Con la participación de autoridades regionales, ejecutivos y representantes del sector público y privado, se llevó a cabo la cuarta sesión de la Estrategia Minera para el Bienestar de la Región de Antofagasta (EMRA 2023-2050). Esta iniciativa tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo sostenible de la región, priorizando el bienestar de sus habitantes a través de inversiones sociales y medioambientales. En el encuentro, que contó con la presencia del Gerente de la Corporación Cluster Minero, Germán Novoa, se resaltó la proyección de más de 90 mil millones de pesos en inversión regional. Estos fondos estarán destinados a áreas clave como educación —con la construcción de nuevos jardines infantiles y un liceo—, salud —con la habilitación de un hospital y nueve postas—, y acceso a agua potable para comunidades rurales. Además, se presentaron los avances del Plan de Infraestructura Comunitaria en Coloso y la nueva planta de tratamiento de aguas servidas para reuso en Antofagasta, considerada el proyecto más grande de reuso en Latinoamérica. Representantes del sector minero elogiaron la colaboración público-privada que caracteriza a la región. Destacaron especialmente la reconversión de los patios ferroviarios, que transformará 48 hectáreas del casco histórico de la ciudad en espacios con áreas verdes, viviendas y comercios. Desde la Asociación de Municipalidades se hizo hincapié en la importancia de esta coordinación entre Estado, empresas y comunidades para construir una región más equitativa. Se busca promover una minería que no solo se centre en la productividad, sino que también fomente el bienestar humano.
Un informe reciente sobre la labor parlamentaria en minería y medio ambiente en la Región de Antofagasta ha revelado un desempeño que destaca más por gestos comunicacionales que por resultados concretos. Esta región, considerada el epicentro de la actividad minera en Chile y responsable de un 10% del PIB nacional, se enfrenta a desafíos estructurales como la escasez hídrica, la contaminación y el avance del crimen organizado en zonas productivas, que requieren respuestas legislativas más impactantes. El análisis se centra en el trabajo de los cinco diputados en ejercicio por el Distrito 3: Catalina Pérez, Jaime Araya, José Miguel Castro, Sebastián Videla y Yovana Ahumada. Destacan su participación en la Comisión de Minería y Energía —donde Castro, Videla y Ahumada han tenido representación— y en comisiones especiales como la que investigó el acuerdo Codelco-SQM por el litio, donde se cuestionó la transparencia del proceso. En cuanto a proyectos legislativos, sobresale la reforma constitucional propuesta por Catalina Pérez para establecer un royalty minero de iniciativa parlamentaria, la colaboración de Castro y Ahumada en la ley de gestión de relaves y el respaldo a iniciativas para proteger los cielos del norte de la contaminación lumínica, lideradas por Araya, Videla y Castro. Sin embargo, según el informe, muchas de estas acciones no han tenido un impacto significativo en la región. En cuanto a posturas individuales, Araya ha abogado por vincular la minería con la seguridad pública y ha solicitado una cumbre de seguridad debido al avance del crimen organizado. Videla ha utilizado redes y medios para visibilizar denuncias, mientras que Ahumada ha centrado su fiscalización en proyectos como CRAMSA. Castro, actual presidente de la Cámara, ha hecho hincapié en temas de seguridad y empleo, aunque su rol nacional lo ha alejado del despliegue territorial. Pérez, suspendida desde abril de 2025, ha dejado como legado su insistencia en una mayor captura fiscal de la riqueza minera. La conclusión del informe es clara: la agenda minera regional ha avanzado poco en los últimos cuatro años y se ha diluido entre campañas personales y fiscalizaciones limitadas. Se recomienda construir una agenda de tercera generación para el próximo período legislativo, que aborde integralmente temas como seguridad, gobernanza de recursos y sostenibilidad, con un énfasis en territorializar los beneficios de la minería. Solo así podrá la región transformar su peso económico en mejoras tangibles para sus comunidades. Puedes revisar el informe completo aquí.
