La familia de Álvaro Rojas González, soldado conscripto perteneciente a la Brigada Motorizada N° Calama, ha presentado un recurso de amparo contra el Ejército de Chile, denunciando presuntos maltratos y negligencia médica que habrían llevado al joven a intentar quitarse la vida. El recurso, ingresado el 19 de julio ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y patrocinado por el abogado Fernando Leal Aravena, detalla que Rojas González sufrió supuestos tratos vejatorios luego de desmayarse y experimentar dificultades respiratorias durante una campaña en Ojos de Atacama. Según la denuncia, tras este incidente, el soldado habría sido objeto de comentarios despectivos por parte de sus superiores, quienes cuestionaron su hombría. Blanca Iriarte González, hermana del soldado, explicó que la situación empeoró debido a la falta de claridad sobre la salud de su hermano y la supuesta negligencia en su atención médica. Tras un intento de suicidio y un diagnóstico de varicocele, Rojas González habría permanecido semanas sin recibir la atención médica adecuada dentro del cuartel militar, lo cual motivó a la familia a buscar su licenciamiento anticipado. En respuesta a estas acusaciones, el Ejército de Chile ha afirmado que Rojas González fue evaluado como apto para el servicio militar en abril y que los exámenes médicos realizados en mayo confirmaron su idoneidad para el servicio en altura. La institución asegura que el soldado ha sido atendido y evaluado correctamente por personal médico durante los incidentes mencionados, siguiendo los protocolos establecidos para la atención de su salud. Actualmente, el Ejército ha anunciado que está gestionando la asistencia médica de Rojas González en el Hospital Militar de Antofagasta para realizar una intervención quirúrgica en el menor plazo posible. Además, se comprometió a brindar apoyo a la familia del conscripto.
La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas ha aprobado por mayoría la creación de una comisión investigadora destinada a esclarecer las actuaciones de las Fuerzas Armadas en relación con el ejercicio militar llevado a cabo en Putre, que resultó en la muerte del conscripto Franco Vargas y dejó a otros soldados enfermos e incluso hospitalizados. La aprobación de esta comisión investigadora se fundamenta en el deseo de arrojar luz sobre los eventos que rodearon el fatídico ejercicio militar y determinar posibles responsabilidades. Según consignó La Radio, el Partido Comunista e Independientes tienen previsto presentar un proyecto de ley de reforma al Código de Justicia Militar para excluir del ámbito de esta jurisdicción las actuaciones relacionadas con conscriptos o voluntarios en servicio militar activo. Esto supondría limitar la competencia de la justicia militar a casos que involucren únicamente a efectivos militares profesionales. La votación en la Cámara de Diputados reflejó una clara mayoría a favor de la creación de la comisión investigadora, con 65 votos a favor, 3 en contra y siete abstenciones. Los diputados Jorge Guzmán, Cristóbal Martínez y Francisco Undurraga votaron en contra, mientras que Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Juan Fuenzalida, Christian Matheson y Hotuiti Teao se abstuvieron. Por otro lado, el Tribunal de Garantía de Arica ha decidido que la justicia civil continúe con el caso de los conscriptos y la muerte del soldado Franco Vargas. No obstante, la decisión final recae en la Corte Suprema, que deberá determinar si la causa permanece en la justicia civil o se traslada a la justicia militar.
Este martes, el Juzgado de Garantía de Arica determinó que la investigación sobre la trágica marcha de conscriptos del Ejército el 27 de abril estará a cargo de la justicia civil, desechando así la jurisdicción militar. La decisión surge después de que el Ministerio Público, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la madre de Franco Vargas, el conscripto fallecido, presentaran sus argumentos en contra de que el caso fuese manejado por la justicia castrense. El fiscal regional Mario Carrera fundamentó la postura de la fiscalía argumentando la necesidad de mantener el caso en sus manos, citando precedentes donde han intervenido en casos relacionados con el Ejército. Carrera también cuestionó que la autopsia de Vargas no se realizara conforme a los protocolos internacionales. Además, destacó que no hay bienes jurídicos militares involucrados en el caso. Ignacio González, abogado del INDH, subrayó que la justicia militar no es adecuada para tratar casos de derechos humanos y resaltó la especialización del Ministerio Público en este ámbito. Por su parte, el abogado querellante Sebastián Andrade Delvas, representante de la madre de Vargas, enfatizó que en la justicia militar no existe la figura de víctima. El juez Juan Araya Contreras acogió los argumentos presentados y rechazó la solicitud de la ministra en visita designada por la Corte Suprema, Jenny Book, quien había pedido que la justicia civil se inhibiera en el caso. Araya explicó que la justicia militar maneja bienes jurídicos diferentes y que es necesario proteger a la víctima no milita r. La situación actual deja pendiente una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema respecto a quién deberá finalmente tomar cartas en este lamentable suceso. Mientras tanto, emergen nuevos detalles preocupantes sobre otros afectados: Lucas Gamboa ha tenido que enfrentarse a una amputación mientras permanece grave en el Hospital Militar de Santiago; otro joven también está hospitalizado bajo condiciones críticas. Durante las audiencias se reveló incluso un posible riesgo inminente para uno más de los conscriptos involucrados: podría perder una pierna debido a sus lesiones.
