El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta se encuentra en medio de un proceso de remoción que involucra al alcalde Jonathan Velásquez Ramírez, quien enfrenta serias acusaciones por faltas a la probidad administrativa y abandono de deberes. Las audiencias, realizadas el 23 y 24 de septiembre, han visto la presentación de más de veinte testigos, algunos considerados cruciales para el caso. La situación se complica para Velásquez, quien busca su reelección en las próximas elecciones. De ser hallado culpable, podría enfrentar no solo la destitución de su cargo, sino también una inhabilitación de cinco años para ocupar cualquier puesto público. Las denuncias fueron formuladas por siete de los diez concejales de la ciudad y abarcan diversas irregularidades, incluyendo: Ilegalidades en el cierre del ex vertedero “La Chimba”. Modificaciones no aprobadas al contrato de transporte de residuos. Uso indebido de servicios legales municipales. Abuso en la contratación de servicios directos. Favores personales que vulneran principios de probidad. Pendientes en sumarios internos. Irregularidades en la administración de concesiones marítimas. Una de las pruebas más relevantes son las más de 700 páginas de conversaciones en WhatsApp, conocidas como los Plan 9 Papers, que revelan intercambios entre Velásquez y su equipo sobre decisiones que afectarían la transparencia de su gestión. Durante la jornada del lunes, la defensa del alcalde presentó a varios testigos, incluidos su jefe de gabinete, Diego Yáñez, y el asesor jurídico Felipe Guzmán. Sin embargo, la ausencia del ex asesor jurídico Marcelo Pizarro generó especulaciones sobre el proceso. En contraste, el martes se escucharon las declaraciones de testigos de la parte denunciante, como Cecilia Aqueveque, directora de Control, el director de El Diario de Antofagasta, Cristian Reyes, y la concejala Paz Fuica. Este juicio podría extenderse más allá del actual mandato de Velásquez, quien podría enfrentar serias consecuencias si es reelecto. La comunidad de Antofagasta observa con atención el desenlace de un caso que podría significar un cambio en el panorama político local, recordando situaciones similares como la de la ex alcaldesa Karen Rojo.
Como parte del electivo de Participación y Argumentación Ciudadana, estudiantes de tercero y cuarto medio del Colegio Santo Tomás de Antofagasta participaron en una audiencia simulada con el objetivo de comprender cómo opera el proceso penal. La actividad, denominada “Tribunal de Jóvenes”, se llevó a cabo en la sala 4 del tribunal de garantía, donde los alumnos asumieron roles de víctima, imputado y testigos en un caso de hurto de un celular. Durante el juicio simulado, el juez de garantía Hans Durán, la fiscal Natalia Andrade y el defensor Francisco Barahona, representaron los papeles clave en el proceso, dictando finalmente un fallo absolutorio por falta de pruebas suficientes. La actividad no solo permitió a los jóvenes familiarizarse con los procedimientos judiciales, sino que también les ofreció la oportunidad de interactuar con profesionales del derecho, quienes respondieron a sus preguntas y destacaron la importancia de un acceso claro y comprensible a la justicia. La iniciativa fue valorada por la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa, quien subrayó la relevancia de educar a los jóvenes sobre el sistema judicial como parte de un esfuerzo continuo para mejorar el acceso a la justicia. La profesora Kamila Cifuentes Bustos, responsable del electivo en el colegio, elogió la experiencia como un estímulo significativo para sus estudiantes, mientras que los profesionales involucrados destacaron la seriedad y el interés demostrado por los adolescentes en conocer el rol de cada institución en el sistema de justicia.
El Tribunal Oral de Cañete y la Corte de Apelaciones de Concepción fijaron la fecha de la primera audiencia del caso para el próximo 23 de julio. Ante esto, la Defensoría Penal Pública se encuentra contra el tiempo para evitar el inicio del juicio de Escobar. El motivo para aplazar el procedimiento es que el defensor titular del tío-abuelo se encuentra con licencia médica desde hace tres meses y seguirá en la misma situación hasta agosto. Dado lo anterior, el tribunal desestimó los antecedentes y afirmó que la Defensoría podría preparar a otros abogados antes del 23 de julio y que además, Cristian Sleman, jefe de estudios del organismo en Bío Bío tiene conocimiento del caso. Finalmente, la Defensoría invocará el voto de minoría del ex defensor penal público, afirmando que el tiempo para preparar una nueva defensa se torna compleja, más aún cuando el acusado arriesga 10 años de cárcel en el caso de ser declarado culpable.
