisión y está dentro del marco de sus competencias, no tenemos nada que decir al respecto. Lo que sí podemos decir es que los detalles de lo que aquí sucedió, y las personas… la trayectoria de la senadora Allende y de la ministra Fernández, que además fue parlamentaria, es bien conocida: son personas rectas, son personas que han actuado siempre de buena fe, recalcó la titular de la cartera. Eso no quita la facultad de los parlamentarios de ejercer sus atribuciones, pero lo que uno esperaría es que en el marco del ejercicio de esas facultades ciertos límites no se pasen a llevar. Ciertos límites como el caso particularmente sensible en este contexto con respecto a la senadora Allende, una persona que ha entregado su vida entera a cuidar la memoria de su padre, el presidente Salvador Allende, añadió la secretaria de estado. Cabe consignar que los motivos son que una propietaria actualmente involucrada en esta situación es Maya Fernández Allende, nieta del expresidente Salvador Allende y actual ministra. La ley prohíbe expresamente que los ministros puedan celebrar contratos con el Estado. Otra propietaria es también la propia senadora Isabel Allende, quien tiene igualmente este impedimento. Los errores cometidos en esta operación fueron admitidos y corregidos inmediatamente tan pronto se tomó conciencia del problema para llevar adelante dicha operación. Espero sinceramente que esto sea considerado por todos los actores involucrados en este asunto, complementó la jefa de gabinete. A pesar todo lo anterior mencionado vale recordar también que las acciones resultantes en renuncia por parte ahora exministra Marcela Sandoval continúan siendo investigadas por Fiscalía; razón por cual este miércoles Ministerio Bienes Nacionales entregó voluntariamente antecedentes al organismo persecutor.
La fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende sigue dejando heridos. Y es que la ahora exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, no fue la única en dejar su cargo. Ahora también se sabe de la caída de la jefa de la División Jurídica, que hace una semana había sido designada por La Moneda como la persona a cargo para echar pie atrás formalmente al contrato. Este miércoles la abogada Macarena Diez presentó su renuncia al cargo, aunque seguirá cumpliendo funciones sin jefatura en la cartera que ahora encabeza Francisco Figueroa. Voces entendidas de la cartera señalan que la no salida definitiva de Diez obedece a que se encuentra con fuero. La abogada tenía a su cargo el proceso de resciliación del fallido acuerdo, que, en la práctica, disuelve el proceso de compra del inmueble, cuyo pago se contemplaba en $933 millones y que derivó en serios cuestionamientos y procesos aún abiertos en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende (PS), ambas dueñas de la propiedad. En reemplazo de Diez asume como jefa de la División Jurídica la también abogada Maria José Armisen, quien ya desempeñó ese cargo entre marzo 2022 y diciembre 2023 y que, según su perfil en LinkedIn, fue asesora del Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta hace poco. Maria José Armisen, no es el único abogado que aterriza en el ministerio toda vez que María Paz Alfaro llegó junto con el nuevo ministro para ser responsable jurídico del gabinete. Voces dentro del ministerio indican cuando llego el nuevo ministro las coordinaciones jurídicas respecto a esta fallida compra ya no siguieron bajo responsabilidad Deiz sino bajo las nuevas abogadas asignadas por él. Fuente: La Tercera Nacional
Fue en el desarrollo de esta última jornada, que se destaparon nuevos antecedentes de la truncada transacción en cuanto a la compraventa de la casa del exPresidente Salvador Allende, inmueble que el Gobierno buscaba reconvertirla en museo, a modo de patrimonio cultural del país. Un correo electrónico proveniente desde el Servicio Nacional de Patrimonio en abril de 2024, habría advertido a la Subsecretaría de Patrimonio la dificultad que significaba el vínculo de la ministra de Defensa, Maya Fernández -nieta del exmandatario-, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende -hija del otrora jefe de Estado- con la vivienda. Según recogió La Segunda este martes, el mencionado correo está en manos de la Fiscalía y es parte de los antecedentes recopilados en la investigación por eventual fraude al Fisco por esta venta, que finalmente no se concretó. De igual forma, el citado medio publicó parte del mail que advierte lo dificultoso de la compraventa “para efectos jurídicos”, aunque no se cita el artículo en particular que infringiría de la Constitución el negocio que en definitiva no se materializó. Se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos, reveló el documento digital que escaló dentro del Ministerio de las Culturas. Asimismo, dio cuenta que fuentes consultadas por dicho medio -vinculadas al caso- indicaron que el email fue una de las primeras alarmas que se percibieron sobre un posible conflicto de interés en el proceso, aunque admiten que no se profundizó en los artículos legales en juego. Así las cosas, cabe recordar que, al ser alertado públicamente situación , el Gobierno desistió dela compra, , acuerdo con familia Allende pese compromiso compraventa ya estaba firmado, pero entonces ministra Bienes Nacionales Marcela Sandoval tuvo salir su cargo pagando costo político caso.