El General Iturriaga ha decidido remover del mando a un general y un coronel del Ejército tras la fatídica marcha en Putre, donde se registraron graves incidentes. Esta medida se da luego de que se reconocieran fallos en la diligencia y se detectaran omisiones en los protocolos de seguridad. “E s doloroso constatar que la información preliminar entregada, adoleció de falta de precisión y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento. Materia que seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió ”, enfatizó Iturriaga. El trágico suceso ocurrido en Putre, que dejó múltiples heridos y pérdidas humanas, ha generado un profundo cuestionamiento sobre la capacidad de respuesta y el liderazgo dentro de la institución castrense. El uniformado declaró además que “ las investigaciones en curso determinarán si el soldado Franco Vargas, que en paz descanse, debió o no haber marchado, de acuerdo a los protocolos de instrucción y salud ”. “ Asimismo, habrá que determinar las causas que mantienen a dos soldados graves en el Hospital Militar , y un grupo importante que fue afectado por otras complicaciones de salud ”, agregó. La decisión del General Iturriaga de remover a los dos altos mandos evidencia una necesidad urgente de revisar los procedimientos operativos estándar y fortalecer la capacitación del personal militar en situaciones de crisis. En tanto, el Presidente Gabriel Boric lo habría citado para aclarar el grave suceso, a lo que comentó que “l a evaluación de mi desempeño y mi cargo está, por supuesto, en el Presidente de la República ”.
En un lamentable suceso, el joven conscripto Franco Vargas, de tan solo 19 años, perdió la vida tras presentar problemas respiratorios durante una marcha de entrenamiento llevada a cabo el sábado 27 de abril en la Brigada Motorizada N°23 Huamachuco, perteneciente a la IV División de Putre del Ejército. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, expresó su pesar por el fallecimiento de Vargas y extendió sus condolencias a la familia del joven y a todas las familias afectadas por esta tragedia. Este es un caso delicado y que tiene hoy día al Gobierno trabajando también en esta materia. La partida de Franco Vargas es algo que lamentamos y en eso queremos transmitir todo nuestro apoyo y nuestras condolencias a la familia y a todas las familias que hoy día además están preocupadas de la salud de sus hijos. El Ejército, en coordinación con la autoridad sanitaria de la Región de Arica y Parinacota, ha tomado medidas inmediatas para contener la situación, iniciando un aislamiento preventivo tanto para los soldados conscriptos como para el personal de planta que participó en la instrucción y marcha. Además, se ha informado que se están llevando a cabo investigaciones sumarias administrativas para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. La Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Derechos Humanos han solicitado información detallada sobre las circunstancias de la muerte de Franco Vargas y las medidas adoptadas para prevenir situaciones similares en el futuro. Asimismo, el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, por instrucción de la ministra de Defensa, Maya Fernández, se trasladó a la Región de Arica y Parinacota para reunirse con las familias afectadas y coordinar acciones de apoyo. Según información proporcionada por el Ejército, un total de 245 soldados conscriptos se encontraban en instrucción, de los cuales 45 presentaron síntomas de un cuadro infeccioso de origen respiratorio. Actualmente, dos conscriptos se encuentran en estado grave en el Hospital Juan Noé de Arica, mientras que cuatro están en observación. Por otro lado, los dos internados en el Hospital Militar de Santiago muestran una evolución favorable.
