La Fiscalía de Calama confirmó el cierre definitivo de la investigación contra 20 dirigentes sindicales de Codelco, acusados de un presunto fraude en seguros de vida. Tras cinco años de diligencias, allanamientos, peritajes y toma de declaraciones, el Ministerio Público no encontró antecedentes suficientes para formular cargos, lo que motivó la solicitud formal de no perseverar en la causa. El Juzgado de Garantía de Calama acogió la petición y, en audiencia del 2 de mayo, dictó el sobreseimiento definitivo a favor de los trabajadores de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata y de la división Radomiro Tomic. Este desenlace representa un revés para la estrategia judicial de Codelco, que en abril de 2022 ya había sufrido un traspié cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional su intento de desaforar a los dirigentes. A ello se suma la reciente presentación de una denuncia por prácticas antisindicales y una demanda por indemnización ante el Segundo Juzgado del Trabajo. Héctor Roco, presidente del Sindicato N°1 de Chuquicamata y Federación Nacional del Cobre, valoró la resolución. “Siempre estuvimos convencidos este resultado. No había pruebas y fue parte una campaña mediática impulsada por Codelco”, afirmó. También acusó a la estatal haber abusado su poder al iniciar acciones legales sin sustento, dañando confianza entre trabajadores empresa. Finalmente, Roco anticipó nuevas acciones legales octubre este año buscar reparación para los sindicatos trabajadores afectados. La defensa jurídica ha estado cargo estudio Rossel Fuentes Urzúa representado dirigentes instancias previas.
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado admisible el requerimiento presentado por el gobierno en el marco de la controversia que rodea al proyecto minero-portuario Dominga. La Segunda Sala del TC tomó la decisión con tres votos a favor y dos en contra, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales que se tramitaban ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA), según información de Pulso de La Tercera. Ante esto, el gobierno elevó este requerimiento el pasado 23 de marzo, luego de que el 1TA ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre Dominga. La administración argumenta que el tribunal ambiental se extralimitó en sus facultades, ya que, según la ley, las decisiones en materia ambiental son de exclusiva competencia del Comité de Ministros. Asimismo, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, enfatizó que el gobierno está utilizando las herramientas que nos da la Constitución para garantizar el Estado de derecho. En una línea similar, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, destacó que el TC es el organismo competente para resolver la interpretación sobre los límites entre las competencias administrativas y judiciales. En su resolución del 15 de abril, el TC determinó que el requerimiento gubernamental cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su Ley Orgánica. Adicionalmente, el tribunal argumentó que la continuidad de los procedimientos judiciales podría generar un daño irreparable, motivo por lo cual se suspendió su suspensión provisoria. Ahora bien, la admisión del recurso contó con respaldo de las ministras Nancy Yáñez y María Pía Silva, así como del ministro Mario Gómez Montoya. Desde Andes Iron, la empresa a cargo del proyecto Dominga, c calificaron la acción del gobierno como nueva maniobra dilatoria. Lac ompañía sostiene que el fallo de l a 1TA buscaba simplemente asegurar e cumplimiento de u a sentencia emitida e diciembre de 2024,&nbs t;y solicitó&nbspanbsp;a S A modificar e e status de l p oyecto aprobado.&nb p;&nbspanbsp;&nb p;; Finalmente,&nbs tensión entrel<>os poderes delestado,&nb e e Tribunal Constitucional s&eacutepanbsp;spronuncie enl e lascompetenciasentrel .
La defensa de la exconcejala Paz Fuica logró revertir la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba en su contra. Esta decisión se tomó tras una apelación presentada por sus abogados, quienes argumentaron en contra de la detención en el marco de la investigación por presuntos delitos de fraude al fisco. Recordemos que el Ministerio Público imputa a Fuica como presunta autora de 10 delitos consumados de fraude al fisco. Estos ilícitos se habrían cometido durante el año 2022, en el contexto de los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y las fundaciones Democracia Viva, Fibra y TomArte. Finalmente, la revocación de la prisión preventiva implica que Paz Fuica retornará a la medida cautelar de arresto domiciliario mientras continúa la investigación en su contra. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre los argumentos presentados por la defensa y la resolución del tribunal.
