El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado admisible el requerimiento presentado por el gobierno en el marco de la controversia que rodea al proyecto minero-portuario Dominga. La Segunda Sala del TC tomó la decisión con tres votos a favor y dos en contra, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales que se tramitaban ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA), según información de Pulso de La Tercera. Ante esto, el gobierno elevó este requerimiento el pasado 23 de marzo, luego de que el 1TA ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre Dominga. La administración argumenta que el tribunal ambiental se extralimitó en sus facultades, ya que, según la ley, las decisiones en materia ambiental son de exclusiva competencia del Comité de Ministros. Asimismo, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, enfatizó que el gobierno está utilizando las herramientas que nos da la Constitución para garantizar el Estado de derecho. En una línea similar, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, destacó que el TC es el organismo competente para resolver la interpretación sobre los límites entre las competencias administrativas y judiciales. En su resolución del 15 de abril, el TC determinó que el requerimiento gubernamental cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su Ley Orgánica. Adicionalmente, el tribunal argumentó que la continuidad de los procedimientos judiciales podría generar un daño irreparable, motivo por lo cual se suspendió su suspensión provisoria. Ahora bien, la admisión del recurso contó con respaldo de las ministras Nancy Yáñez y María Pía Silva, así como del ministro Mario Gómez Montoya. Desde Andes Iron, la empresa a cargo del proyecto Dominga, c calificaron la acción del gobierno como nueva maniobra dilatoria. Lac ompañía sostiene que el fallo de l a 1TA buscaba simplemente asegurar e cumplimiento de u a sentencia emitida e diciembre de 2024,&nbs t;y solicitó&nbspanbsp;a S A modificar e e status de l p oyecto aprobado.&nb p;&nbspanbsp;&nb p;; Finalmente,&nbs tensión entrel<>os poderes delestado,&nb e e Tribunal Constitucional s&eacutepanbsp;spronuncie enl e lascompetenciasentrel .
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado admisible el requerimiento presentado por el gobierno en el marco de la controversia que rodea al proyecto minero-portuario Dominga. La Segunda Sala del TC tomó la decisión con tres votos a favor y dos en contra, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales que se tramitaban ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA), según información de Pulso de La Tercera. Ante esto, el gobierno elevó este requerimiento el pasado 23 de marzo, luego de que el 1TA ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre Dominga. La administración argumenta que el tribunal ambiental se extralimitó en sus facultades, ya que, según la ley, las decisiones en materia ambiental son de exclusiva competencia del Comité de Ministros. Asimismo, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, enfatizó que el gobierno está utilizando las herramientas que nos da la Constitución para garantizar el Estado de derecho. En una línea similar, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, destacó que el TC es el organismo competente para resolver la interpretación sobre los límites entre las competencias administrativas y judiciales. En su resolución del 15 de abril, el TC determinó que el requerimiento gubernamental cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su Ley Orgánica. Adicionalmente, el tribunal argumentó que la continuidad de los procedimientos judiciales podría generar un daño irreparable, motivo por lo cual se suspendió su suspensión provisoria. Ahora bien, la admisión del recurso contó con respaldo de las ministras Nancy Yáñez y María Pía Silva, así como del ministro Mario Gómez Montoya. Desde Andes Iron, la empresa a cargo del proyecto Dominga, c calificaron la acción del gobierno como nueva maniobra dilatoria. Lac ompañía sostiene que el fallo de l a 1TA buscaba simplemente asegurar e cumplimiento de u a sentencia emitida e diciembre de 2024,&nbs t;y solicitó&nbspanbsp;a S A modificar e e status de l p oyecto aprobado.&nb p;&nbspanbsp;&nb p;; Finalmente,&nbs tensión entrel<>os poderes delestado,&nb e e Tribunal Constitucional s&eacutepanbsp;spronuncie enl e lascompetenciasentrel .