Este jueves, Ciper reveló que el Ministerio de Bienes Nacionales, y en particular la extitular de la cartera Marcela Sandoval, advirtieron a la Presidencia que la compra de la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en museo, podría generar un impacto político. En rigor, según el citado medio, funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales alertaron que la compra del inmueble podría traer consecuencias “comunicacionales negativas”, aunque nunca se habló que podría ser inconstitucional como lo es por ley. Cabe recordar que la transacción involucraba a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende, ambas propietarias del inmueble, escenario que está expresamente prohibido por disposición legal. En este contexto, el hecho habría sido comunicado al equipo del Presidente Gabriel Boric en, al menos, tres reuniones ocurridas entre junio y noviembre de 2024. Además, esto lo habría transmitido la entonces ministra Marcela Sandoval -quien tuvo que dejar su cargo a raíz de la crisis- al asesor de Presidencia, Leonardo Moreno. El reportaje además refiere que Moreno le habría indicado a Sandoval que los reparos planteados por Bienes Nacionales se tratarían de un “problema comunicacional” del que se haría cargo Presidencia. Cuando el caso fue advertido por parlamentarios del Partido Republicano y Chile Vamos, el Presidente Boric le pidió la renuncia a la exministra Sandoval para hacer valer las “responsabilidades políticas” del caso. Así las cosas, desde la Oposición buscan la salida también de la ministra Fernández, a quien acusarán constitucionalmente según anunció el Partido Republicano; y de la senadora Allende, que ya fue acusada ante el Tribunal Constitucional. Con todo, actualmente la compra es investigada por presunto fraude al fisco. Entre los testigos e imputados que han declarado ante el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper figuran tanto La ministra Fernández como La senadora Allende quienes se acogieron a su derecho guardar silencio También han prestado testimonio funcionarios De bienes nacionales Del ministerio De cultura Y De La contraloría.
Durante esta jornada, la ministra de Interior, Carolina Tohá, tuvo palabras para la citación por parte del Ministerio Público a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, para declarar en calidad de imputadas en el marco de la fallida venta de la casa del exPresidente Salvador Allende. En este escenario, la jefa de gabinete fue consultada respecto a la disposición del Gobierno, considerando que existe la posibilidad que el Presidente Gabriel Boric también preste declaración. “Yo creo que no hay ningún misterio sobre estos temas, cada vez que la Fiscalía necesitaba antecedentes sobre cualquier investigación que estén en manos del Gobierno, así se ha hecho”, afirmó. Vale consignar que causa está siendo liderada por el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper. Por una parte, se espera que la titular de Defensa atestigüe mañana jueves, a las 15.00 hrs, mientras que la parlamentaria lo haga el viernes, también a las 15.00 hrs. “Se ha colaborado con las investigaciones y siempre también se ha tenido el cuidado de manejar, de manera más prudente, antecedentes que pueden afectar a terceras personas”, aseveró Tohá. O que dicen relación con materia sensible que maneja el Estado y que no pueden divulgarse, o no pueden entrar en discusiones que están ajenas a la materia de la cual se trataban, apuntó la titular de Estado. Finalmente cabe señalar que también está citada a comparecer -en igual calidad- la exministra Marcela Sandoval, quien se le solicitó su renuncia el pasado lunes 6 de enero. De igual manera, la otrora autoridad declarará el viernes a las 15.00 hrs.
