El abogado de la diputada Catalina Pérez, Gonzalo Medina presentó un reclamo formal ante el Fiscal Nacional contra fiscales de la Fiscalía Regional y Local de Antofagasta por la filtración de información reservada de una investigación por un presunto delito de aborto. Argumentó que, pese a la confidencialidad establecida por la Corte Suprema en el Acta N° 44-2022, datos del caso se filtraron a la prensa, vulnerando los principios del sistema judicial y afectando tanto a su representada como al debido proceso. El abogado también denunció que no ha tenido acceso al expediente debido a las restricciones impuestas, mientras que los medios de comunicación accedieron a información reservada antes que los defensores legales.
Fue durante la última jornada, que se dieron a conocer unas serie de chats a través de WhatsApp entre la diputada por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez, y su expareja Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, que harían sospechar de su supuesto conocimiento sobre los traspasos de dinero que hicieron estallar el Caso Convenios. Recordemos que un informe de 101 páginas de la Policía de Investigaciones (PDI) vincula directamente a la parlamentaria al presunto fraude al Fisco por 426 millones de pesos, documento que incluye conversaciones en donde discuten estrategias para deslindar responsabilidades, según publicó T13. En ese escenario, este viernes la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió al tema, aludiendo que al Gobierno no le compete pronunciarse, puesto que se trata de un proceso que está en manos de la justicia. “La postura del Gobierno ha sido permanente durante el tiempo, nosotros creemos que estos casos tienen que resolverse en sede judicial, es donde se están hoy día trabajando”, aclaró. Pese a ello, sostuvo que “nuestra disposición como Gobierno ha sido colaborar en cada una de las etapas, es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo, esperando que estas investigaciones y estos casos judiciales lleguen a término de la manera que mejor corresponda, acotó la portavoz. “Por lo tanto, más allá colaborar con nosotros no nos compete pronunciarnos respecto de procesos en curso [...] esta materia se está tratando en procesos en curso y por lo tanto como Ejecutivo no nos corresponde pronunciarnos ni emitir opiniones sino más bien remitirnos a nuestra función principal: colaborar con el fin último sea alcanzado por parte del sistema judicial”, fustigó la secretaria Estado. Con todo vale consignarque La Fiscalía revelará las conversaciones sostenidas entre Catalina Pérez y Daniel Andradeenla audiencia dedesafuero pactadaparael próximo10de febrero.
La jornada de este jueves, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, ingresó ante la Corte de Apelaciones la solicitud de desafuero a la diputada Catalina Pérez en el marco de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. La petición se enmarca en el contexto de la investigación que se lleva adelante por presunto delito de fraude al fisco reiterado, debido a la suscripción de convenios entre el Minvu de Antofagasta y Fundación Democracia Viva el año 2022. Dicho desafuero es un requisito legal para avanzar posteriormente en la formalización y solicitud de medidas cautelares para dicha parlamentaria, atendido que, en opinión del Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de investigación, comentó el persecutor. “Conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas, habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”, reza el documento. Con todo, la acción judicial deberá ser resuelta, en su momento, por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
El Frente Amplio confirmó la renuncia de la diputada Catalina Pérez, ocurrida el pasado 15 de noviembre, tras la divulgación de nuevos antecedentes sobre los cuestionados convenios entre la fundación Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta. Estas nuevas filtraciones incluyen conversaciones entre Pérez y su expareja Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, que reavivaron las dudas sobre el grado de conocimiento que tenía la diputada respecto a las irregularidades asociadas a estos traspasos. Según señala La Tercera, la decisión de Pérez se concretó justo antes de que expirara el plazo de la “ley antidíscolos”, que permite a políticos postular a cargos públicos como independientes. Según Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, el partido aceptó su renuncia entendiendo que militar en una organización política es una decisión personal. Asimismo, reiteró la importancia de que la justicia esclarezca los hechos y determine responsabilidades en el caso. En cuanto a los procesos internos, Couble señaló que, tras la renuncia de Pérez, los tribunales del partido ya no tienen jurisdicción para investigar denuncias o aplicar sanciones en su contra. Los nuevos antecedentes incluyen un informe de la PDI que sugiere que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios desde julio de 2022. Según las transcripciones, Andrade le comentó en una ocasión que “parece que pueden salir las lucas” tras una conversación con Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Este dato contradice las declaraciones iniciales de Pérez, quien afirmó desconocer los convenios. La polémica en torno a Catalina Pérez continúa generando cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad en el manejo de recursos públicos, mientras el Frente Amplio busca distanciarse de las implicancias legales y éticas del caso.
La diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (Frente Amplio), dio un paso significativo en la investigación en curso del Caso Convenios al entregar este miércoles su teléfono móvil al Ministerio Público. La entrega se realizó en completa reserva y se enmarca en el contexto de la reciente decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta de ampliar la investigación hasta el 14 de octubre. Pérez acudió a las oficinas de la Fiscalía Nacional acompañada de su abogado, el penalista Gonzalo Medina, para poner a disposición de la justicia su dispositivo móvil. La diligencia fue dirigida por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien está a cargo de las investigaciones en la capital regional. Efectivamente, hoy concurrimos a la Fiscalía, pues a más de un año del caso no hay antecedentes de delitos cometidos por la diputada Pérez y es de nuestro interés cerrar pronto la investigación respecto de su persona. Por lo mismo, a iniciativa nuestra entregamos hoy a la Fiscalía su teléfono celular para revisión. Espero que prontamente quede clara la más completa inocencia de mi representada, afirmó Gonzalo Medina en declaraciones a La Tercera. Además, desde el entorno de la parlamentaria se comunicó que las cuentas bancarias de Pérez ya han sido revisadas, sin que se hayan encontrado fondos vinculados a su expareja y exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade. Asimismo, no se hallaron registros relacionados con Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien se encuentra en prisión preventiva por la arista TomArte del caso.
El abogado de la diputada Catalina Pérez, Gonzalo Medina presentó un reclamo formal ante el Fiscal Nacional contra fiscales de la Fiscalía Regional y Local de Antofagasta por la filtración de información reservada de una investigación por un presunto delito de aborto. Argumentó que, pese a la confidencialidad establecida por la Corte Suprema en el Acta N° 44-2022, datos del caso se filtraron a la prensa, vulnerando los principios del sistema judicial y afectando tanto a su representada como al debido proceso. El abogado también denunció que no ha tenido acceso al expediente debido a las restricciones impuestas, mientras que los medios de comunicación accedieron a información reservada antes que los defensores legales.
Fue durante la última jornada, que se dieron a conocer unas serie de chats a través de WhatsApp entre la diputada por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez, y su expareja Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, que harían sospechar de su supuesto conocimiento sobre los traspasos de dinero que hicieron estallar el Caso Convenios. Recordemos que un informe de 101 páginas de la Policía de Investigaciones (PDI) vincula directamente a la parlamentaria al presunto fraude al Fisco por 426 millones de pesos, documento que incluye conversaciones en donde discuten estrategias para deslindar responsabilidades, según publicó T13. En ese escenario, este viernes la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió al tema, aludiendo que al Gobierno no le compete pronunciarse, puesto que se trata de un proceso que está en manos de la justicia. “La postura del Gobierno ha sido permanente durante el tiempo, nosotros creemos que estos casos tienen que resolverse en sede judicial, es donde se están hoy día trabajando”, aclaró. Pese a ello, sostuvo que “nuestra disposición como Gobierno ha sido colaborar en cada una de las etapas, es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo, esperando que estas investigaciones y estos casos judiciales lleguen a término de la manera que mejor corresponda, acotó la portavoz. “Por lo tanto, más allá colaborar con nosotros no nos compete pronunciarnos respecto de procesos en curso [...] esta materia se está tratando en procesos en curso y por lo tanto como Ejecutivo no nos corresponde pronunciarnos ni emitir opiniones sino más bien remitirnos a nuestra función principal: colaborar con el fin último sea alcanzado por parte del sistema judicial”, fustigó la secretaria Estado. Con todo vale consignarque La Fiscalía revelará las conversaciones sostenidas entre Catalina Pérez y Daniel Andradeenla audiencia dedesafuero pactadaparael próximo10de febrero.
