Fue durante la presente jornada, que el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), anunció el comienzo, a contar de hoy, del período de ingreso de indicaciones al proyecto de reforma al sistema de pensiones, que se espera sea votado el miércoles 15 de enero. Lo anterior -entre otros factores- dice relación con que hoy miércoles culminó la exposición del Presidente Gabriel Boric sobre la materia en cuestión. Fue así, que el senador Coloma dijo esperar que se logre un acuerdo total con el gobierno, pese a que la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, había dicho en los últimos días que lo más probable es que se logre un “acuerdo parcial”. “Hoy día empezamos el trámite final. Para ese efecto hoy día está diseñado oír la última parte de la exposición del Ejecutivo que falta en relación a cómo se va a reajustar la PGU hacia adelante, luego de lo cual se va a abrir un plazo de indicaciones que culmina probablemente el lunes. A partir de la próxima semana vamos a votar todas las indicaciones”, aseguró el parlamentario. “Nada de esto es fácil, si uno quiere hacer algo estructural, importante, tiene que entender lo que tiene que buscar, obviamente preocuparse de mejorar las pensiones, las actuales y las futuras. Para eso es básico un 6% de cotización adicional, generar una mejora para que a igualdad de edad e igualdad de ahorro hombres y mujeres tengan la misma pensión, preocuparse de cómo se puede colaborar con los sectores medios con muchos años cotizados y baja tasa reemplazo , y cómo mejorar la competencia dentro administradoras”, añadió el congresal. Con todo si moción es despachada deberá pasar por Comisión Hacienda Senado antes ser discutida Sala Cámara Alta.
Durante la jornada de este lunes, en medio de una ceremonia de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Gabriel Boric anunció oficialmente el inicio del trabajo a cargo de la Comisión Asesora Presidencial. Esta comisión tiene como objetivo esclarecer la verdad sobre las vulneraciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes ( NNA) que han estado y están bajo la custodia del Sename, en el período comprendido entre 1979 y 2024. La iniciativa fue comunicada desde el Palacio de La Moneda y es resultado del trabajo realizado durante este año por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Unicef y la Defensoría de la Niñez. Estas instituciones crearon las bases técnicas y administrativas para delimitar el ámbito de acción de la Comisión Asesora, generando así los insumos técnicos necesarios. El principal objetivo es establecer un marco de verdad histórica sobre los diversos casos ocurridos, lo que permitirá implementar mecanismos de reparación. Para ello, se buscará escuchar a víctimas, familias y trabajadores, proponiendo medidas para prevenir nuevos abusos. “ Sin verdad, difícilmente podremos asegurar que no vuelvan a suceder estas vulneraciones en el futuro ”, enfatizó el Mandatario. Boric también destacó avances significativos como la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, así como el fortalecimiento de servicios destinados a protección y reinserción juvenil. Sin embargo, reconoció que “ aún tenemos mucho que hacer. Además, hizo un llamado a proteger los derechos humanos frente a discursos que relativizan su importancia: “ Los derechos humanos no son patrimonio exclusivo d e un sector político; debemos estar todos comprometidos en su defensa”, concluyó. Cabe destacar que esta comisión tendrá una duración mínima de un año y estará conformada por siete comisionados designados por el Presidente. Contará con apoyo administrativo mediante una secretaría ejecutiva para su funcionamiento. Entre sus miembros figuran: Soledad Larraín, psicóloga con experiencia en intervención e investigaciones sobre niñez; Miguel Cillero; Carmen Domínguez; Matías Marchant; Estela Ortíz; Sebastián Valenzuela. A continuación se detallan algunas tareas principales que llevará a cabo esta comisión: - Proceso de calificación de víctimas. - Proponer un plan integral para reparaciones con medidas administrativas y legislativas relacionadas al cuidado estatal e institucional en protección especializada y justicia juvenil. - Preparar e implementar hitos dedicados a resignificación y memoria.