Con la participación de autoridades regionales, ejecutivos y representantes del sector público y privado, se llevó a cabo la cuarta sesión de la Estrategia Minera para el Bienestar de la Región de Antofagasta (EMRA 2023-2050). Esta iniciativa tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo sostenible de la región, priorizando el bienestar de sus habitantes a través de inversiones sociales y medioambientales. En el encuentro, que contó con la presencia del Gerente de la Corporación Cluster Minero, Germán Novoa, se resaltó la proyección de más de 90 mil millones de pesos en inversión regional. Estos fondos estarán destinados a áreas clave como educación —con la construcción de nuevos jardines infantiles y un liceo—, salud —con la habilitación de un hospital y nueve postas—, y acceso a agua potable para comunidades rurales. Además, se presentaron los avances del Plan de Infraestructura Comunitaria en Coloso y la nueva planta de tratamiento de aguas servidas para reuso en Antofagasta, considerada el proyecto más grande de reuso en Latinoamérica. Representantes del sector minero elogiaron la colaboración público-privada que caracteriza a la región. Destacaron especialmente la reconversión de los patios ferroviarios, que transformará 48 hectáreas del casco histórico de la ciudad en espacios con áreas verdes, viviendas y comercios. Desde la Asociación de Municipalidades se hizo hincapié en la importancia de esta coordinación entre Estado, empresas y comunidades para construir una región más equitativa. Se busca promover una minería que no solo se centre en la productividad, sino que también fomente el bienestar humano.
Un informe reciente sobre la labor parlamentaria en minería y medio ambiente en la Región de Antofagasta ha revelado un desempeño que destaca más por gestos comunicacionales que por resultados concretos. Esta región, considerada el epicentro de la actividad minera en Chile y responsable de un 10% del PIB nacional, se enfrenta a desafíos estructurales como la escasez hídrica, la contaminación y el avance del crimen organizado en zonas productivas, que requieren respuestas legislativas más impactantes. El análisis se centra en el trabajo de los cinco diputados en ejercicio por el Distrito 3: Catalina Pérez, Jaime Araya, José Miguel Castro, Sebastián Videla y Yovana Ahumada. Destacan su participación en la Comisión de Minería y Energía —donde Castro, Videla y Ahumada han tenido representación— y en comisiones especiales como la que investigó el acuerdo Codelco-SQM por el litio, donde se cuestionó la transparencia del proceso. En cuanto a proyectos legislativos, sobresale la reforma constitucional propuesta por Catalina Pérez para establecer un royalty minero de iniciativa parlamentaria, la colaboración de Castro y Ahumada en la ley de gestión de relaves y el respaldo a iniciativas para proteger los cielos del norte de la contaminación lumínica, lideradas por Araya, Videla y Castro. Sin embargo, según el informe, muchas de estas acciones no han tenido un impacto significativo en la región. En cuanto a posturas individuales, Araya ha abogado por vincular la minería con la seguridad pública y ha solicitado una cumbre de seguridad debido al avance del crimen organizado. Videla ha utilizado redes y medios para visibilizar denuncias, mientras que Ahumada ha centrado su fiscalización en proyectos como CRAMSA. Castro, actual presidente de la Cámara, ha hecho hincapié en temas de seguridad y empleo, aunque su rol nacional lo ha alejado del despliegue territorial. Pérez, suspendida desde abril de 2025, ha dejado como legado su insistencia en una mayor captura fiscal de la riqueza minera. La conclusión del informe es clara: la agenda minera regional ha avanzado poco en los últimos cuatro años y se ha diluido entre campañas personales y fiscalizaciones limitadas. Se recomienda construir una agenda de tercera generación para el próximo período legislativo, que aborde integralmente temas como seguridad, gobernanza de recursos y sostenibilidad, con un énfasis en territorializar los beneficios de la minería. Solo así podrá la región transformar su peso económico en mejoras tangibles para sus comunidades. Puedes revisar el informe completo aquí.