La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), en conjunto con el Ministerio de Minería, ha revelado una proyección sin precedentes: la Cartera de Inversiones Mineras 2025–2034 alcanzará un récord de US$104.549 millones, la cifra más alta registrada desde 2015. Este aumento del 25% en comparación con el periodo anterior, equivalente a US$21.369 millones adicionales, se debe a la creciente demanda internacional y al constante repunte de los precios del cobre. La ministra de Minería, Aurora Williams, resaltó que este panorama demuestra confianza en el país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería moderna, sostenible y competitiva. Según Cochilco, este crecimiento se atribuye a proyectos de reposición y expansión en operaciones de cobre, así como a nuevas iniciativas en minerales estratégicos como el litio y el hierro. Entre los desarrollos destacados se encuentran la nueva concentradora de Rosario en Collahuasi y la nueva concentradora Los Colorados en Escondida, ambas en fase de prefactibilidad. A pesar de ello, las empresas consideran que son cruciales para garantizar la continuidad operativa a largo plazo. A nivel regional, la Región de Antofagasta sigue siendo un polo minero líder con una inversión proyectada de US$40 mil millones, seguida por Tarapacá y Atacama con US$10 mil millones y US$14 mil millones respectivamente. En particular, Atacama destaca por proyectos de cobre que suman US$4.700 millones. En cuanto al litio, Cochilco estima que la inversión alcanzará los US$4.700 millones hacia 2025, impulsada por proyectos como Salares Altoandinos —desarrollado por ENAMI y Rio Tinto— y nuevas iniciativas en el Salar de Maricunga, consolidando el mineral como un componente estratégico en la transición energética global. De la cartera total, el 41% corresponde a proyectos base con alto grado de certeza; un 40% son potenciales sujetos a definiciones técnicas, ambientales o financieras; y el 19% restante corresponde a iniciativas probables o posibles. Los proyectos brownfield dominan la estructura con un 64%, mientras que los greenfield representan el 19%. Cochilco señala que antes de 2025 ya se han invertido US$11 mil millones, quedando pendientes US$29 mil millones por ejecutar. Entre 2025 y 2029 se proyectan US$11 mil millones adicionales solo en cobre, mientras que entre 2030–2034 se espera un impulso significativo con US$44 mil millones destinados a iniciativas de cobre, litio y otros minerales. La ministra Williams anticipó que entre 2026 y 2030 se espera una entrada de inversiones por entre US$38 mil millones y US$40 mil millones, subrayando la importancia del sector como motor económico y estratégico para el futuro del país.
Con la participación de autoridades regionales, ejecutivos y representantes del sector público y privado, se llevó a cabo la cuarta sesión de la Estrategia Minera para el Bienestar de la Región de Antofagasta (EMRA 2023-2050). Esta iniciativa tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo sostenible de la región, priorizando el bienestar de sus habitantes a través de inversiones sociales y medioambientales. En el encuentro, que contó con la presencia del Gerente de la Corporación Cluster Minero, Germán Novoa, se resaltó la proyección de más de 90 mil millones de pesos en inversión regional. Estos fondos estarán destinados a áreas clave como educación —con la construcción de nuevos jardines infantiles y un liceo—, salud —con la habilitación de un hospital y nueve postas—, y acceso a agua potable para comunidades rurales. Además, se presentaron los avances del Plan de Infraestructura Comunitaria en Coloso y la nueva planta de tratamiento de aguas servidas para reuso en Antofagasta, considerada el proyecto más grande de reuso en Latinoamérica. Representantes del sector minero elogiaron la colaboración público-privada que caracteriza a la región. Destacaron especialmente la reconversión de los patios ferroviarios, que transformará 48 hectáreas del casco histórico de la ciudad en espacios con áreas verdes, viviendas y comercios. Desde la Asociación de Municipalidades se hizo hincapié en la importancia de esta coordinación entre Estado, empresas y comunidades para construir una región más equitativa. Se busca promover una minería que no solo se centre en la productividad, sino que también fomente el bienestar humano.
