En medio de las investigaciones por la presunta violación grupal en la que están involucrados nueve excadetes de Cobreloa (el conocido como Caso Manada), el padre de la víctima ha denunciado una serie de graves irregularidades y amenazas por parte de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI). Los hechos investigados ocurrieron en septiembre de 2021 y salieron a la luz a inicios de 2024. Tras la formalización en mayo de ese año, los excadetes quedaron en prisión preventiva. Sin embargo, recientemente, el pasado 3 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Antofagasta disminuyó la medida cautelar de seis de ellos a arresto domiciliario total. En una entrevista con Teletrece, el padre de la denunciante relató que un detective de la PDI intentó desacreditar a su hija con duros epítetos: Tu hija, weón (sic), es una weona (sic) drogadicta de mierda, weón, habría dicho el policía, según el progenitor, negando la veracidad de la denuncia y asegurando que la joven consume tussi, marihuana, cocaína, weón (sic), es más curada que la cresta. Asimismo, el padre también sostuvo que este mismo policía informó a la Fiscalía que la víctima no se veía tan afectada, a pesar de los peritajes médicos que indicaban lo contrario. A estas graves denuncias se suma la confirmación en octubre de 2024 de la pérdida de evidencia clave, específicamente, el vestido que usaba la víctima al momento de la agresión. Este hecho motivó un sumario interno de la PDI y un segundo sumario de Contraloría. El progenitor también reveló que tanto la joven como él han recibido amenazas de muerte por parte de terceros. Por su parte, la abogada querellante del caso, Patricia Muñoz, criticó duramente la actuación de las instituciones. Aseguró que la Fiscalía no le ha entregado información sobre sanciones a fiscales o funcionarios policiales involucrados, a pesar de haberla solicitado desde septiembre del 2024. Muñoz lamentó que las instituciones encargadas de brindar protección han hecho todo lo contrario en un caso donde se ha visto a la víctima ser presionada por un policía para desistir de la denuncia e incluso firmar un documento cuyo contenido desconocía. Finalmente, el estado mental de la joven ha requerido su traslado desde Calama a Santiago en ambulancia recientemente para recibir tratamiento psicológico, psiquiátrico y desintoxicación debido a la gravedad del impacto en su salud mental.
En medio de las investigaciones por la presunta violación grupal en la que están involucrados nueve excadetes de Cobreloa (el conocido como Caso Manada), el padre de la víctima ha denunciado una serie de graves irregularidades y amenazas por parte de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI). Los hechos investigados ocurrieron en septiembre de 2021 y salieron a la luz a inicios de 2024. Tras la formalización en mayo de ese año, los excadetes quedaron en prisión preventiva. Sin embargo, recientemente, el pasado 3 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Antofagasta disminuyó la medida cautelar de seis de ellos a arresto domiciliario total. En una entrevista con Teletrece, el padre de la denunciante relató que un detective de la PDI intentó desacreditar a su hija con duros epítetos: Tu hija, weón (sic), es una weona (sic) drogadicta de mierda, weón, habría dicho el policía, según el progenitor, negando la veracidad de la denuncia y asegurando que la joven consume tussi, marihuana, cocaína, weón (sic), es más curada que la cresta. Asimismo, el padre también sostuvo que este mismo policía informó a la Fiscalía que la víctima no se veía tan afectada, a pesar de los peritajes médicos que indicaban lo contrario. A estas graves denuncias se suma la confirmación en octubre de 2024 de la pérdida de evidencia clave, específicamente, el vestido que usaba la víctima al momento de la agresión. Este hecho motivó un sumario interno de la PDI y un segundo sumario de Contraloría. El progenitor también reveló que tanto la joven como él han recibido amenazas de muerte por parte de terceros. Por su parte, la abogada querellante del caso, Patricia Muñoz, criticó duramente la actuación de las instituciones. Aseguró que la Fiscalía no le ha entregado información sobre sanciones a fiscales o funcionarios policiales involucrados, a pesar de haberla solicitado desde septiembre del 2024. Muñoz lamentó que las instituciones encargadas de brindar protección han hecho todo lo contrario en un caso donde se ha visto a la víctima ser presionada por un policía para desistir de la denuncia e incluso firmar un documento cuyo contenido desconocía. Finalmente, el estado mental de la joven ha requerido su traslado desde Calama a Santiago en ambulancia recientemente para recibir tratamiento psicológico, psiquiátrico y desintoxicación debido a la gravedad del impacto en su salud mental.