La Fiscalía de Calama confirmó el cierre definitivo de la investigación contra 20 dirigentes sindicales de Codelco, acusados de un presunto fraude en seguros de vida. Tras cinco años de diligencias, allanamientos, peritajes y toma de declaraciones, el Ministerio Público no encontró antecedentes suficientes para formular cargos, lo que motivó la solicitud formal de no perseverar en la causa. El Juzgado de Garantía de Calama acogió la petición y, en audiencia del 2 de mayo, dictó el sobreseimiento definitivo a favor de los trabajadores de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata y de la división Radomiro Tomic. Este desenlace representa un revés para la estrategia judicial de Codelco, que en abril de 2022 ya había sufrido un traspié cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional su intento de desaforar a los dirigentes. A ello se suma la reciente presentación de una denuncia por prácticas antisindicales y una demanda por indemnización ante el Segundo Juzgado del Trabajo. Héctor Roco, presidente del Sindicato N°1 de Chuquicamata y Federación Nacional del Cobre, valoró la resolución. “Siempre estuvimos convencidos este resultado. No había pruebas y fue parte una campaña mediática impulsada por Codelco”, afirmó. También acusó a la estatal haber abusado su poder al iniciar acciones legales sin sustento, dañando confianza entre trabajadores empresa. Finalmente, Roco anticipó nuevas acciones legales octubre este año buscar reparación para los sindicatos trabajadores afectados. La defensa jurídica ha estado cargo estudio Rossel Fuentes Urzúa representado dirigentes instancias previas.
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado admisible el requerimiento presentado por el gobierno en el marco de la controversia que rodea al proyecto minero-portuario Dominga. La Segunda Sala del TC tomó la decisión con tres votos a favor y dos en contra, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales que se tramitaban ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA), según información de Pulso de La Tercera. Ante esto, el gobierno elevó este requerimiento el pasado 23 de marzo, luego de que el 1TA ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre Dominga. La administración argumenta que el tribunal ambiental se extralimitó en sus facultades, ya que, según la ley, las decisiones en materia ambiental son de exclusiva competencia del Comité de Ministros. Asimismo, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, enfatizó que el gobierno está utilizando las herramientas que nos da la Constitución para garantizar el Estado de derecho. En una línea similar, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, destacó que el TC es el organismo competente para resolver la interpretación sobre los límites entre las competencias administrativas y judiciales. En su resolución del 15 de abril, el TC determinó que el requerimiento gubernamental cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su Ley Orgánica. Adicionalmente, el tribunal argumentó que la continuidad de los procedimientos judiciales podría generar un daño irreparable, motivo por lo cual se suspendió su suspensión provisoria. Ahora bien, la admisión del recurso contó con respaldo de las ministras Nancy Yáñez y María Pía Silva, así como del ministro Mario Gómez Montoya. Desde Andes Iron, la empresa a cargo del proyecto Dominga, c calificaron la acción del gobierno como nueva maniobra dilatoria. Lac ompañía sostiene que el fallo de l a 1TA buscaba simplemente asegurar e cumplimiento de u a sentencia emitida e diciembre de 2024,&nbs t;y solicitó&nbspanbsp;a S A modificar e e status de l p oyecto aprobado.&nb p;&nbspanbsp;&nb p;; Finalmente,&nbs tensión entrel<>os poderes delestado,&nb e e Tribunal Constitucional s&eacutepanbsp;spronuncie enl e lascompetenciasentrel .
La defensa de la exconcejala Paz Fuica logró revertir la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba en su contra. Esta decisión se tomó tras una apelación presentada por sus abogados, quienes argumentaron en contra de la detención en el marco de la investigación por presuntos delitos de fraude al fisco. Recordemos que el Ministerio Público imputa a Fuica como presunta autora de 10 delitos consumados de fraude al fisco. Estos ilícitos se habrían cometido durante el año 2022, en el contexto de los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y las fundaciones Democracia Viva, Fibra y TomArte. Finalmente, la revocación de la prisión preventiva implica que Paz Fuica retornará a la medida cautelar de arresto domiciliario mientras continúa la investigación en su contra. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre los argumentos presentados por la defensa y la resolución del tribunal.
