Durante la última jornada, la Fiscalía de Antofagasta formalizó por el delito de homicidio a un imputado chileno, de 52 años, detenido por detectives de la PDI, como presunto responsable de las lesiones que provocaron la muerte de una mujer. En audiencia realizada hoy se expuso que el día 31 de enero la víctima mantuvo una discusión con el imputado a las afueras de un domicilio ubicado en calle Carrizal de Antofagasta, tras lo cual éste la agredió con un elemento cortante a nivel abdominal. La víctima falleció días más tarde -5 de febrero- como resultado de una peritonitis aguda provocada por herida cortopunzante penetrante de tipo homicida, según estableció la respectiva autopsia. La detención fue posible gracias al trabajo investigativo y de inteligencia policial desarrollado por esta brigada especializada, lo que permitió dar con el paradero del imputado. El Ministerio Público solicitó para el imputado la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, lo que fue concedido por el tribunal, que además fijó un plazo de investigación de 120 días.
Durante la última jornada, la Fiscalía de Antofagasta formalizó por el delito de homicidio a un imputado chileno, de 52 años, detenido por detectives de la PDI, como presunto responsable de las lesiones que provocaron la muerte de una mujer. En audiencia realizada hoy se expuso que el día 31 de enero la víctima mantuvo una discusión con el imputado a las afueras de un domicilio ubicado en calle Carrizal de Antofagasta, tras lo cual éste la agredió con un elemento cortante a nivel abdominal. La víctima falleció días más tarde -5 de febrero- como resultado de una peritonitis aguda provocada por herida cortopunzante penetrante de tipo homicida, según estableció la respectiva autopsia. La detención fue posible gracias al trabajo investigativo y de inteligencia policial desarrollado por esta brigada especializada, lo que permitió dar con el paradero del imputado. El Ministerio Público solicitó para el imputado la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, lo que fue concedido por el tribunal, que además fijó un plazo de investigación de 120 días.