La jornada de este martes, la comisión Mixta del Congreso despachó el proyecto de la nueva Ley Antiterrorista, tras zanjar puntos clave que generaron diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado.Esta iniciativa, que lleva 13 años siendo debatida y es parte del fast-track legislativo, busca actualizar y endurecer la legislación vigente en materia de terrorismo, siendo parte de la agenda priorizada de seguridad. En concreto, el proyecto, que permitiría la derogación de la ley vigente, establece una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas. Cabe recordar que ésta se inició en el Senado, en un mensaje refundido con cuatro mociones de senadores y el aporte del Ejecutivo, haciendo suyo el proyecto. “Estamos a punto de tener una nueva ley antiterrorista en Chile, a la altura de los estándares mundiales y con una normativa que permitirá su aplicación, subsanando todos los inconvenientes de la actual normativa”, señaló el presidente de la comisión Mixta, senador Iván Flores (DC). Por otra parte, el congresal sostuvo que “la idea que sustenta la propuesta es consagrar una legislación más moderna que supere las dificultades que se han evidenciado en la persecución oportuna de estos crímenes”, por ello, sostuvo que “a la luz de todos los hechos que han venido ocurriendo, no cabe duda de su necesidad”, precisó. Consultado sobre las sanciones, el parlamentario apuntó que “una vez promulgada, se podrá sancionar la asociación terrorista y establecer delitos y penas acordes al grado de implicación en la organización terrorista, aprobándose además lo que conocemos como la figura del “lobo solitario“ (término que alude a individuos que actúan de forma aislada para cometer actos terroristas). De esta forma, se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la perpetración de determinados delitos terroristas. En ese sentido, el documento asevera que, con independencia de pertenecer o no a una asociación terrorista, se entenderá que se comete un delito terrorista cuando se busque: Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático ; someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella. Uno de los temas más controvertidos fue la interceptación de comunicaciones, aprobada bajo estrictas regulaciones. Ante ello, el senador Flores explicó que “ deberá ser autorizada por un juez de garantía, a solicitud del fiscal, y estará limitada por plazos y condiciones estrictas para proteger la información irrelevante para la causa.” Finalmente, se plantea sancionar la asociación terrorista con presidio mayor en su grado mínimo; en cambio, será presidio mayor en su grado medio para quien tome parte en ella cumpliendo funciones de jefatura o ejerciendo mando en ella. También, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.
Fue durante la jornada de este lunes, que la ministra del Interior, Carolina Tohá, llegó hasta el Congreso para formar parte - en calidad de invitada- de la Comisión Especial Investigadora del Caso Monsalve. Cabe recordar que el exsubsecretario de la cartera, actualmente cumple la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber. En sus primeras palabras, señaló que la denuncia por violación y abuso sexual por la que se encuentra formalizado Monsalve es “atroz”. Ello adquiere mayor gravedad porque la víctima es una subordinada, “lo cual genera una gigantesca asimetría de poder ”. “Nos duele que en el Estado no hayamos logrado proteger a una funcionaria nuestra de un potencial abuso sexual de una autoridad” agregó la ministra. Frente a esto, señaló que el rol que le compete al gobierno es proteger a la víctima y facilitar el adecuado funcionamiento de la justicia. En la instancia, nuevamente hizo una especie de cronología de cómo se enteró de la denuncia en contra del otrora personero de Estado y las gestiones que llevó a cabo el Gobierno a partir de ese minuto. En tanto, se refirió a las críticas que apuntan a una tardía maniobra en remover de su cargo al ex jefe de las policías. “La salida de Monsalve fue el escenario más factible desde el primer momento”, expuso la secretaria de Estado. No obstante, planteó que antes de solicitarle la renuncia era “necesario ponderar algunos datos, no porque no sea tan grave, sino que precisamente porque es tan grave”. “Hasta que se provocó la salida no es que el Gobierno estaba esperando a la prensa, el Gobierno estuvo haciendo una serie de cosas. En primer lugar, saber la situación de la víctima; confirmar si trabaja efectivamente en el ministerio; dónde trabajaba; saber que tenía licencia; lo cual fue muy importante para darnos cuenta de que sí habían pasado algunas cosas previas que nosotros no sabíamos”, continuó relatando. Tohá relevó que, en paralelo, existe una investigación desformalizada por el potencial mal uso del Sistema de Inteligencia. Todos estos antecedentes evidencian que el ''exzar de Seguridad'' empleó de forma “abusiva”, “descuidada” e “imprudente” su poder. Por lo anterior, acusó a Monsalve de “haber defraudado la confianza del Presidente y la del país completo; de haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad”. Así también de “haber usado facilidades de su cargo de una forma imprudente para perseguir fines personales” y actuar de “forma desleal al ocultarnos información”, fustigó. Con todo, la jefa de gabinete concluyó su alocución haciendo hincapié en que ''nos duele profundamente que bajo nuestro Gobierno se haya producido un caso de esta naturaleza, donde se violan principios por los que hemos luchado toda la vida y por los que, ciertamente, vamos a seguir luchando, cerró.