Un informe reciente sobre la labor parlamentaria en minería y medio ambiente en la Región de Antofagasta ha revelado un desempeño que destaca más por gestos comunicacionales que por resultados concretos. Esta región, considerada el epicentro de la actividad minera en Chile y responsable de un 10% del PIB nacional, se enfrenta a desafíos estructurales como la escasez hídrica, la contaminación y el avance del crimen organizado en zonas productivas, que requieren respuestas legislativas más impactantes. El análisis se centra en el trabajo de los cinco diputados en ejercicio por el Distrito 3: Catalina Pérez, Jaime Araya, José Miguel Castro, Sebastián Videla y Yovana Ahumada. Destacan su participación en la Comisión de Minería y Energía —donde Castro, Videla y Ahumada han tenido representación— y en comisiones especiales como la que investigó el acuerdo Codelco-SQM por el litio, donde se cuestionó la transparencia del proceso. En cuanto a proyectos legislativos, sobresale la reforma constitucional propuesta por Catalina Pérez para establecer un royalty minero de iniciativa parlamentaria, la colaboración de Castro y Ahumada en la ley de gestión de relaves y el respaldo a iniciativas para proteger los cielos del norte de la contaminación lumínica, lideradas por Araya, Videla y Castro. Sin embargo, según el informe, muchas de estas acciones no han tenido un impacto significativo en la región. En cuanto a posturas individuales, Araya ha abogado por vincular la minería con la seguridad pública y ha solicitado una cumbre de seguridad debido al avance del crimen organizado. Videla ha utilizado redes y medios para visibilizar denuncias, mientras que Ahumada ha centrado su fiscalización en proyectos como CRAMSA. Castro, actual presidente de la Cámara, ha hecho hincapié en temas de seguridad y empleo, aunque su rol nacional lo ha alejado del despliegue territorial. Pérez, suspendida desde abril de 2025, ha dejado como legado su insistencia en una mayor captura fiscal de la riqueza minera. La conclusión del informe es clara: la agenda minera regional ha avanzado poco en los últimos cuatro años y se ha diluido entre campañas personales y fiscalizaciones limitadas. Se recomienda construir una agenda de tercera generación para el próximo período legislativo, que aborde integralmente temas como seguridad, gobernanza de recursos y sostenibilidad, con un énfasis en territorializar los beneficios de la minería. Solo así podrá la región transformar su peso económico en mejoras tangibles para sus comunidades. Puedes revisar el informe completo aquí.
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), en conjunto con el Ministerio de Minería, ha revelado una proyección sin precedentes: la Cartera de Inversiones Mineras 2025–2034 alcanzará un récord de US$104.549 millones, la cifra más alta registrada desde 2015. Este aumento del 25% en comparación con el periodo anterior, equivalente a US$21.369 millones adicionales, se debe a la creciente demanda internacional y al constante repunte de los precios del cobre. La ministra de Minería, Aurora Williams, resaltó que este panorama demuestra confianza en el país y en la capacidad del sector para avanzar hacia una minería moderna, sostenible y competitiva. Según Cochilco, este crecimiento se atribuye a proyectos de reposición y expansión en operaciones de cobre, así como a nuevas iniciativas en minerales estratégicos como el litio y el hierro. Entre los desarrollos destacados se encuentran la nueva concentradora de Rosario en Collahuasi y la nueva concentradora Los Colorados en Escondida, ambas en fase de prefactibilidad. A pesar de ello, las empresas consideran que son cruciales para garantizar la continuidad operativa a largo plazo. A nivel regional, la Región de Antofagasta sigue siendo un polo minero líder con una inversión proyectada de US$40 mil millones, seguida por Tarapacá y Atacama con US$10 mil millones y US$14 mil millones respectivamente. En particular, Atacama destaca por proyectos de cobre que suman US$4.700 millones. En cuanto al litio, Cochilco estima que la inversión alcanzará los US$4.700 millones hacia 2025, impulsada por proyectos como Salares Altoandinos —desarrollado por ENAMI y Rio Tinto— y nuevas iniciativas en el Salar de Maricunga, consolidando el mineral como un componente estratégico en la transición energética global. De la cartera total, el 41% corresponde a proyectos base con alto grado de certeza; un 40% son potenciales sujetos a definiciones técnicas, ambientales o financieras; y el 19% restante corresponde a iniciativas probables o posibles. Los proyectos brownfield dominan la estructura con un 64%, mientras que los greenfield representan el 19%. Cochilco señala que antes de 2025 ya se han invertido US$11 mil millones, quedando pendientes US$29 mil millones por ejecutar. Entre 2025 y 2029 se proyectan US$11 mil millones adicionales solo en cobre, mientras que entre 2030–2034 se espera un impulso significativo con US$44 mil millones destinados a iniciativas de cobre, litio y otros minerales. La ministra Williams anticipó que entre 2026 y 2030 se espera una entrada de inversiones por entre US$38 mil millones y US$40 mil millones, subrayando la importancia del sector como motor económico y estratégico para el futuro del país.