La familia de Álvaro Rojas González, soldado conscripto perteneciente a la Brigada Motorizada N° Calama, ha presentado un recurso de amparo contra el Ejército de Chile, denunciando presuntos maltratos y negligencia médica que habrían llevado al joven a intentar quitarse la vida. El recurso, ingresado el 19 de julio ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y patrocinado por el abogado Fernando Leal Aravena, detalla que Rojas González sufrió supuestos tratos vejatorios luego de desmayarse y experimentar dificultades respiratorias durante una campaña en Ojos de Atacama. Según la denuncia, tras este incidente, el soldado habría sido objeto de comentarios despectivos por parte de sus superiores, quienes cuestionaron su hombría. Blanca Iriarte González, hermana del soldado, explicó que la situación empeoró debido a la falta de claridad sobre la salud de su hermano y la supuesta negligencia en su atención médica. Tras un intento de suicidio y un diagnóstico de varicocele, Rojas González habría permanecido semanas sin recibir la atención médica adecuada dentro del cuartel militar, lo cual motivó a la familia a buscar su licenciamiento anticipado. En respuesta a estas acusaciones, el Ejército de Chile ha afirmado que Rojas González fue evaluado como apto para el servicio militar en abril y que los exámenes médicos realizados en mayo confirmaron su idoneidad para el servicio en altura. La institución asegura que el soldado ha sido atendido y evaluado correctamente por personal médico durante los incidentes mencionados, siguiendo los protocolos establecidos para la atención de su salud. Actualmente, el Ejército ha anunciado que está gestionando la asistencia médica de Rojas González en el Hospital Militar de Antofagasta para realizar una intervención quirúrgica en el menor plazo posible. Además, se comprometió a brindar apoyo a la familia del conscripto.
La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas ha aprobado por mayoría la creación de una comisión investigadora destinada a esclarecer las actuaciones de las Fuerzas Armadas en relación con el ejercicio militar llevado a cabo en Putre, que resultó en la muerte del conscripto Franco Vargas y dejó a otros soldados enfermos e incluso hospitalizados. La aprobación de esta comisión investigadora se fundamenta en el deseo de arrojar luz sobre los eventos que rodearon el fatídico ejercicio militar y determinar posibles responsabilidades. Según consignó La Radio, el Partido Comunista e Independientes tienen previsto presentar un proyecto de ley de reforma al Código de Justicia Militar para excluir del ámbito de esta jurisdicción las actuaciones relacionadas con conscriptos o voluntarios en servicio militar activo. Esto supondría limitar la competencia de la justicia militar a casos que involucren únicamente a efectivos militares profesionales. La votación en la Cámara de Diputados reflejó una clara mayoría a favor de la creación de la comisión investigadora, con 65 votos a favor, 3 en contra y siete abstenciones. Los diputados Jorge Guzmán, Cristóbal Martínez y Francisco Undurraga votaron en contra, mientras que Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Juan Fuenzalida, Christian Matheson y Hotuiti Teao se abstuvieron. Por otro lado, el Tribunal de Garantía de Arica ha decidido que la justicia civil continúe con el caso de los conscriptos y la muerte del soldado Franco Vargas. No obstante, la decisión final recae en la Corte Suprema, que deberá determinar si la causa permanece en la justicia civil o se traslada a la justicia militar.
Este martes, el Juzgado de Garantía de Arica determinó que la investigación sobre la trágica marcha de conscriptos del Ejército el 27 de abril estará a cargo de la justicia civil, desechando así la jurisdicción militar. La decisión surge después de que el Ministerio Público, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la madre de Franco Vargas, el conscripto fallecido, presentaran sus argumentos en contra de que el caso fuese manejado por la justicia castrense. El fiscal regional Mario Carrera fundamentó la postura de la fiscalía argumentando la necesidad de mantener el caso en sus manos, citando precedentes donde han intervenido en casos relacionados con el Ejército. Carrera también cuestionó que la autopsia de Vargas no se realizara conforme a los protocolos internacionales. Además, destacó que no hay bienes jurídicos militares involucrados en el caso. Ignacio González, abogado del INDH, subrayó que la justicia militar no es adecuada para tratar casos de derechos humanos y resaltó la especialización del Ministerio Público en este ámbito. Por su parte, el abogado querellante Sebastián Andrade Delvas, representante de la madre de Vargas, enfatizó que en la justicia militar no existe la figura de víctima. El juez Juan Araya Contreras acogió los argumentos presentados y rechazó la solicitud de la ministra en visita designada por la Corte Suprema, Jenny Book, quien había pedido que la justicia civil se inhibiera en el caso. Araya explicó que la justicia militar maneja bienes jurídicos diferentes y que es necesario proteger a la víctima no milita r. La situación actual deja pendiente una resolución definitiva por parte de la Corte Suprema respecto a quién deberá finalmente tomar cartas en este lamentable suceso. Mientras tanto, emergen nuevos detalles preocupantes sobre otros afectados: Lucas Gamboa ha tenido que enfrentarse a una amputación mientras permanece grave en el Hospital Militar de Santiago; otro joven también está hospitalizado bajo condiciones críticas. Durante las audiencias se reveló incluso un posible riesgo inminente para uno más de los conscriptos involucrados: podría perder una pierna debido a sus lesiones.
