La tarde de este jueves, desde el Partido Republicano dieron a conocer que presentarán una Acusación Constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, debido al fallido proceso de compra por parte del Gobierno de la casa del exPresidente Salvador Allende. Lo anterior, basado en que la ley prohíbe expresamente que ministros celebren contratos con el Estado. El jefe de la bancada de Republicanos, Luis Sánchez, informó que se presentará un libelo acusatorio contra personera de Gobierno. “Esta violación a la Constitución ha ocurrido no solo en el caso de la senadora, sino también en el caso de la ministra Fernández, porque evidentemente están afectados los dos poderes, la misma causal”, acotó. También expuso en representación de la bancada: “por lo mismo que hemos tomado, en línea con lo que habíamos señalado hace algunos días con la bancada republicana, la decisión de avanzar con la presentación de la acusación constitucional y presentarla para que sea la Cámara de Diputados, posteriormente el Senado, quienes resuelvan la eventual destitución de la ministra”, complementó. Así las cosas, el timonel republicano también precisó que debe ser el propio Presidente Gabriel Boric el que pida la renuncia a Maya Fernández. “Porque si no, va a ser el Congreso el que lo decida. Nosotros ya hemos conversado con representantes de otras bancadas, puntualizó. Gente que en acusaciones constitucionales en el pasado decidió votarlas en contra, en este caso están dispuestos a votarla a favor porque entienden que la violación y afectación a la Constitución es muy clara, tanto en el caso dela senadora como dela ministra”, subrayó. Con todo, desde su óptica, el documento va a prosperar, y creo, Gabriel Boriclo sabe.
Durante la presente jornada, se confirmó que la Fiscalía citó a declarar en calidad de imputadas a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora (PS) Isabel Allende, en el marco de la investigación en su contra tras la fallida compra por parte del Gobierno de una vivienda del exPresidente Salvador Allende (1970-1973), buscando convertirla en una suerte de casa-museo. La indagatoria penal se inició por una denuncia que presentó el abogado y excandidato a constituyente por el Partido Republicano, Raimundo Palamara, en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric, y quienes resulten responsables. Vale recordar que la situación vio la luz pública los primeros días de enero cuando se conoció que el gobierno buscaba materializar la compra de las casas de los exjefes de Estado Patricio Aylwin y Salvador Allende, no obstante, la propiedad de éste último no se concretó. Lo anterior, en base a que una de las propietarias de la vivienda es la actual ministra y nieta del otrora Mandatario, y la ley prohíbe expresamente que los ministros puedan celebrar contratos con el Estado. Otra propietaria es la senadora Allende, quien también tiene el mismo impedimento al ser su hija. Así las cosas, ambas personeras políticas fueron convocadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, designado a cargo de la persecusión penal que surgió tras la querella interpuesta. Por una parte, la líder de Defensa fue llamada para el jueves 23 . y mientras que la parlamentaria socialista al día siguiente, viernes 24 de enero.
La tarde de este jueves, desde el Partido Republicano dieron a conocer que presentarán una Acusación Constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, debido al fallido proceso de compra por parte del Gobierno de la casa del exPresidente Salvador Allende. Lo anterior, basado en que la ley prohíbe expresamente que ministros celebren contratos con el Estado. El jefe de la bancada de Republicanos, Luis Sánchez, informó que se presentará un libelo acusatorio contra personera de Gobierno. “Esta violación a la Constitución ha ocurrido no solo en el caso de la senadora, sino también en el caso de la ministra Fernández, porque evidentemente están afectados los dos poderes, la misma causal”, acotó. También expuso en representación de la bancada: “por lo mismo que hemos tomado, en línea con lo que habíamos señalado hace algunos días con la bancada republicana, la decisión de avanzar con la presentación de la acusación constitucional y presentarla para que sea la Cámara de Diputados, posteriormente el Senado, quienes resuelvan la eventual destitución de la ministra”, complementó. Así las cosas, el timonel republicano también precisó que debe ser el propio Presidente Gabriel Boric el que pida la renuncia a Maya Fernández. “Porque si no, va a ser el Congreso el que lo decida. Nosotros ya hemos conversado con representantes de otras bancadas, puntualizó. Gente que en acusaciones constitucionales en el pasado decidió votarlas en contra, en este caso están dispuestos a votarla a favor porque entienden que la violación y afectación a la Constitución es muy clara, tanto en el caso dela senadora como dela ministra”, subrayó. Con todo, desde su óptica, el documento va a prosperar, y creo, Gabriel Boriclo sabe.
Durante la presente jornada, se confirmó que la Fiscalía citó a declarar en calidad de imputadas a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora (PS) Isabel Allende, en el marco de la investigación en su contra tras la fallida compra por parte del Gobierno de una vivienda del exPresidente Salvador Allende (1970-1973), buscando convertirla en una suerte de casa-museo. La indagatoria penal se inició por una denuncia que presentó el abogado y excandidato a constituyente por el Partido Republicano, Raimundo Palamara, en contra del Presidente de la República, Gabriel Boric, y quienes resulten responsables. Vale recordar que la situación vio la luz pública los primeros días de enero cuando se conoció que el gobierno buscaba materializar la compra de las casas de los exjefes de Estado Patricio Aylwin y Salvador Allende, no obstante, la propiedad de éste último no se concretó. Lo anterior, en base a que una de las propietarias de la vivienda es la actual ministra y nieta del otrora Mandatario, y la ley prohíbe expresamente que los ministros puedan celebrar contratos con el Estado. Otra propietaria es la senadora Allende, quien también tiene el mismo impedimento al ser su hija. Así las cosas, ambas personeras políticas fueron convocadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, designado a cargo de la persecusión penal que surgió tras la querella interpuesta. Por una parte, la líder de Defensa fue llamada para el jueves 23 . y mientras que la parlamentaria socialista al día siguiente, viernes 24 de enero.