A veces se generan tensiones entre las instituciones, comentó este miércoles el Presidente Gabriel Boric a la prensa, acompañado del Fiscal Nacional, Ángel Valencia. El Mandatario se dejó ver con el persecutor en la Cuenta Pública del Ministerio Público y vertió unas palabras de conciliación tras días marcados por la tensión entre la Fiscalía y el Gobierno. Valencia de hecho, hizo un guiño al Mandatario, al relevar el mejoramiento de la Fiscalía Regional de Magallanes, algo que el aludido correspondió con una sonrisa entre la audiencia. La controversia vino a partir de la filtración de una conversación del exasesor de Presidencia, Miguel Crispi, que era parte de la escucha telefónica que solicitó el fiscal Patricio Cooper hacia el frenteamplista por el caso Procultura. La incomodidad de La Moneda escaló con la información de una solicitud que el mismo persecutor hizo para interceptar el teléfono del Presidente. Si bien tribunales desestimó la medida, la ministra Aisén Etcheverry emplazó a la fiscalía a aclarar la veracidad del requerimiento. Estamos a la espera de que sea la propia Fiscalía quien pueda aclarar si es que este trascendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto y a partir de ahí, bueno, tomar los recuerdos que sean necesarios, dijo la ministra este lunes, en una vocería hecha pasadas las 19:00 horas. ... Fuente: Emol
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
Un requerimiento de contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional a raíz del fallo por el proyecto minero portuario, Dominga, presentó el gobierno según informó hoy la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry. Cabe destacar que el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron SpA en contra de la resolución dictada por el Comité de Ministros el 18 de enero de 2023, que calificó desfavorablemente el proyecto Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo. De tal manera, la instancia medioambiental declaró la nulidad de esta resolución. Al respecto, Etcheverry explicó que esta acción lo que busca es clarificar cuáles son los ámbitos de competencia, entendiendo desde el Ejecutivo que el fallo invade atribuciones que son privativas del Comité de Ministros y por tanto es el Tribunal Constitucional quien tiene que definir cuál es la interpretación correcta respecto de las atribuciones del Comité de Ministros en esta materia. Ahondando en ese punto, la portavoz del Ejecutivo indicó que lo que se plantea en el requerimiento es una contienda de competencias, es el nombre técnico para definir qué organismo tiene qué competencias. De acuerdo a la interpretación que hace el Ejecutivo, el fallo estaría invadiendo competencias que son atribuciones exclusivas del Comité de Ministros y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional es el organismo competente para establecer esa interpretación de manera definitiva y a eso responde el requerimiento, recalcó.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (IND.), matizó sus dichos en torno a las filtraciones de los chats privados entre la diputada Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa, Irací Hassler, aunque mantuvo un grado de crítica contra el Ministerio Público. En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad regional sostuvo que la filtración de mensaje no tienen nada que ver con los delitos supuestamente investigados y que esto es abismante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa? De hecho, las palabras de Orrego encontraron respuesta por parte del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien sostuvo en diálogo esta mañana con Radio ADN que si el gobernador Orrego cuenta con antecedentes de esa naturaleza, que son gravísimos, su deber funcionario es denunciar y ponerlos a disposición de la justicia. Si no los tiene, y desconozco por qué hizo entonces esa afirmación, todavía tiene tiempo para explicar, complementó. A su vez, la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile emitió una declaración y señaló que rechazamos tajantemente los dichos del Gobernador Orrego. Nos parece grave deslizar este tipo de dudas respecto del actuar de los medios de comunicación, sin presentar ninguna evidencia. Si el Gobernador Orrego maneja información que respalda sus dichos, lo invitamos a entregar esos antecedentes ante la justicia para que sea investigado. Nuevos dichos de Orrego A través de su cuenta en X red social , la autoridad regional sostuvo que no he denunciado ni acusado a nadie (menos aún a fiscales), con quienes he tenido un excelente trabajo en temas de seguridad). No es mi estilo y nunca lo he hecho. Sin embargo lanzó: lo que sí he planteado es que se está volviendo una norma ver filtraciones secretas en los diarios. Me pregunto quiénes las hacen y por qué motivos: ¿favores tráfico influencias poder agenda política dinero?. Precisó: esto es lo debe investigarse por quién tiene mandato legal hacerlo . No se trata defensas corporativas ningún grupo; se debe investigar cualquier delito importar quién cometa. Sin embargo permitir filtraciones normalicen me parece afecta confianza justicia.
