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A fines de septiembre, el gobierno informó que de las 106 empresas que solicitaron ser consideradas como empresas estratégicas cuyos trabajadores no pueden ejercer el derecho a huelga, se determinó que 61 de ellas califican como estratégicas. El plazo de vigencia de este listado es de dos años. Sin embargo, las compañías y sindicatos tienen la opción de acudir a la Corte de Apelaciones dentro de 15 días corridos contados desde su publicación en el Diario Oficial, en caso de que así lo estimen conveniente. En respuesta a estas solicitudes, el gobierno ha sumado otras 8 empresas al listado.
La determinación del gobierno para excluir del listado de empresas estratégicas se basó en dos criterios principales. El primero era la falta de sindicatos en la empresa, ya que el único titular del derecho a huelga es una organización sindical. Por lo tanto, si no existe un sindicato, no se puede iniciar un proceso de negociación reglada y no hay causa para calificar a la empresa como estratégica. El segundo criterio era si las empresas tenían servicios mínimos definidos.
Sin embargo, algunos expertos, como el exdirector del Trabajo, Mauricio Peñaloza, han señalado que el criterio utilizado por el gobierno no está contemplado en la ley. Según Peñaloza, la ley solo exige que las empresas estratégicas sean aquellas que prestan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía, al abastecimiento o a la seguridad nacional.
En este contexto, se han sumado ocho empresas al listado de estratégicas, entre las que se encuentran Aguas Magallanes S.A, CGE Transmisión S.A, Chilquinta Transmisión S.A, Empresa Eléctrica de la Frontera S.A, Litoral Transmisión S.A, Nueva Atacama S.A, Sistema de Transmisión del Sur S.A y Sociedad Austral de Electricidad S.A.
Es importante destacar que la cifra de empresas estratégicas es menor a la de años anteriores, como en 2021 bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y menos de la mitad del peak de 127 en 2016, bajo la expresidenta Michelle Bachelet.
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