La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la creación de una comisión especial investigadora para examinar los actos del Gobierno relacionados con los convenios y programas de la Fundación ProCultura, ejecutados con fondos públicos desde 2019. Esta decisión surge tras un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), que identificó cinco abonos realizados por la ex primera dama, Irina Karamanos, a la fundación. Ante esto, la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional y principal impulsora de la iniciativa, subrayó la relevancia de investigar a fondo este caso, señalando que las cifras involucradas podrían implicar millonarias pérdidas para el Fisco. “Las fundadas sospechas de que se habrían desviado recursos públicos para el financiamiento irregular de campañas políticas afectan la credibilidad del sistema político y deben ser abordadas sin colores partidistas”, afirmó Ossandón. Finalmente, la diputada criticó la falta de urgencia por parte de la Fiscalía en el manejo de esta causa, evidenciando meses de inacción a pesar de la gravedad de los hechos y de las cuantiosas cifras involucradas. “Queremos llegar al final de esta investigación y despejar cualquier duda que afecte incluso al Presidente de la República”, concluyó, enfatizando la necesidad de una pronta resolución.
Fue durante la presente jornada, que el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), anunció el comienzo, a contar de hoy, del período de ingreso de indicaciones al proyecto de reforma al sistema de pensiones, que se espera sea votado el miércoles 15 de enero. Lo anterior -entre otros factores- dice relación con que hoy miércoles culminó la exposición del Presidente Gabriel Boric sobre la materia en cuestión. Fue así, que el senador Coloma dijo esperar que se logre un acuerdo total con el gobierno, pese a que la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, había dicho en los últimos días que lo más probable es que se logre un “acuerdo parcial”. “Hoy día empezamos el trámite final. Para ese efecto hoy día está diseñado oír la última parte de la exposición del Ejecutivo que falta en relación a cómo se va a reajustar la PGU hacia adelante, luego de lo cual se va a abrir un plazo de indicaciones que culmina probablemente el lunes. A partir de la próxima semana vamos a votar todas las indicaciones”, aseguró el parlamentario. “Nada de esto es fácil, si uno quiere hacer algo estructural, importante, tiene que entender lo que tiene que buscar, obviamente preocuparse de mejorar las pensiones, las actuales y las futuras. Para eso es básico un 6% de cotización adicional, generar una mejora para que a igualdad de edad e igualdad de ahorro hombres y mujeres tengan la misma pensión, preocuparse de cómo se puede colaborar con los sectores medios con muchos años cotizados y baja tasa reemplazo , y cómo mejorar la competencia dentro administradoras”, añadió el congresal. Con todo si moción es despachada deberá pasar por Comisión Hacienda Senado antes ser discutida Sala Cámara Alta.
