Para el próximo jueves 18 de julio a las 8:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, estaría fijada una audiencia para reformular cargos a los tres imputados por el Caso Democracia Viva. El exseremi del Minvu, Carlos Contreras; el exrepresentante legal de la fundación, Daniel Andrade; y la concejala Paz Fuica, se les atribuiría nuevas acusaciones por delitos de fraude al fisco. De acuerdo a lo difundido por el SoyAntofagasta, la Fiscalía Local de Antofagasta solicitó esta audiencia de reformalización en contra de los involucrados, quienes en caso de no comparecer sin presentar justificación podrían ser conducidos por la fuerza pública, ya que cualquier impedimento debe ser comunicado de forma anticipada al Tribunal. Actualmente, el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, se encuentra en prisión preventiva, medida cautelar impuesta durante la formalización de la arista TomArte. En tanto, Fuica y Andrade se mantienen con arresto domiciliario total.
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
La exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, confirmó las fechas en que informó al titular de la cartera, Carlos Montes, de las irregularidades que se registraban en la región de Antofagasta, poniendo en entredicho la versión oficial, junto a la del asesor Miguel Crispi. Así quedó plasmado en la declaración oficial que la exautoridad realizó ante el Ministerio Público, a propósito del escándalo por Democracia Viva. Al respecto, Rojas señaló que efectivamente ella recibió el 2 de mayo un correo electrónico por parte de los funcionarios de La Serena en la Región de Antofagasta, en que se exponían una serie de situaciones que podrían haber tenido algún tipo de irregularidad, lo cual ella pidió que de inmediato se investigara. A lo consultado, además quiero agregar que antes del 2 de mayo de 2023 en una reunión presencial con otras jefaturas, en el Gabinete del Ministro Montes, que se realizaba de forma semanal, para ver varios temas, el mismo Ministro Montes me pide indagar sobre la posible contratación de profesionales de Revolución Democrática en la Seremi de Antofagasta , esto alguna persona se lo habría dicho que no fui yo, detalló Rojas. En su declaración a Fiscalía agrega la consulta realizada el exseremi Carlos Contreras, sobre la posible contratación de personas de Revolución Democrática en Antofagasta, luego de que le solicitaran investigar el caso. Con esta petición consulté con el Seremi Contreras, quien me señaló que en algún minuto de necesidad había sumado personas para labores específicas, pero que ya en ese minuto quedaban solo tres en la Seremia trabajando (...) No me agregó bajo que item o de qué forma tenía contratada a esas personas, pero sí me r econoció que era efectivo . Esa información me la entregó por whatsapp. Todo esto fue antes del 2 de mayo del 2023. Esta respuesta se la comuniqué vía verbal al Ministro, indicándole lo que antes señalé, no dándome ninguna instrucción”, agregó. La exsubsecretaria Rojas también reconoció que conversó telefónicamente con Miguel Crispi el 7 de junio, desestimando la versión oficialista que aseguraba se habrían enterado por “rumores”. A ello se suma las declaraciones del Ministro Montes quien ha asegurado públicamente y en las comisiones del Congreso, que él se enteró del escándalo el 16 de junio. No obstante, Rojas asegura que el 8 de junio entregó toda la información respecto a Democracia Viva y otras fundaciones en una carpeta, donde adjuntó copias de las minutas entregadas al ministro Montes, aunque desconoce si éste leyó o no los documentos. “Lo que quiero dejar claro es que yo comuniqué todo lo que tenía que comunicar en el momento que correspondía, a mi superior jerárquico, o sea, al Ministro Montes”, cierra Tatiana Rojas, confirmando la serie de cuestionamientos sobre los dichos y el proceder oficialista ante la grave denuncia y las fechas claves en que La Moneda se habría enterado de este y otros casos.
El sábado 6 de abril la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva que pesa sobre el exseremi del Mivu, Carlos Contreras, esta vez por la investigación de la arista TomArte del Caso Convenios . El Ministerio Público le imputa cuatro delitos de fraude al fisco, por hechos ocurridos durante el 2022 en el marco de los convenios suscritos entre la cartera que dirigía y la fundación. En fallo dividido (causa rol 759-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jasna Pavlich Núñez, Dinko Franulic Cetinic y Jaime Rojas Mundaca – confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. “(…) debe compartirse con el Sr. juez a quo en orden a que están acreditados los delitos por los cuales fue formalizado y la participación del imputado como autor de estos, por las razones señaladas en la resolución en alzada y particularmente porque los antecedentes de investigación, en este estadio procesal, dan cuenta de la intervención del imputado como Seremi de Vivienda y Urbanismo en una etapa previa, que no le correspondía, para asegurar la adjudicación de los convenios a la misma fundación con la que, además, tenía una vinculación previa de carácter social y política, particularmente respecto de su dirigente principal”, sostiene el fallo. La resolución agrega respecto a la necesidad de cautela, que “(…) la circunstancia de tratarse de delitos reiterados, que afectaron gravemente el patrimonio fiscal, particularmente los destinados a sectores de extrema pobreza y precariedad, y el que tengan asignada pena de crimen resultan elementos suficientes para estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, debiendo estarse por tanto, en este punto, también con lo razonado en la resolución en alzada”. Según el ente persecutor, el imputado Carlos Contreras Gutiérrez, en calidad de seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, excediendo sus facultades, intervino para favorecer a la Fundación TomArte, representada legalmente por la coimputada Kelly Betancourt Acosta, con la asignación de fondos para ejecutar obras menores en el marco del programa de asentamientos precarios en, al menos, siete campamentos de la ciudad de Antofagasta. Convenios suscritos en septiembre de 2022 y que implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $456.000.000.