El General Iturriaga ha decidido remover del mando a un general y un coronel del Ejército tras la fatídica marcha en Putre, donde se registraron graves incidentes. Esta medida se da luego de que se reconocieran fallos en la diligencia y se detectaran omisiones en los protocolos de seguridad. “E s doloroso constatar que la información preliminar entregada, adoleció de falta de precisión y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento. Materia que seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió ”, enfatizó Iturriaga. El trágico suceso ocurrido en Putre, que dejó múltiples heridos y pérdidas humanas, ha generado un profundo cuestionamiento sobre la capacidad de respuesta y el liderazgo dentro de la institución castrense. El uniformado declaró además que “ las investigaciones en curso determinarán si el soldado Franco Vargas, que en paz descanse, debió o no haber marchado, de acuerdo a los protocolos de instrucción y salud ”. “ Asimismo, habrá que determinar las causas que mantienen a dos soldados graves en el Hospital Militar , y un grupo importante que fue afectado por otras complicaciones de salud ”, agregó. La decisión del General Iturriaga de remover a los dos altos mandos evidencia una necesidad urgente de revisar los procedimientos operativos estándar y fortalecer la capacitación del personal militar en situaciones de crisis. En tanto, el Presidente Gabriel Boric lo habría citado para aclarar el grave suceso, a lo que comentó que “l a evaluación de mi desempeño y mi cargo está, por supuesto, en el Presidente de la República ”.
En un lamentable suceso, el joven conscripto Franco Vargas, de tan solo 19 años, perdió la vida tras presentar problemas respiratorios durante una marcha de entrenamiento llevada a cabo el sábado 27 de abril en la Brigada Motorizada N°23 Huamachuco, perteneciente a la IV División de Putre del Ejército. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, expresó su pesar por el fallecimiento de Vargas y extendió sus condolencias a la familia del joven y a todas las familias afectadas por esta tragedia. Este es un caso delicado y que tiene hoy día al Gobierno trabajando también en esta materia. La partida de Franco Vargas es algo que lamentamos y en eso queremos transmitir todo nuestro apoyo y nuestras condolencias a la familia y a todas las familias que hoy día además están preocupadas de la salud de sus hijos. El Ejército, en coordinación con la autoridad sanitaria de la Región de Arica y Parinacota, ha tomado medidas inmediatas para contener la situación, iniciando un aislamiento preventivo tanto para los soldados conscriptos como para el personal de planta que participó en la instrucción y marcha. Además, se ha informado que se están llevando a cabo investigaciones sumarias administrativas para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. La Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Derechos Humanos han solicitado información detallada sobre las circunstancias de la muerte de Franco Vargas y las medidas adoptadas para prevenir situaciones similares en el futuro. Asimismo, el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, por instrucción de la ministra de Defensa, Maya Fernández, se trasladó a la Región de Arica y Parinacota para reunirse con las familias afectadas y coordinar acciones de apoyo. Según información proporcionada por el Ejército, un total de 245 soldados conscriptos se encontraban en instrucción, de los cuales 45 presentaron síntomas de un cuadro infeccioso de origen respiratorio. Actualmente, dos conscriptos se encuentran en estado grave en el Hospital Juan Noé de Arica, mientras que cuatro están en observación. Por otro lado, los dos internados en el Hospital Militar de Santiago muestran una evolución favorable.
