La investigación del Caso Audios, que involucra al abogado Luis Hermosilla, sigue sumando nuevas aristas judiciales. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su rol de querellante, solicitó el acceso a los chats extraídos del teléfono de Hermosilla que puedan estar relacionados con funcionarios públicos. La petición fue hecha el pasado 12 de septiembre por su presidente, Raúl Letelier, ante el fiscal nacional, Ángel Valencia. Esta semana, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, dio luz verde a la solicitud, lo que permitirá al CDE revisar los mensajes que involucren a funcionarios públicos en investigaciones abiertas. Entre los nombres que se destacan en estos chats estarían la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quienes ya enfrentan indagatorias lideradas por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Ante esto, la entrega de estos mensajes podría dar paso a nuevas querellas si se encontraran pruebas de delitos. El pasado 4 de septiembre, la Fiscalía entregó a la defensa de Hermosilla las 770 mil páginas de registros extraídas de su teléfono. Hasta el momento, solo se ha revisado un 20% del contenido, debido a la dificultad de identificar qué información es confidencial y qué podría ser de interés público. En paralelo, la defensa de Hermosilla está a la espera de que el fiscal nacional decida sobre la solicitud para reemplazar a la fiscal Lorena Parra en la investigación, tras revelarse chats que implican una posible solicitud de reunión con la ex jefa anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera. Finalmente, la próxima fase del caso podría exponer las conexiones de Hermosilla con otros jueces, fiscales y figuras políticas, ampliando aún más el alcance de esta investigación que ya ha sacudido a las altas esferas del poder judicial en Chile.
La Fiscalía Centro Norte ha decidido abrir una investigación para esclarecer posibles delitos de corrupción luego de que se conociera el elevado salario que Marcela Cubillos, exministra y actual candidata a alcaldesa por Las Condes, recibía como docente en la Universidad San Sebastián. La medida fue tomada este miércoles, en respuesta a una denuncia presentada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes apuntan a posibles delitos como soborno, cohecho y financiamiento irregular de la política. Ante esto, la controversia surgió a raíz de un reportaje publicado por El Mostrador, el cual revelaba que Cubillos percibía alrededor de $17 millones brutos mensuales, supuestamente sin haber dictado clases presenciales. Esta cifra, según los denunciantes, estáfuera de los valores de mercado, tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha suscitado sospechas sobre la legitimidad de dichos pagos. Asimismo, en una entrevista, el diputado Manouchehri calificó la situación comoextremadamente sospechosa, señalando queno debe haber ningún académico en el mundo que gane un salario de este nivel. Además, los parlamentarios enfatizaron que, aunque se trata de una universidad privada, cerca del 50% de los recursos de la institución provienen de manera directa o indirecta del Estado, lo que justificaría la intervención del órgano persecutor. Finalmente, la investigación está en una etapa preliminar, y aún no se han entregado más detalles sobre las diligencias que llevará a cabo la Fiscalía en este caso.
La Fiscalía Regional de O'Higgins y el OS9 de Carabineros revelaron este lunes nuevos avances en la investigación del millonario robo a la sucursal de Brinks en Rancagua. Las diligencias, efectuadas el pasado viernes, permitieron la recuperación de más de $228 millones, según confirmó el fiscal regional Aquiles Cubillos. Hasta el momento, el Ministerio Público ha logrado incautar una pequeña fracción de los $12.000 millones robados el 16 de agosto, pero el fiscal Cubillos indicó que no se descarta ninguna hipótesis sobre el destino del resto del dinero. Por tanto, seguimos trabajando en distintas aristas para encontrarlo, y dentro de esas no descartamos que obviamente pueda haber salido fuera del país , afirmó. Por su parte, el coronel Mauro Pino, jefe del departamento OS9 de Carabineros, informó que se está investigando la ruta del dinero y los posibles métodos de lavado para introducirlo en la economía formal.Continúan las diligencias investigativas en base a poder detener al máximo de los integrantes de este grupo criminal, y también poder seguir incautando el dinero en los diferentes allanamientos que se van a ir planificando , sostuvo. El pasado domingo, tres personas fueron formalizadas por su participación en el delito: dos mujeres y un hombre. Además de los cargos de robo con intimidación y asociación criminal, enfrentan acusaciones por incendio y receptación de vehículos. Durante los allanamientos, las autoridades encontraron $27 millones en el entretecho de una botillería y $188 millones escondidos en un restaurante. Con estas detenciones, el número de imputados por el caso asciende a 23.
