Los diputados de la Región de Antofagasta, Yovana Ahumada, Jaime Araya, José Miguel Castro y Sebastián Videla, han destinado entre $34 millones y $41 millones en gastos operacionales durante el primer semestre de 2025, según información obtenida por SoyAntofagasta.cl a través del portal de transparencia activa de la Cámara de Diputados. El parlamentario que más recursos utilizó fue Sebastián Videla, con un total de $41.194.706. Sus principales ítems corresponden a arriendo de inmueble, traslados y difusión. En marzo registró su mayor gasto mensual ($8.930.028), destacando un desembolso de $1.887.000 en difusión y la compra de equipamiento para oficina. En conjunto, las categorías más relevantes fueron Traslado, con $56.155.170, y el Traspaso desde Gastos Operacionales a Asignación de Personal de Apoyo, con $40.264.385. El concepto de gastos parlamentarios incluye alimentación y alojamiento, tanto para el legislador como para su personal de apoyo. También considera traslados en distintos medios de transporte, arriendo de vehículos, combustible, peajes, estacionamientos y mantenciones preventivas en caso de usar un vehículo propio. Además, se incluye una amortización mensual de $212.207 para compensar el desgaste de vehículos personales y un viático de $78.621 por asistencia a sala o comisiones, con un tope de 12 o 16 días según el mes. Con excepción de la mantención, la amortización y el viático, los demás ítems pueden ser utilizados tanto por el parlamentario como por sus equipos. En este ámbito, Jaime Araya presentó el mayor gasto en traslación de un solo mes ($4.187.801 en marzo), mientras que tanto él como Videla destinaron más de $2,7 millones en algunos meses a personal de apoyo. En detalle, Araya sumó $37.932.318, sin registrar gastos en arriendo ni telefonía, aunque mantuvo pagos fijos en servicios menores ($639.000 mensuales) y más de $3 millones en traslación durante cuatro meses. Por su parte, José Miguel Castro totalizó $37.928.743, siendo el único en financiar actividades comunitarias ($339.964) y con gastos constantes en difusión, alcanzando un peak de $1.610.320 en junio. En telefonía presentó un monto inusual en marzo ($622.197). Finalmente, Yovana Ahumada reportó el gasto más bajo, con $34.718.054. Su mayor desembolso se concentró en difusión ($2.437.500 en junio), además de un arriendo fijo de $700.000 y gastos mínimos en telefonía ($53.332 mensuales). En común, los cuatro parlamentarios reportaron cero gasto en mantención de oficinas parlamentarias, reparaciones de inmuebles, seguros, oficinas móviles y servicios web.
Un informe reciente sobre la labor parlamentaria en minería y medio ambiente en la Región de Antofagasta ha revelado un desempeño que destaca más por gestos comunicacionales que por resultados concretos. Esta región, considerada el epicentro de la actividad minera en Chile y responsable de un 10% del PIB nacional, se enfrenta a desafíos estructurales como la escasez hídrica, la contaminación y el avance del crimen organizado en zonas productivas, que requieren respuestas legislativas más impactantes. El análisis se centra en el trabajo de los cinco diputados en ejercicio por el Distrito 3: Catalina Pérez, Jaime Araya, José Miguel Castro, Sebastián Videla y Yovana Ahumada. Destacan su participación en la Comisión de Minería y Energía —donde Castro, Videla y Ahumada han tenido representación— y en comisiones especiales como la que investigó el acuerdo Codelco-SQM por el litio, donde se cuestionó la transparencia del proceso. En cuanto a proyectos legislativos, sobresale la reforma constitucional propuesta por Catalina Pérez para establecer un royalty minero de iniciativa parlamentaria, la colaboración de Castro y Ahumada en la ley de gestión de relaves y el respaldo a iniciativas para proteger los cielos del norte de la contaminación lumínica, lideradas por Araya, Videla y Castro. Sin embargo, según el informe, muchas de estas acciones no han tenido un impacto significativo en la región. En cuanto a posturas individuales, Araya ha abogado por vincular la minería con la seguridad pública y ha solicitado una cumbre de seguridad debido al avance del crimen organizado. Videla ha utilizado redes y medios para visibilizar denuncias, mientras que Ahumada ha centrado su fiscalización en proyectos como CRAMSA. Castro, actual presidente de la Cámara, ha hecho hincapié en temas de seguridad y empleo, aunque su rol nacional lo ha alejado del despliegue territorial. Pérez, suspendida desde abril de 2025, ha dejado como legado su insistencia en una mayor captura fiscal de la riqueza minera. La conclusión del informe es clara: la agenda minera regional ha avanzado poco en los últimos cuatro años y se ha diluido entre campañas personales y fiscalizaciones limitadas. Se recomienda construir una agenda de tercera generación para el próximo período legislativo, que aborde integralmente temas como seguridad, gobernanza de recursos y sostenibilidad, con un énfasis en territorializar los beneficios de la minería. Solo así podrá la región transformar su peso económico en mejoras tangibles para sus comunidades. Puedes revisar el informe completo aquí.
