Un complejo caso ha sacudido a la Municipalidad de Sierra Gorda, donde la Alcaldesa Adriana Rivera Vega ha presentado una querella por Malversación de Caudales Públicos contra ex funcionarios de la Fundación Cultural de Sierra Gorda. Esta acción se tomó luego de una revisión que reveló la falta de documentación en la rendición de gastos. Al asumir el cargo el actual Secretario Ejecutivo, se detectó una situación irregular en una revisión administrativa, donde se solicitaba el reintegro de $8.782.637 pesos. La Fundación no registra documentación suficiente que justifique el uso correcto de esos recursos. La ausencia de respaldos válidos impide acreditar el destino del gasto y abre la posibilidad de un caso de uso indebido de fondos públicos, alertó el nuevo funcionario por medio de un correo electrónico. La alcaldesa, en su calidad de presidenta de la Fundación Cultural, inició una revisión que reveló la falta de existencia de documentos o respaldo del monto y que los recursos fueron utilizados para fines distintos a los destinados. Se encontraron egresos para servicios de traslado y compra de vestimenta para proyectos de forma indebida, es decir, no con los recursos destinados efectivamente para dichos proyectos. Los hechos ocurridos bajo las gestiones de los otrora secretarios Michael Díaz Brito y Luis Larrea Araya han sido identificados como irregulares. De acuerdo a la acusación, los ex funcionarios mantenían a la institución bajo una estructura precaria, sin controles internos, con equipos obsoletos y una deficiente trazabilidad de movimientos bancarios, rendiciones y respaldos contables. Se identificaron como funcionarios claves a Soledad Chacón Labbé y Rodrigo Alegre Alay, ambos ligados al área contable y con manejo directo de las chequeras y rendiciones. Ante las irregularidades detectadas, se menciona una bicicleta financiera donde se utilizaban recursos provenientes de la subvención municipal para cubrir gastos que debían ser pagados con recursos específicos. Además, se emitían cheques desde una cuenta que luego aparecían como nulos en la chequera, mientras el mismo gasto se financiaba con otra cuenta. También se realizaban depósitos incoherentes para cuadrar cifras en las rendiciones. Se destaca una operación especialmente significativa: la compra de vestuario por un monto aproximado de $4.700.000 destinada a una agrupación ajena al objetivo propio de la Fundación Cultural. Estas acciones habrían sido aprobadas por Michael Díaz e involucraban financiamiento para trajes a una Agrupación Folclórica dedicada al caporal sin relación con la Fundación.
Un complejo caso ha sacudido a la Municipalidad de Sierra Gorda, donde la Alcaldesa Adriana Rivera Vega ha presentado una querella por Malversación de Caudales Públicos contra ex funcionarios de la Fundación Cultural de Sierra Gorda. Esta acción se tomó luego de una revisión que reveló la falta de documentación en la rendición de gastos. Al asumir el cargo el actual Secretario Ejecutivo, se detectó una situación irregular en una revisión administrativa, donde se solicitaba el reintegro de $8.782.637 pesos. La Fundación no registra documentación suficiente que justifique el uso correcto de esos recursos. La ausencia de respaldos válidos impide acreditar el destino del gasto y abre la posibilidad de un caso de uso indebido de fondos públicos, alertó el nuevo funcionario por medio de un correo electrónico. La alcaldesa, en su calidad de presidenta de la Fundación Cultural, inició una revisión que reveló la falta de existencia de documentos o respaldo del monto y que los recursos fueron utilizados para fines distintos a los destinados. Se encontraron egresos para servicios de traslado y compra de vestimenta para proyectos de forma indebida, es decir, no con los recursos destinados efectivamente para dichos proyectos. Los hechos ocurridos bajo las gestiones de los otrora secretarios Michael Díaz Brito y Luis Larrea Araya han sido identificados como irregulares. De acuerdo a la acusación, los ex funcionarios mantenían a la institución bajo una estructura precaria, sin controles internos, con equipos obsoletos y una deficiente trazabilidad de movimientos bancarios, rendiciones y respaldos contables. Se identificaron como funcionarios claves a Soledad Chacón Labbé y Rodrigo Alegre Alay, ambos ligados al área contable y con manejo directo de las chequeras y rendiciones. Ante las irregularidades detectadas, se menciona una bicicleta financiera donde se utilizaban recursos provenientes de la subvención municipal para cubrir gastos que debían ser pagados con recursos específicos. Además, se emitían cheques desde una cuenta que luego aparecían como nulos en la chequera, mientras el mismo gasto se financiaba con otra cuenta. También se realizaban depósitos incoherentes para cuadrar cifras en las rendiciones. Se destaca una operación especialmente significativa: la compra de vestuario por un monto aproximado de $4.700.000 destinada a una agrupación ajena al objetivo propio de la Fundación Cultural. Estas acciones habrían sido aprobadas por Michael Díaz e involucraban financiamiento para trajes a una Agrupación Folclórica dedicada al caporal sin relación con la Fundación.
