Un informe reciente sobre la labor parlamentaria en minería y medio ambiente en la Región de Antofagasta ha revelado un desempeño que destaca más por gestos comunicacionales que por resultados concretos. Esta región, considerada el epicentro de la actividad minera en Chile y responsable de un 10% del PIB nacional, se enfrenta a desafíos estructurales como la escasez hídrica, la contaminación y el avance del crimen organizado en zonas productivas, que requieren respuestas legislativas más impactantes. El análisis se centra en el trabajo de los cinco diputados en ejercicio por el Distrito 3: Catalina Pérez, Jaime Araya, José Miguel Castro, Sebastián Videla y Yovana Ahumada. Destacan su participación en la Comisión de Minería y Energía —donde Castro, Videla y Ahumada han tenido representación— y en comisiones especiales como la que investigó el acuerdo Codelco-SQM por el litio, donde se cuestionó la transparencia del proceso. En cuanto a proyectos legislativos, sobresale la reforma constitucional propuesta por Catalina Pérez para establecer un royalty minero de iniciativa parlamentaria, la colaboración de Castro y Ahumada en la ley de gestión de relaves y el respaldo a iniciativas para proteger los cielos del norte de la contaminación lumínica, lideradas por Araya, Videla y Castro. Sin embargo, según el informe, muchas de estas acciones no han tenido un impacto significativo en la región. En cuanto a posturas individuales, Araya ha abogado por vincular la minería con la seguridad pública y ha solicitado una cumbre de seguridad debido al avance del crimen organizado. Videla ha utilizado redes y medios para visibilizar denuncias, mientras que Ahumada ha centrado su fiscalización en proyectos como CRAMSA. Castro, actual presidente de la Cámara, ha hecho hincapié en temas de seguridad y empleo, aunque su rol nacional lo ha alejado del despliegue territorial. Pérez, suspendida desde abril de 2025, ha dejado como legado su insistencia en una mayor captura fiscal de la riqueza minera. La conclusión del informe es clara: la agenda minera regional ha avanzado poco en los últimos cuatro años y se ha diluido entre campañas personales y fiscalizaciones limitadas. Se recomienda construir una agenda de tercera generación para el próximo período legislativo, que aborde integralmente temas como seguridad, gobernanza de recursos y sostenibilidad, con un énfasis en territorializar los beneficios de la minería. Solo así podrá la región transformar su peso económico en mejoras tangibles para sus comunidades. Puedes revisar el informe completo aquí.
Un informe reciente sobre la labor parlamentaria en minería y medio ambiente en la Región de Antofagasta ha revelado un desempeño que destaca más por gestos comunicacionales que por resultados concretos. Esta región, considerada el epicentro de la actividad minera en Chile y responsable de un 10% del PIB nacional, se enfrenta a desafíos estructurales como la escasez hídrica, la contaminación y el avance del crimen organizado en zonas productivas, que requieren respuestas legislativas más impactantes. El análisis se centra en el trabajo de los cinco diputados en ejercicio por el Distrito 3: Catalina Pérez, Jaime Araya, José Miguel Castro, Sebastián Videla y Yovana Ahumada. Destacan su participación en la Comisión de Minería y Energía —donde Castro, Videla y Ahumada han tenido representación— y en comisiones especiales como la que investigó el acuerdo Codelco-SQM por el litio, donde se cuestionó la transparencia del proceso. En cuanto a proyectos legislativos, sobresale la reforma constitucional propuesta por Catalina Pérez para establecer un royalty minero de iniciativa parlamentaria, la colaboración de Castro y Ahumada en la ley de gestión de relaves y el respaldo a iniciativas para proteger los cielos del norte de la contaminación lumínica, lideradas por Araya, Videla y Castro. Sin embargo, según el informe, muchas de estas acciones no han tenido un impacto significativo en la región. En cuanto a posturas individuales, Araya ha abogado por vincular la minería con la seguridad pública y ha solicitado una cumbre de seguridad debido al avance del crimen organizado. Videla ha utilizado redes y medios para visibilizar denuncias, mientras que Ahumada ha centrado su fiscalización en proyectos como CRAMSA. Castro, actual presidente de la Cámara, ha hecho hincapié en temas de seguridad y empleo, aunque su rol nacional lo ha alejado del despliegue territorial. Pérez, suspendida desde abril de 2025, ha dejado como legado su insistencia en una mayor captura fiscal de la riqueza minera. La conclusión del informe es clara: la agenda minera regional ha avanzado poco en los últimos cuatro años y se ha diluido entre campañas personales y fiscalizaciones limitadas. Se recomienda construir una agenda de tercera generación para el próximo período legislativo, que aborde integralmente temas como seguridad, gobernanza de recursos y sostenibilidad, con un énfasis en territorializar los beneficios de la minería. Solo así podrá la región transformar su peso económico en mejoras tangibles para sus comunidades. Puedes revisar el informe completo aquí.