El análisis de la labor parlamentaria de los diputados de la Región de Antofagasta (2022-2026) revela un fuerte enfoque en seguridad y prevención del delito, con iniciativas que abarcan desde la fiscalización de la criminalidad transnacional hasta proyectos de ley específicos. Una de las instancias clave ha sido la Comisión Especial Investigadora N°11 sobre Criminalidad en la Macrozona Norte, presidida por el diputado Jaime Araya e integrada por José Miguel Castro y Yovana Ahumada. La comisión ha advertido la presencia de pandillas internacionales como las “maras” y el aumento de homicidios, delitos sexuales y porte ilegal de armas, lo que motivó visitas a terreno en Antofagasta para escuchar a autoridades locales. En materia legislativa, Araya impulsó el proyecto de ley contra las “narcoavionetas”, que busca crear un Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo para interceptar vuelos clandestinos ligados al narcotráfico, y la moción contra la “narcocultura” en eventos masivos, que exige mayores medidas de seguridad para evitar que conciertos se conviertan en escenarios de violencia o apología del crimen. Por su parte, Sebastián Videla ha destacado en la Comisión Investigadora N°72 sobre robo de cables de cobre, delito en aumento que alcanzó 461 casos en 2025. Además, denunció el tráfico de autos robados hacia Venezuela, alertando sobre los riesgos de seguridad fronteriza. Catalina Pérez patrocinó un proyecto que endurece penas por receptación en pasos no habilitados, mientras que Yovana Ahumada ha fiscalizado la inseguridad derivada de tomas ilegales y consumo de drogas en sectores vulnerables. En el plano institucional, José Miguel Castro ha exigido respuestas urgentes frente a la liberación de un sicario y los vínculos del narcotráfico con las Fuerzas Armadas, mientras Araya ha cuestionado la falta de control migratorio y aéreo en la zona norte. El informe concluye que, pese a diferencias políticas, la bancada regional ha coincidido en situar la seguridad como prioridad, articulando propuestas legales, fiscalización y presión pública ante un escenario delictual cada vez más complejo en la macrozona norte.
Los diputados de la Región de Antofagasta, Yovana Ahumada, Jaime Araya, José Miguel Castro y Sebastián Videla, han destinado entre $34 millones y $41 millones en gastos operacionales durante el primer semestre de 2025, según información obtenida por SoyAntofagasta.cl a través del portal de transparencia activa de la Cámara de Diputados. El parlamentario que más recursos utilizó fue Sebastián Videla, con un total de $41.194.706. Sus principales ítems corresponden a arriendo de inmueble, traslados y difusión. En marzo registró su mayor gasto mensual ($8.930.028), destacando un desembolso de $1.887.000 en difusión y la compra de equipamiento para oficina. En conjunto, las categorías más relevantes fueron Traslado, con $56.155.170, y el Traspaso desde Gastos Operacionales a Asignación de Personal de Apoyo, con $40.264.385. El concepto de gastos parlamentarios incluye alimentación y alojamiento, tanto para el legislador como para su personal de apoyo. También considera traslados en distintos medios de transporte, arriendo de vehículos, combustible, peajes, estacionamientos y mantenciones preventivas en caso de usar un vehículo propio. Además, se incluye una amortización mensual de $212.207 para compensar el desgaste de vehículos personales y un viático de $78.621 por asistencia a sala o comisiones, con un tope de 12 o 16 días según el mes. Con excepción de la mantención, la amortización y el viático, los demás ítems pueden ser utilizados tanto por el parlamentario como por sus equipos. En este ámbito, Jaime Araya presentó el mayor gasto en traslación de un solo mes ($4.187.801 en marzo), mientras que tanto él como Videla destinaron más de $2,7 millones en algunos meses a personal de apoyo. En detalle, Araya sumó $37.932.318, sin registrar gastos en arriendo ni telefonía, aunque mantuvo pagos fijos en servicios menores ($639.000 mensuales) y más de $3 millones en traslación durante cuatro meses. Por su parte, José Miguel Castro totalizó $37.928.743, siendo el único en financiar actividades comunitarias ($339.964) y con gastos constantes en difusión, alcanzando un peak de $1.610.320 en junio. En telefonía presentó un monto inusual en marzo ($622.197). Finalmente, Yovana Ahumada reportó el gasto más bajo, con $34.718.054. Su mayor desembolso se concentró en difusión ($2.437.500 en junio), además de un arriendo fijo de $700.000 y gastos mínimos en telefonía ($53.332 mensuales). En común, los cuatro parlamentarios reportaron cero gasto en mantención de oficinas parlamentarias, reparaciones de inmuebles, seguros, oficinas móviles y servicios web.