La Fiscalía de Venezuela ha solicitado a un juzgado especializado en delitos de “terrorismo” la emisión de una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, el abanderado de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). La solicitud se basa en acusaciones de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público” vinculadas a las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio . Esta petición se realiza después de que González Urrutia no se presentara a tres citaciones emitidas por la Fiscalía. El opositor alegó desconocimiento sobre el motivo de su comparecencia y no reconoció los delitos que se le imputan. Además de los cargos mencionados, el opositor enfrenta acusaciones de “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas” y “asociación para delinquir ”. La investigación está relacionada con la publicación de una página web por parte de la PUD, en la que se cargó el 83,5% de las actas electorales recabadas durante la elección, en un intento de sustentar la denuncia de fraude electoral. Estas actas fueron divulgadas tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios por el Consejo Nacional Electoral (CNE), una decisión que ha sido cuestionada por diversos países y que, según algunos, favorece a González Urrutia. La Fiscalía advirtió que, si González Urrutia no asiste a la citación, se procederá a emitir la orden de aprehensión, considerando que existe un “peligro de fuga”. En respuesta, González Urrutia denunció en un video publicado en redes sociales el 25 de agosto que el Ministerio Público intenta someterlo a una entrevista sin especificar las condiciones ni los cargos exactos, acusando al fiscal general, Tarek William Saab, de actuar como un “acusador político” y de llevar a cabo una citación sin garantías de independencia y debido proceso.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte manifestó su rechazo a la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago de revocar la medida cautelar de prisión preventiva para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Este último enfrenta cargos por administración desleal, estafa, cohecho, fraude al fisco y delito concursal en el marco del caso Farmacias Populares. “No estamos de acuerdo” , declaró el fiscal Marcelo Cabrera al salir del Centro de Justicia, anunciando que la Fiscalía presentará una apelación ante la Corte. “Existen los canales formales, los canales legales que nosotros vamos a operar, que fundamentalmente es un recurso ante la Corte para revertir esta situación ”, añadió Cabrera. El fiscal también enfatizó la necesidad de restringir cualquier contacto de Jadue con testigos u otras personas involucradas en el caso. “Nosotros lo que sí pedimos es que no haya ningún tipo de contacto del exalcalde Jadue con testigos o con otro tipo de personas que puedan tener algún tipo de vinculación con el caso ”, afirmó. Cabrera subrayó que no comparte los fundamentos de la resolución judicial ya que, según él, “no se entregaron antecedentes nuevos y esto ha sido revisado por jueces de garantía, por la Corte. Los fundamentos han sido bastante claros en sostener que los delitos existen y la participación también ”. Ante esta situación, la Fiscalía continuará con las acciones legales correspondientes para intentar revertir la decisión del tribunal y mantener a Jadue bajo una medida cautelar más estricta.
La investigación del Caso Audios, que involucra al abogado Luis Hermosilla, sigue sumando nuevas aristas judiciales. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su rol de querellante, solicitó el acceso a los chats extraídos del teléfono de Hermosilla que puedan estar relacionados con funcionarios públicos. La petición fue hecha el pasado 12 de septiembre por su presidente, Raúl Letelier, ante el fiscal nacional, Ángel Valencia. Esta semana, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, dio luz verde a la solicitud, lo que permitirá al CDE revisar los mensajes que involucren a funcionarios públicos en investigaciones abiertas. Entre los nombres que se destacan en estos chats estarían la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quienes ya enfrentan indagatorias lideradas por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Ante esto, la entrega de estos mensajes podría dar paso a nuevas querellas si se encontraran pruebas de delitos. El pasado 4 de septiembre, la Fiscalía entregó a la defensa de Hermosilla las 770 mil páginas de registros extraídas de su teléfono. Hasta el momento, solo se ha revisado un 20% del contenido, debido a la dificultad de identificar qué información es confidencial y qué podría ser de interés público. En paralelo, la defensa de Hermosilla está a la espera de que el fiscal nacional decida sobre la solicitud para reemplazar a la fiscal Lorena Parra en la investigación, tras revelarse chats que implican una posible solicitud de reunión con la ex jefa anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera. Finalmente, la próxima fase del caso podría exponer las conexiones de Hermosilla con otros jueces, fiscales y figuras políticas, ampliando aún más el alcance de esta investigación que ya ha sacudido a las altas esferas del poder judicial en Chile.
La Fiscalía Centro Norte ha decidido abrir una investigación para esclarecer posibles delitos de corrupción luego de que se conociera el elevado salario que Marcela Cubillos, exministra y actual candidata a alcaldesa por Las Condes, recibía como docente en la Universidad San Sebastián. La medida fue tomada este miércoles, en respuesta a una denuncia presentada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, quienes apuntan a posibles delitos como soborno, cohecho y financiamiento irregular de la política. Ante esto, la controversia surgió a raíz de un reportaje publicado por El Mostrador, el cual revelaba que Cubillos percibía alrededor de $17 millones brutos mensuales, supuestamente sin haber dictado clases presenciales. Esta cifra, según los denunciantes, estáfuera de los valores de mercado, tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha suscitado sospechas sobre la legitimidad de dichos pagos. Asimismo, en una entrevista, el diputado Manouchehri calificó la situación comoextremadamente sospechosa, señalando queno debe haber ningún académico en el mundo que gane un salario de este nivel. Además, los parlamentarios enfatizaron que, aunque se trata de una universidad privada, cerca del 50% de los recursos de la institución provienen de manera directa o indirecta del Estado, lo que justificaría la intervención del órgano persecutor. Finalmente, la investigación está en una etapa preliminar, y aún no se han entregado más detalles sobre las diligencias que llevará a cabo la Fiscalía en este caso.