Durante la jornada de este lunes, en medio de una ceremonia de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Gabriel Boric anunció oficialmente el inicio del trabajo a cargo de la Comisión Asesora Presidencial. Esta comisión tiene como objetivo esclarecer la verdad sobre las vulneraciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes ( NNA) que han estado y están bajo la custodia del Sename, en el período comprendido entre 1979 y 2024. La iniciativa fue comunicada desde el Palacio de La Moneda y es resultado del trabajo realizado durante este año por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Unicef y la Defensoría de la Niñez. Estas instituciones crearon las bases técnicas y administrativas para delimitar el ámbito de acción de la Comisión Asesora, generando así los insumos técnicos necesarios. El principal objetivo es establecer un marco de verdad histórica sobre los diversos casos ocurridos, lo que permitirá implementar mecanismos de reparación. Para ello, se buscará escuchar a víctimas, familias y trabajadores, proponiendo medidas para prevenir nuevos abusos. “ Sin verdad, difícilmente podremos asegurar que no vuelvan a suceder estas vulneraciones en el futuro ”, enfatizó el Mandatario. Boric también destacó avances significativos como la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, así como el fortalecimiento de servicios destinados a protección y reinserción juvenil. Sin embargo, reconoció que “ aún tenemos mucho que hacer. Además, hizo un llamado a proteger los derechos humanos frente a discursos que relativizan su importancia: “ Los derechos humanos no son patrimonio exclusivo d e un sector político; debemos estar todos comprometidos en su defensa”, concluyó. Cabe destacar que esta comisión tendrá una duración mínima de un año y estará conformada por siete comisionados designados por el Presidente. Contará con apoyo administrativo mediante una secretaría ejecutiva para su funcionamiento. Entre sus miembros figuran: Soledad Larraín, psicóloga con experiencia en intervención e investigaciones sobre niñez; Miguel Cillero; Carmen Domínguez; Matías Marchant; Estela Ortíz; Sebastián Valenzuela. A continuación se detallan algunas tareas principales que llevará a cabo esta comisión: - Proceso de calificación de víctimas. - Proponer un plan integral para reparaciones con medidas administrativas y legislativas relacionadas al cuidado estatal e institucional en protección especializada y justicia juvenil. - Preparar e implementar hitos dedicados a resignificación y memoria.
La jornada de este martes, la comisión Mixta del Congreso despachó el proyecto de la nueva Ley Antiterrorista, tras zanjar puntos clave que generaron diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado.Esta iniciativa, que lleva 13 años siendo debatida y es parte del fast-track legislativo, busca actualizar y endurecer la legislación vigente en materia de terrorismo, siendo parte de la agenda priorizada de seguridad. En concreto, el proyecto, que permitiría la derogación de la ley vigente, establece una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas. Cabe recordar que ésta se inició en el Senado, en un mensaje refundido con cuatro mociones de senadores y el aporte del Ejecutivo, haciendo suyo el proyecto. “Estamos a punto de tener una nueva ley antiterrorista en Chile, a la altura de los estándares mundiales y con una normativa que permitirá su aplicación, subsanando todos los inconvenientes de la actual normativa”, señaló el presidente de la comisión Mixta, senador Iván Flores (DC). Por otra parte, el congresal sostuvo que “la idea que sustenta la propuesta es consagrar una legislación más moderna que supere las dificultades que se han evidenciado en la persecución oportuna de estos crímenes”, por ello, sostuvo que “a la luz de todos los hechos que han venido ocurriendo, no cabe duda de su necesidad”, precisó. Consultado sobre las sanciones, el parlamentario apuntó que “una vez promulgada, se podrá sancionar la asociación terrorista y establecer delitos y penas acordes al grado de implicación en la organización terrorista, aprobándose además lo que conocemos como la figura del “lobo solitario“ (término que alude a individuos que actúan de forma aislada para cometer actos terroristas). De esta forma, se entenderá por asociación terrorista toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus objetivos la perpetración de determinados delitos terroristas. En ese sentido, el documento asevera que, con independencia de pertenecer o no a una asociación terrorista, se entenderá que se comete un delito terrorista cuando se busque: Socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático; imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado democrático ; someter o desmoralizar a la población civil o a una parte de ella. Uno de los temas más controvertidos fue la interceptación de comunicaciones, aprobada bajo estrictas regulaciones. Ante ello, el senador Flores explicó que “ deberá ser autorizada por un juez de garantía, a solicitud del fiscal, y estará limitada por plazos y condiciones estrictas para proteger la información irrelevante para la causa.” Finalmente, se plantea sancionar la asociación terrorista con presidio mayor en su grado mínimo; en cambio, será presidio mayor en su grado medio para quien tome parte en ella cumpliendo funciones de jefatura o ejerciendo mando en ella. También, proveyéndole recursos o medios, o habiéndola fundado.