Durante la mañana de este miércoles, fue declarado culpable Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya (UDI) por dos delitos de abuso sexual en contra de menores de edad y fue absuelto de otros dos hechos similares. Ante esto, Macaya padre se mantuvo cerca de un mes en prisión preventiva en el 2023 en la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, revocando la medida al realizar un pago por fianza de $150 millones de pesos. Asimismo, según señaló Eduardo Macaya en reiteradas ocasionessi no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. Finalmente, la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins solicitó una pena de 12 años de cárcel. Luego de ser declarado culpable de dos de los cuatro delitos que se le imputaron, la lectura de sentencia quedó fijada para el próximo viernes 19 de julio.
Durante el pasado miércoles la Corte de Apelaciones de Santiago decretó prisión preventiva para el Alcalde de Recoleta, tras la formalización por delitos de corrupción en el caso Farmacias Populares. Ante esto, algunos de los argumentos del tribunal para mantener esta medida cautelar son el número de delitos imputados, los bienes jurídicos protegidos, sanciones penales por los presuntos delitos, entre otros. Dado lo anterior, el abogado defensor de Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda señaló quevamos a solicitar algunas diligencias, antecedentes, que permitan exponer de mejor forma, ante el juzgado de Garantía, que Daniel Jadue no es un peligro para la sociedad, que no hay ningún riesgo de reiteración. Además, manifestó quelo que ocurre con esta prisión preventiva es que se decreta una pena anticipada, creemos, sin fundamentos, y sin analizar una cuestión relevante, que son todos los documentos, peritajes y antecedentes de la investigación que se presentarán por la defensa. Asimismo, desde el Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, detalló quela resolución es sumamente contundente, bien fundada, en que la corte se tomó el tiempo respectivo para escuchar todas las alegaciones de los intervinientes y concluyó de la manera que lo hace. Finalmente, el propio Alcalde Daniel Jadue, a través de sus redes sociales dijo quea redoblar los esfuerzos para defender el proyecto de Recoleta por un Chile más justo, donde nadie se quede atrás. Debemos seguir corriendo el cerco de lo posible, evitando que la derecha llegue a a destruir todo lo avanzado, concluyó Jadue.
El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta se encuentra en medio de un proceso de remoción que involucra al alcalde Jonathan Velásquez Ramírez, quien enfrenta serias acusaciones por faltas a la probidad administrativa y abandono de deberes. Las audiencias, realizadas el 23 y 24 de septiembre, han visto la presentación de más de veinte testigos, algunos considerados cruciales para el caso. La situación se complica para Velásquez, quien busca su reelección en las próximas elecciones. De ser hallado culpable, podría enfrentar no solo la destitución de su cargo, sino también una inhabilitación de cinco años para ocupar cualquier puesto público. Las denuncias fueron formuladas por siete de los diez concejales de la ciudad y abarcan diversas irregularidades, incluyendo: Ilegalidades en el cierre del ex vertedero “La Chimba”. Modificaciones no aprobadas al contrato de transporte de residuos. Uso indebido de servicios legales municipales. Abuso en la contratación de servicios directos. Favores personales que vulneran principios de probidad. Pendientes en sumarios internos. Irregularidades en la administración de concesiones marítimas. Una de las pruebas más relevantes son las más de 700 páginas de conversaciones en WhatsApp, conocidas como los Plan 9 Papers, que revelan intercambios entre Velásquez y su equipo sobre decisiones que afectarían la transparencia de su gestión. Durante la jornada del lunes, la defensa del alcalde presentó a varios testigos, incluidos su jefe de gabinete, Diego Yáñez, y el asesor jurídico Felipe Guzmán. Sin embargo, la ausencia del ex asesor jurídico Marcelo Pizarro generó especulaciones sobre el proceso. En contraste, el martes se escucharon las declaraciones de testigos de la parte denunciante, como Cecilia Aqueveque, directora de Control, el director de El Diario de Antofagasta, Cristian Reyes, y la concejala Paz Fuica. Este juicio podría extenderse más allá del actual mandato de Velásquez, quien podría enfrentar serias consecuencias si es reelecto. La comunidad de Antofagasta observa con atención el desenlace de un caso que podría significar un cambio en el panorama político local, recordando situaciones similares como la de la ex alcaldesa Karen Rojo.