Un informe reciente sobre la labor parlamentaria en minería y medio ambiente en la Región de Antofagasta ha revelado un desempeño que destaca más por gestos comunicacionales que por resultados concretos. Esta región, considerada el epicentro de la actividad minera en Chile y responsable de un 10% del PIB nacional, se enfrenta a desafíos estructurales como la escasez hídrica, la contaminación y el avance del crimen organizado en zonas productivas, que requieren respuestas legislativas más impactantes. El análisis se centra en el trabajo de los cinco diputados en ejercicio por el Distrito 3: Catalina Pérez, Jaime Araya, José Miguel Castro, Sebastián Videla y Yovana Ahumada. Destacan su participación en la Comisión de Minería y Energía —donde Castro, Videla y Ahumada han tenido representación— y en comisiones especiales como la que investigó el acuerdo Codelco-SQM por el litio, donde se cuestionó la transparencia del proceso. En cuanto a proyectos legislativos, sobresale la reforma constitucional propuesta por Catalina Pérez para establecer un royalty minero de iniciativa parlamentaria, la colaboración de Castro y Ahumada en la ley de gestión de relaves y el respaldo a iniciativas para proteger los cielos del norte de la contaminación lumínica, lideradas por Araya, Videla y Castro. Sin embargo, según el informe, muchas de estas acciones no han tenido un impacto significativo en la región. En cuanto a posturas individuales, Araya ha abogado por vincular la minería con la seguridad pública y ha solicitado una cumbre de seguridad debido al avance del crimen organizado. Videla ha utilizado redes y medios para visibilizar denuncias, mientras que Ahumada ha centrado su fiscalización en proyectos como CRAMSA. Castro, actual presidente de la Cámara, ha hecho hincapié en temas de seguridad y empleo, aunque su rol nacional lo ha alejado del despliegue territorial. Pérez, suspendida desde abril de 2025, ha dejado como legado su insistencia en una mayor captura fiscal de la riqueza minera. La conclusión del informe es clara: la agenda minera regional ha avanzado poco en los últimos cuatro años y se ha diluido entre campañas personales y fiscalizaciones limitadas. Se recomienda construir una agenda de tercera generación para el próximo período legislativo, que aborde integralmente temas como seguridad, gobernanza de recursos y sostenibilidad, con un énfasis en territorializar los beneficios de la minería. Solo así podrá la región transformar su peso económico en mejoras tangibles para sus comunidades. Puedes revisar el informe completo aquí.
El análisis de la labor parlamentaria de los diputados de la Región de Antofagasta (2022-2026) revela un fuerte enfoque en seguridad y prevención del delito, con iniciativas que abarcan desde la fiscalización de la criminalidad transnacional hasta proyectos de ley específicos. Una de las instancias clave ha sido la Comisión Especial Investigadora N°11 sobre Criminalidad en la Macrozona Norte, presidida por el diputado Jaime Araya e integrada por José Miguel Castro y Yovana Ahumada. La comisión ha advertido la presencia de pandillas internacionales como las “maras” y el aumento de homicidios, delitos sexuales y porte ilegal de armas, lo que motivó visitas a terreno en Antofagasta para escuchar a autoridades locales. En materia legislativa, Araya impulsó el proyecto de ley contra las “narcoavionetas”, que busca crear un Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo para interceptar vuelos clandestinos ligados al narcotráfico, y la moción contra la “narcocultura” en eventos masivos, que exige mayores medidas de seguridad para evitar que conciertos se conviertan en escenarios de violencia o apología del crimen. Por su parte, Sebastián Videla ha destacado en la Comisión Investigadora N°72 sobre robo de cables de cobre, delito en aumento que alcanzó 461 casos en 2025. Además, denunció el tráfico de autos robados hacia Venezuela, alertando sobre los riesgos de seguridad fronteriza. Catalina Pérez patrocinó un proyecto que endurece penas por receptación en pasos no habilitados, mientras que Yovana Ahumada ha fiscalizado la inseguridad derivada de tomas ilegales y consumo de drogas en sectores vulnerables. En el plano institucional, José Miguel Castro ha exigido respuestas urgentes frente a la liberación de un sicario y los vínculos del narcotráfico con las Fuerzas Armadas, mientras Araya ha cuestionado la falta de control migratorio y aéreo en la zona norte. El informe concluye que, pese a diferencias políticas, la bancada regional ha coincidido en situar la seguridad como prioridad, articulando propuestas legales, fiscalización y presión pública ante un escenario delictual cada vez más complejo en la macrozona norte.