Fue durante la jornada de este lunes, que la ministra del Interior, Carolina Tohá, llegó hasta el Congreso para formar parte - en calidad de invitada- de la Comisión Especial Investigadora del Caso Monsalve. Cabe recordar que el exsubsecretario de la cartera, actualmente cumple la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber. En sus primeras palabras, señaló que la denuncia por violación y abuso sexual por la que se encuentra formalizado Monsalve es “atroz”. Ello adquiere mayor gravedad porque la víctima es una subordinada, “lo cual genera una gigantesca asimetría de poder ”. “Nos duele que en el Estado no hayamos logrado proteger a una funcionaria nuestra de un potencial abuso sexual de una autoridad” agregó la ministra. Frente a esto, señaló que el rol que le compete al gobierno es proteger a la víctima y facilitar el adecuado funcionamiento de la justicia. En la instancia, nuevamente hizo una especie de cronología de cómo se enteró de la denuncia en contra del otrora personero de Estado y las gestiones que llevó a cabo el Gobierno a partir de ese minuto. En tanto, se refirió a las críticas que apuntan a una tardía maniobra en remover de su cargo al ex jefe de las policías. “La salida de Monsalve fue el escenario más factible desde el primer momento”, expuso la secretaria de Estado. No obstante, planteó que antes de solicitarle la renuncia era “necesario ponderar algunos datos, no porque no sea tan grave, sino que precisamente porque es tan grave”. “Hasta que se provocó la salida no es que el Gobierno estaba esperando a la prensa, el Gobierno estuvo haciendo una serie de cosas. En primer lugar, saber la situación de la víctima; confirmar si trabaja efectivamente en el ministerio; dónde trabajaba; saber que tenía licencia; lo cual fue muy importante para darnos cuenta de que sí habían pasado algunas cosas previas que nosotros no sabíamos”, continuó relatando. Tohá relevó que, en paralelo, existe una investigación desformalizada por el potencial mal uso del Sistema de Inteligencia. Todos estos antecedentes evidencian que el ''exzar de Seguridad'' empleó de forma “abusiva”, “descuidada” e “imprudente” su poder. Por lo anterior, acusó a Monsalve de “haber defraudado la confianza del Presidente y la del país completo; de haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad”. Así también de “haber usado facilidades de su cargo de una forma imprudente para perseguir fines personales” y actuar de “forma desleal al ocultarnos información”, fustigó. Con todo, la jefa de gabinete concluyó su alocución haciendo hincapié en que ''nos duele profundamente que bajo nuestro Gobierno se haya producido un caso de esta naturaleza, donde se violan principios por los que hemos luchado toda la vida y por los que, ciertamente, vamos a seguir luchando, cerró.
La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la creación de una comisión especial investigadora para examinar los actos del Gobierno relacionados con los convenios y programas de la Fundación ProCultura, ejecutados con fondos públicos desde 2019. Esta decisión surge tras un peritaje de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), que identificó cinco abonos realizados por la ex primera dama, Irina Karamanos, a la fundación. Ante esto, la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de Renovación Nacional y principal impulsora de la iniciativa, subrayó la relevancia de investigar a fondo este caso, señalando que las cifras involucradas podrían implicar millonarias pérdidas para el Fisco. “Las fundadas sospechas de que se habrían desviado recursos públicos para el financiamiento irregular de campañas políticas afectan la credibilidad del sistema político y deben ser abordadas sin colores partidistas”, afirmó Ossandón. Finalmente, la diputada criticó la falta de urgencia por parte de la Fiscalía en el manejo de esta causa, evidenciando meses de inacción a pesar de la gravedad de los hechos y de las cuantiosas cifras involucradas. “Queremos llegar al final de esta investigación y despejar cualquier duda que afecte incluso al Presidente de la República”, concluyó, enfatizando la necesidad de una pronta resolución.