A veces se generan tensiones entre las instituciones, comentó este miércoles el Presidente Gabriel Boric a la prensa, acompañado del Fiscal Nacional, Ángel Valencia. El Mandatario se dejó ver con el persecutor en la Cuenta Pública del Ministerio Público y vertió unas palabras de conciliación tras días marcados por la tensión entre la Fiscalía y el Gobierno. Valencia de hecho, hizo un guiño al Mandatario, al relevar el mejoramiento de la Fiscalía Regional de Magallanes, algo que el aludido correspondió con una sonrisa entre la audiencia. La controversia vino a partir de la filtración de una conversación del exasesor de Presidencia, Miguel Crispi, que era parte de la escucha telefónica que solicitó el fiscal Patricio Cooper hacia el frenteamplista por el caso Procultura. La incomodidad de La Moneda escaló con la información de una solicitud que el mismo persecutor hizo para interceptar el teléfono del Presidente. Si bien tribunales desestimó la medida, la ministra Aisén Etcheverry emplazó a la fiscalía a aclarar la veracidad del requerimiento. Estamos a la espera de que sea la propia Fiscalía quien pueda aclarar si es que este trascendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto y a partir de ahí, bueno, tomar los recuerdos que sean necesarios, dijo la ministra este lunes, en una vocería hecha pasadas las 19:00 horas. ... Fuente: Emol
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
Un requerimiento de contienda de competencias ante el Tribunal Constitucional a raíz del fallo por el proyecto minero portuario, Dominga, presentó el gobierno según informó hoy la ministra vocera (s), Aisén Etcheverry. Cabe destacar que el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió la reclamación presentada por Andes Iron SpA en contra de la resolución dictada por el Comité de Ministros el 18 de enero de 2023, que calificó desfavorablemente el proyecto Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo. De tal manera, la instancia medioambiental declaró la nulidad de esta resolución. Al respecto, Etcheverry explicó que esta acción lo que busca es clarificar cuáles son los ámbitos de competencia, entendiendo desde el Ejecutivo que el fallo invade atribuciones que son privativas del Comité de Ministros y por tanto es el Tribunal Constitucional quien tiene que definir cuál es la interpretación correcta respecto de las atribuciones del Comité de Ministros en esta materia. Ahondando en ese punto, la portavoz del Ejecutivo indicó que lo que se plantea en el requerimiento es una contienda de competencias, es el nombre técnico para definir qué organismo tiene qué competencias. De acuerdo a la interpretación que hace el Ejecutivo, el fallo estaría invadiendo competencias que son atribuciones exclusivas del Comité de Ministros y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional es el organismo competente para establecer esa interpretación de manera definitiva y a eso responde el requerimiento, recalcó.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (IND.), matizó sus dichos en torno a las filtraciones de los chats privados entre la diputada Karol Cariola (PC) y la exalcaldesa, Irací Hassler, aunque mantuvo un grado de crítica contra el Ministerio Público. En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad regional sostuvo que la filtración de mensaje no tienen nada que ver con los delitos supuestamente investigados y que esto es abismante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa? De hecho, las palabras de Orrego encontraron respuesta por parte del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien sostuvo en diálogo esta mañana con Radio ADN que si el gobernador Orrego cuenta con antecedentes de esa naturaleza, que son gravísimos, su deber funcionario es denunciar y ponerlos a disposición de la justicia. Si no los tiene, y desconozco por qué hizo entonces esa afirmación, todavía tiene tiempo para explicar, complementó. A su vez, la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile emitió una declaración y señaló que rechazamos tajantemente los dichos del Gobernador Orrego. Nos parece grave deslizar este tipo de dudas respecto del actuar de los medios de comunicación, sin presentar ninguna evidencia. Si el Gobernador Orrego maneja información que respalda sus dichos, lo invitamos a entregar esos antecedentes ante la justicia para que sea investigado. Nuevos dichos de Orrego A través de su cuenta en X red social , la autoridad regional sostuvo que no he denunciado ni acusado a nadie (menos aún a fiscales), con quienes he tenido un excelente trabajo en temas de seguridad). No es mi estilo y nunca lo he hecho. Sin embargo lanzó: lo que sí he planteado es que se está volviendo una norma ver filtraciones secretas en los diarios. Me pregunto quiénes las hacen y por qué motivos: ¿favores tráfico influencias poder agenda política dinero?. Precisó: esto es lo debe investigarse por quién tiene mandato legal hacerlo . No se trata defensas corporativas ningún grupo; se debe investigar cualquier delito importar quién cometa. Sin embargo permitir filtraciones normalicen me parece afecta confianza justicia.