Con la participación de autoridades regionales, ejecutivos y representantes del sector público y privado, se llevó a cabo la cuarta sesión de la Estrategia Minera para el Bienestar de la Región de Antofagasta (EMRA 2023-2050). Esta iniciativa tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo sostenible de la región, priorizando el bienestar de sus habitantes a través de inversiones sociales y medioambientales. En el encuentro, que contó con la presencia del Gerente de la Corporación Cluster Minero, Germán Novoa, se resaltó la proyección de más de 90 mil millones de pesos en inversión regional. Estos fondos estarán destinados a áreas clave como educación —con la construcción de nuevos jardines infantiles y un liceo—, salud —con la habilitación de un hospital y nueve postas—, y acceso a agua potable para comunidades rurales. Además, se presentaron los avances del Plan de Infraestructura Comunitaria en Coloso y la nueva planta de tratamiento de aguas servidas para reuso en Antofagasta, considerada el proyecto más grande de reuso en Latinoamérica. Representantes del sector minero elogiaron la colaboración público-privada que caracteriza a la región. Destacaron especialmente la reconversión de los patios ferroviarios, que transformará 48 hectáreas del casco histórico de la ciudad en espacios con áreas verdes, viviendas y comercios. Desde la Asociación de Municipalidades se hizo hincapié en la importancia de esta coordinación entre Estado, empresas y comunidades para construir una región más equitativa. Se busca promover una minería que no solo se centre en la productividad, sino que también fomente el bienestar humano.
Un informe reciente sobre la labor parlamentaria en minería y medio ambiente en la Región de Antofagasta ha revelado un desempeño que destaca más por gestos comunicacionales que por resultados concretos. Esta región, considerada el epicentro de la actividad minera en Chile y responsable de un 10% del PIB nacional, se enfrenta a desafíos estructurales como la escasez hídrica, la contaminación y el avance del crimen organizado en zonas productivas, que requieren respuestas legislativas más impactantes. El análisis se centra en el trabajo de los cinco diputados en ejercicio por el Distrito 3: Catalina Pérez, Jaime Araya, José Miguel Castro, Sebastián Videla y Yovana Ahumada. Destacan su participación en la Comisión de Minería y Energía —donde Castro, Videla y Ahumada han tenido representación— y en comisiones especiales como la que investigó el acuerdo Codelco-SQM por el litio, donde se cuestionó la transparencia del proceso. En cuanto a proyectos legislativos, sobresale la reforma constitucional propuesta por Catalina Pérez para establecer un royalty minero de iniciativa parlamentaria, la colaboración de Castro y Ahumada en la ley de gestión de relaves y el respaldo a iniciativas para proteger los cielos del norte de la contaminación lumínica, lideradas por Araya, Videla y Castro. Sin embargo, según el informe, muchas de estas acciones no han tenido un impacto significativo en la región. En cuanto a posturas individuales, Araya ha abogado por vincular la minería con la seguridad pública y ha solicitado una cumbre de seguridad debido al avance del crimen organizado. Videla ha utilizado redes y medios para visibilizar denuncias, mientras que Ahumada ha centrado su fiscalización en proyectos como CRAMSA. Castro, actual presidente de la Cámara, ha hecho hincapié en temas de seguridad y empleo, aunque su rol nacional lo ha alejado del despliegue territorial. Pérez, suspendida desde abril de 2025, ha dejado como legado su insistencia en una mayor captura fiscal de la riqueza minera. La conclusión del informe es clara: la agenda minera regional ha avanzado poco en los últimos cuatro años y se ha diluido entre campañas personales y fiscalizaciones limitadas. Se recomienda construir una agenda de tercera generación para el próximo período legislativo, que aborde integralmente temas como seguridad, gobernanza de recursos y sostenibilidad, con un énfasis en territorializar los beneficios de la minería. Solo así podrá la región transformar su peso económico en mejoras tangibles para sus comunidades. Puedes revisar el informe completo aquí.