La jornada de este jueves, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, ingresó ante la Corte de Apelaciones la solicitud de desafuero a la diputada Catalina Pérez en el marco de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. La petición se enmarca en el contexto de la investigación que se lleva adelante por presunto delito de fraude al fisco reiterado, debido a la suscripción de convenios entre el Minvu de Antofagasta y Fundación Democracia Viva el año 2022. Dicho desafuero es un requisito legal para avanzar posteriormente en la formalización y solicitud de medidas cautelares para dicha parlamentaria, atendido que, en opinión del Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de investigación, comentó el persecutor. “Conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas, habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”, reza el documento. Con todo, la acción judicial deberá ser resuelta, en su momento, por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
El Frente Amplio confirmó la renuncia de la diputada Catalina Pérez, ocurrida el pasado 15 de noviembre, tras la divulgación de nuevos antecedentes sobre los cuestionados convenios entre la fundación Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta. Estas nuevas filtraciones incluyen conversaciones entre Pérez y su expareja Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, que reavivaron las dudas sobre el grado de conocimiento que tenía la diputada respecto a las irregularidades asociadas a estos traspasos. Según señala La Tercera, la decisión de Pérez se concretó justo antes de que expirara el plazo de la “ley antidíscolos”, que permite a políticos postular a cargos públicos como independientes. Según Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, el partido aceptó su renuncia entendiendo que militar en una organización política es una decisión personal. Asimismo, reiteró la importancia de que la justicia esclarezca los hechos y determine responsabilidades en el caso. En cuanto a los procesos internos, Couble señaló que, tras la renuncia de Pérez, los tribunales del partido ya no tienen jurisdicción para investigar denuncias o aplicar sanciones en su contra. Los nuevos antecedentes incluyen un informe de la PDI que sugiere que Pérez habría tenido conocimiento de los convenios desde julio de 2022. Según las transcripciones, Andrade le comentó en una ocasión que “parece que pueden salir las lucas” tras una conversación con Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Este dato contradice las declaraciones iniciales de Pérez, quien afirmó desconocer los convenios. La polémica en torno a Catalina Pérez continúa generando cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad en el manejo de recursos públicos, mientras el Frente Amplio busca distanciarse de las implicancias legales y éticas del caso.
La diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (Frente Amplio), dio un paso significativo en la investigación en curso del Caso Convenios al entregar este miércoles su teléfono móvil al Ministerio Público. La entrega se realizó en completa reserva y se enmarca en el contexto de la reciente decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta de ampliar la investigación hasta el 14 de octubre. Pérez acudió a las oficinas de la Fiscalía Nacional acompañada de su abogado, el penalista Gonzalo Medina, para poner a disposición de la justicia su dispositivo móvil. La diligencia fue dirigida por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien está a cargo de las investigaciones en la capital regional. Efectivamente, hoy concurrimos a la Fiscalía, pues a más de un año del caso no hay antecedentes de delitos cometidos por la diputada Pérez y es de nuestro interés cerrar pronto la investigación respecto de su persona. Por lo mismo, a iniciativa nuestra entregamos hoy a la Fiscalía su teléfono celular para revisión. Espero que prontamente quede clara la más completa inocencia de mi representada, afirmó Gonzalo Medina en declaraciones a La Tercera. Además, desde el entorno de la parlamentaria se comunicó que las cuentas bancarias de Pérez ya han sido revisadas, sin que se hayan encontrado fondos vinculados a su expareja y exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade. Asimismo, no se hallaron registros relacionados con Carlos Contreras, exseremi de Vivienda de Antofagasta y exjefe de gabinete de Pérez, quien se encuentra en prisión preventiva por la arista TomArte del caso.