Para el próximo jueves 18 de julio a las 8:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, estaría fijada una audiencia para reformular cargos a los tres imputados por el Caso Democracia Viva. El exseremi del Minvu, Carlos Contreras; el exrepresentante legal de la fundación, Daniel Andrade; y la concejala Paz Fuica, se les atribuiría nuevas acusaciones por delitos de fraude al fisco. De acuerdo a lo difundido por el SoyAntofagasta, la Fiscalía Local de Antofagasta solicitó esta audiencia de reformalización en contra de los involucrados, quienes en caso de no comparecer sin presentar justificación podrían ser conducidos por la fuerza pública, ya que cualquier impedimento debe ser comunicado de forma anticipada al Tribunal. Actualmente, el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, se encuentra en prisión preventiva, medida cautelar impuesta durante la formalización de la arista TomArte. En tanto, Fuica y Andrade se mantienen con arresto domiciliario total.
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región. Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones. Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas. Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social. En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos. Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
La exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, confirmó las fechas en que informó al titular de la cartera, Carlos Montes, de las irregularidades que se registraban en la región de Antofagasta, poniendo en entredicho la versión oficial, junto a la del asesor Miguel Crispi. Así quedó plasmado en la declaración oficial que la exautoridad realizó ante el Ministerio Público, a propósito del escándalo por Democracia Viva. Al respecto, Rojas señaló que efectivamente ella recibió el 2 de mayo un correo electrónico por parte de los funcionarios de La Serena en la Región de Antofagasta, en que se exponían una serie de situaciones que podrían haber tenido algún tipo de irregularidad, lo cual ella pidió que de inmediato se investigara. A lo consultado, además quiero agregar que antes del 2 de mayo de 2023 en una reunión presencial con otras jefaturas, en el Gabinete del Ministro Montes, que se realizaba de forma semanal, para ver varios temas, el mismo Ministro Montes me pide indagar sobre la posible contratación de profesionales de Revolución Democrática en la Seremi de Antofagasta , esto alguna persona se lo habría dicho que no fui yo, detalló Rojas. En su declaración a Fiscalía agrega la consulta realizada el exseremi Carlos Contreras, sobre la posible contratación de personas de Revolución Democrática en Antofagasta, luego de que le solicitaran investigar el caso. Con esta petición consulté con el Seremi Contreras, quien me señaló que en algún minuto de necesidad había sumado personas para labores específicas, pero que ya en ese minuto quedaban solo tres en la Seremia trabajando (...) No me agregó bajo que item o de qué forma tenía contratada a esas personas, pero sí me r econoció que era efectivo . Esa información me la entregó por whatsapp. Todo esto fue antes del 2 de mayo del 2023. Esta respuesta se la comuniqué vía verbal al Ministro, indicándole lo que antes señalé, no dándome ninguna instrucción”, agregó. La exsubsecretaria Rojas también reconoció que conversó telefónicamente con Miguel Crispi el 7 de junio, desestimando la versión oficialista que aseguraba se habrían enterado por “rumores”. A ello se suma las declaraciones del Ministro Montes quien ha asegurado públicamente y en las comisiones del Congreso, que él se enteró del escándalo el 16 de junio. No obstante, Rojas asegura que el 8 de junio entregó toda la información respecto a Democracia Viva y otras fundaciones en una carpeta, donde adjuntó copias de las minutas entregadas al ministro Montes, aunque desconoce si éste leyó o no los documentos. “Lo que quiero dejar claro es que yo comuniqué todo lo que tenía que comunicar en el momento que correspondía, a mi superior jerárquico, o sea, al Ministro Montes”, cierra Tatiana Rojas, confirmando la serie de cuestionamientos sobre los dichos y el proceder oficialista ante la grave denuncia y las fechas claves en que La Moneda se habría enterado de este y otros casos.
El sábado 6 de abril la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva que pesa sobre el exseremi del Mivu, Carlos Contreras, esta vez por la investigación de la arista TomArte del Caso Convenios . El Ministerio Público le imputa cuatro delitos de fraude al fisco, por hechos ocurridos durante el 2022 en el marco de los convenios suscritos entre la cartera que dirigía y la fundación. En fallo dividido (causa rol 759-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jasna Pavlich Núñez, Dinko Franulic Cetinic y Jaime Rojas Mundaca – confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. “(…) debe compartirse con el Sr. juez a quo en orden a que están acreditados los delitos por los cuales fue formalizado y la participación del imputado como autor de estos, por las razones señaladas en la resolución en alzada y particularmente porque los antecedentes de investigación, en este estadio procesal, dan cuenta de la intervención del imputado como Seremi de Vivienda y Urbanismo en una etapa previa, que no le correspondía, para asegurar la adjudicación de los convenios a la misma fundación con la que, además, tenía una vinculación previa de carácter social y política, particularmente respecto de su dirigente principal”, sostiene el fallo. La resolución agrega respecto a la necesidad de cautela, que “(…) la circunstancia de tratarse de delitos reiterados, que afectaron gravemente el patrimonio fiscal, particularmente los destinados a sectores de extrema pobreza y precariedad, y el que tengan asignada pena de crimen resultan elementos suficientes para estimar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, debiendo estarse por tanto, en este punto, también con lo razonado en la resolución en alzada”. Según el ente persecutor, el imputado Carlos Contreras Gutiérrez, en calidad de seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, excediendo sus facultades, intervino para favorecer a la Fundación TomArte, representada legalmente por la coimputada Kelly Betancourt Acosta, con la asignación de fondos para ejecutar obras menores en el marco del programa de asentamientos precarios en, al menos, siete campamentos de la ciudad de Antofagasta. Convenios suscritos en septiembre de 2022 y que implicaron la transferencia de fondos públicos por un total de $456.000.000.