Como parte del electivo de Participación y Argumentación Ciudadana, estudiantes de tercero y cuarto medio del Colegio Santo Tomás de Antofagasta participaron en una audiencia simulada con el objetivo de comprender cómo opera el proceso penal. La actividad, denominada “Tribunal de Jóvenes”, se llevó a cabo en la sala 4 del tribunal de garantía, donde los alumnos asumieron roles de víctima, imputado y testigos en un caso de hurto de un celular. Durante el juicio simulado, el juez de garantía Hans Durán, la fiscal Natalia Andrade y el defensor Francisco Barahona, representaron los papeles clave en el proceso, dictando finalmente un fallo absolutorio por falta de pruebas suficientes. La actividad no solo permitió a los jóvenes familiarizarse con los procedimientos judiciales, sino que también les ofreció la oportunidad de interactuar con profesionales del derecho, quienes respondieron a sus preguntas y destacaron la importancia de un acceso claro y comprensible a la justicia. La iniciativa fue valorada por la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa, quien subrayó la relevancia de educar a los jóvenes sobre el sistema judicial como parte de un esfuerzo continuo para mejorar el acceso a la justicia. La profesora Kamila Cifuentes Bustos, responsable del electivo en el colegio, elogió la experiencia como un estímulo significativo para sus estudiantes, mientras que los profesionales involucrados destacaron la seriedad y el interés demostrado por los adolescentes en conocer el rol de cada institución en el sistema de justicia.
El Tribunal Oral de Cañete y la Corte de Apelaciones de Concepción fijaron la fecha de la primera audiencia del caso para el próximo 23 de julio. Ante esto, la Defensoría Penal Pública se encuentra contra el tiempo para evitar el inicio del juicio de Escobar. El motivo para aplazar el procedimiento es que el defensor titular del tío-abuelo se encuentra con licencia médica desde hace tres meses y seguirá en la misma situación hasta agosto. Dado lo anterior, el tribunal desestimó los antecedentes y afirmó que la Defensoría podría preparar a otros abogados antes del 23 de julio y que además, Cristian Sleman, jefe de estudios del organismo en Bío Bío tiene conocimiento del caso. Finalmente, la Defensoría invocará el voto de minoría del ex defensor penal público, afirmando que el tiempo para preparar una nueva defensa se torna compleja, más aún cuando el acusado arriesga 10 años de cárcel en el caso de ser declarado culpable.
Durante la mañana de este miércoles, fue declarado culpable Eduardo Macaya, padre del senador Javier Macaya (UDI) por dos delitos de abuso sexual en contra de menores de edad y fue absuelto de otros dos hechos similares. Ante esto, Macaya padre se mantuvo cerca de un mes en prisión preventiva en el 2023 en la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, revocando la medida al realizar un pago por fianza de $150 millones de pesos. Asimismo, según señaló Eduardo Macaya en reiteradas ocasionessi no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría. Finalmente, la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins solicitó una pena de 12 años de cárcel. Luego de ser declarado culpable de dos de los cuatro delitos que se le imputaron, la lectura de sentencia quedó fijada para el próximo viernes 19 de julio.
Durante el pasado miércoles la Corte de Apelaciones de Santiago decretó prisión preventiva para el Alcalde de Recoleta, tras la formalización por delitos de corrupción en el caso Farmacias Populares. Ante esto, algunos de los argumentos del tribunal para mantener esta medida cautelar son el número de delitos imputados, los bienes jurídicos protegidos, sanciones penales por los presuntos delitos, entre otros. Dado lo anterior, el abogado defensor de Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda señaló quevamos a solicitar algunas diligencias, antecedentes, que permitan exponer de mejor forma, ante el juzgado de Garantía, que Daniel Jadue no es un peligro para la sociedad, que no hay ningún riesgo de reiteración. Además, manifestó quelo que ocurre con esta prisión preventiva es que se decreta una pena anticipada, creemos, sin fundamentos, y sin analizar una cuestión relevante, que son todos los documentos, peritajes y antecedentes de la investigación que se presentarán por la defensa. Asimismo, desde el Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, detalló quela resolución es sumamente contundente, bien fundada, en que la corte se tomó el tiempo respectivo para escuchar todas las alegaciones de los intervinientes y concluyó de la manera que lo hace. Finalmente, el propio Alcalde Daniel Jadue, a través de sus redes sociales dijo quea redoblar los esfuerzos para defender el proyecto de Recoleta por un Chile más justo, donde nadie se quede atrás. Debemos seguir corriendo el cerco de lo posible, evitando que la derecha llegue a a destruir todo lo avanzado, concluyó Jadue.