La Fiscalía Regional de O'Higgins y el OS9 de Carabineros revelaron este lunes nuevos avances en la investigación del millonario robo a la sucursal de Brinks en Rancagua. Las diligencias, efectuadas el pasado viernes, permitieron la recuperación de más de $228 millones, según confirmó el fiscal regional Aquiles Cubillos. Hasta el momento, el Ministerio Público ha logrado incautar una pequeña fracción de los $12.000 millones robados el 16 de agosto, pero el fiscal Cubillos indicó que no se descarta ninguna hipótesis sobre el destino del resto del dinero. Por tanto, seguimos trabajando en distintas aristas para encontrarlo, y dentro de esas no descartamos que obviamente pueda haber salido fuera del país , afirmó. Por su parte, el coronel Mauro Pino, jefe del departamento OS9 de Carabineros, informó que se está investigando la ruta del dinero y los posibles métodos de lavado para introducirlo en la economía formal.Continúan las diligencias investigativas en base a poder detener al máximo de los integrantes de este grupo criminal, y también poder seguir incautando el dinero en los diferentes allanamientos que se van a ir planificando , sostuvo. El pasado domingo, tres personas fueron formalizadas por su participación en el delito: dos mujeres y un hombre. Además de los cargos de robo con intimidación y asociación criminal, enfrentan acusaciones por incendio y receptación de vehículos. Durante los allanamientos, las autoridades encontraron $27 millones en el entretecho de una botillería y $188 millones escondidos en un restaurante. Con estas detenciones, el número de imputados por el caso asciende a 23.
La Fiscalía de Venezuela ha solicitado a un juzgado especializado en delitos de “terrorismo” la emisión de una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, el abanderado de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). La solicitud se basa en acusaciones de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público” vinculadas a las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio . Esta petición se realiza después de que González Urrutia no se presentara a tres citaciones emitidas por la Fiscalía. El opositor alegó desconocimiento sobre el motivo de su comparecencia y no reconoció los delitos que se le imputan. Además de los cargos mencionados, el opositor enfrenta acusaciones de “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas” y “asociación para delinquir ”. La investigación está relacionada con la publicación de una página web por parte de la PUD, en la que se cargó el 83,5% de las actas electorales recabadas durante la elección, en un intento de sustentar la denuncia de fraude electoral. Estas actas fueron divulgadas tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios por el Consejo Nacional Electoral (CNE), una decisión que ha sido cuestionada por diversos países y que, según algunos, favorece a González Urrutia. La Fiscalía advirtió que, si González Urrutia no asiste a la citación, se procederá a emitir la orden de aprehensión, considerando que existe un “peligro de fuga”. En respuesta, González Urrutia denunció en un video publicado en redes sociales el 25 de agosto que el Ministerio Público intenta someterlo a una entrevista sin especificar las condiciones ni los cargos exactos, acusando al fiscal general, Tarek William Saab, de actuar como un “acusador político” y de llevar a cabo una citación sin garantías de independencia y debido proceso.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte manifestó su rechazo a la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago de revocar la medida cautelar de prisión preventiva para el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Este último enfrenta cargos por administración desleal, estafa, cohecho, fraude al fisco y delito concursal en el marco del caso Farmacias Populares. “No estamos de acuerdo” , declaró el fiscal Marcelo Cabrera al salir del Centro de Justicia, anunciando que la Fiscalía presentará una apelación ante la Corte. “Existen los canales formales, los canales legales que nosotros vamos a operar, que fundamentalmente es un recurso ante la Corte para revertir esta situación ”, añadió Cabrera. El fiscal también enfatizó la necesidad de restringir cualquier contacto de Jadue con testigos u otras personas involucradas en el caso. “Nosotros lo que sí pedimos es que no haya ningún tipo de contacto del exalcalde Jadue con testigos o con otro tipo de personas que puedan tener algún tipo de vinculación con el caso ”, afirmó. Cabrera subrayó que no comparte los fundamentos de la resolución judicial ya que, según él, “no se entregaron antecedentes nuevos y esto ha sido revisado por jueces de garantía, por la Corte. Los fundamentos han sido bastante claros en sostener que los delitos existen y la participación también ”. Ante esta situación, la Fiscalía continuará con las acciones legales correspondientes para intentar revertir la decisión del tribunal y mantener a Jadue bajo una medida cautelar más estricta.