Este jueves, la ministra del Interior, Carolina Tohá, respaldó a su par de Defensa, Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende (PS), quien han sido cuestionadas por parlamentarios de Oposición -buscando su destitución- tras el polémico y fallido proceso de compra de la casa del exPresidente Salvador Allende para convertirla en una especie de museo. Es una decisión y está dentro del marco de sus competencias, no tenemos nada que decir al respecto. Lo que sí podemos decir es que los detalles de lo que aquí sucedió, y las personas… la trayectoria de la senadora Allende y de la ministra Fernández, que además fue parlamentaria, es bien conocida: son personas rectas, son personas que han actuado siempre de buena fe, recalcó la titular de la cartera. Eso no quita la facultad de los parlamentarios de ejercer sus atribuciones, pero lo que uno esperaría es que en el marco del ejercicio de esas facultades ciertos límites no se pasen a llevar. Ciertos límites como el caso particularmente sensible en este contexto con respecto a la senadora Allende, una persona que ha entregado su vida entera a cuidar la memoria de su padre, el presidente Salvador Allende, añadió la secretaria de estado. Cabe consignar que los motivos son que una propietaria actualmente involucrada en esta situación es Maya Fernández Allende, nieta del expresidente Salvador Allende y actual ministra. La ley prohíbe expresamente que los ministros puedan celebrar contratos con el Estado. Otra propietaria es también la propia senadora Isabel Allende, quien tiene igualmente este impedimento. Los errores cometidos en esta operación fueron admitidos y corregidos inmediatamente tan pronto se tomó conciencia del problema para llevar adelante dicha operación. Espero sinceramente que esto sea considerado por todos los actores involucrados en este asunto, complementó la jefa de gabinete. A pesar todo lo anterior mencionado vale recordar también que las acciones resultantes en renuncia por parte ahora exministra Marcela Sandoval continúan siendo investigadas por Fiscalía; razón por cual este miércoles Ministerio Bienes Nacionales entregó voluntariamente antecedentes al organismo persecutor.
La fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende sigue dejando heridos. Y es que la ahora exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, no fue la única en dejar su cargo. Ahora también se sabe de la caída de la jefa de la División Jurídica, que hace una semana había sido designada por La Moneda como la persona a cargo para echar pie atrás formalmente al contrato. Este miércoles la abogada Macarena Diez presentó su renuncia al cargo, aunque seguirá cumpliendo funciones sin jefatura en la cartera que ahora encabeza Francisco Figueroa. Voces entendidas de la cartera señalan que la no salida definitiva de Diez obedece a que se encuentra con fuero. La abogada tenía a su cargo el proceso de resciliación del fallido acuerdo, que, en la práctica, disuelve el proceso de compra del inmueble, cuyo pago se contemplaba en $933 millones y que derivó en serios cuestionamientos y procesos aún abiertos en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende (PS), ambas dueñas de la propiedad. En reemplazo de Diez asume como jefa de la División Jurídica la también abogada Maria José Armisen, quien ya desempeñó ese cargo entre marzo 2022 y diciembre 2023 y que, según su perfil en LinkedIn, fue asesora del Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta hace poco. Maria José Armisen, no es el único abogado que aterriza en el ministerio toda vez que María Paz Alfaro llegó junto con el nuevo ministro para ser responsable jurídico del gabinete. Voces dentro del ministerio indican cuando llego el nuevo ministro las coordinaciones jurídicas respecto a esta fallida compra ya no siguieron bajo responsabilidad Deiz sino bajo las nuevas abogadas asignadas por él. Fuente: La Tercera Nacional