El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado admisible el requerimiento presentado por el gobierno en el marco de la controversia que rodea al proyecto minero-portuario Dominga. La Segunda Sala del TC tomó la decisión con tres votos a favor y dos en contra, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales que se tramitaban ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA), según información de Pulso de La Tercera. Ante esto, el gobierno elevó este requerimiento el pasado 23 de marzo, luego de que el 1TA ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre Dominga. La administración argumenta que el tribunal ambiental se extralimitó en sus facultades, ya que, según la ley, las decisiones en materia ambiental son de exclusiva competencia del Comité de Ministros. Asimismo, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, enfatizó que el gobierno está utilizando las herramientas que nos da la Constitución para garantizar el Estado de derecho. En una línea similar, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, destacó que el TC es el organismo competente para resolver la interpretación sobre los límites entre las competencias administrativas y judiciales. En su resolución del 15 de abril, el TC determinó que el requerimiento gubernamental cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su Ley Orgánica. Adicionalmente, el tribunal argumentó que la continuidad de los procedimientos judiciales podría generar un daño irreparable, motivo por lo cual se suspendió su suspensión provisoria. Ahora bien, la admisión del recurso contó con respaldo de las ministras Nancy Yáñez y María Pía Silva, así como del ministro Mario Gómez Montoya. Desde Andes Iron, la empresa a cargo del proyecto Dominga, c calificaron la acción del gobierno como nueva maniobra dilatoria. Lac ompañía sostiene que el fallo de l a 1TA buscaba simplemente asegurar e cumplimiento de u a sentencia emitida e diciembre de 2024,&nbs t;y solicitó&nbspanbsp;a S A modificar e e status de l p oyecto aprobado.&nb p;&nbspanbsp;&nb p;; Finalmente,&nbs tensión entrel<>os poderes delestado,&nb e e Tribunal Constitucional s&eacutepanbsp;spronuncie enl e lascompetenciasentrel .
La defensa de la exconcejala Paz Fuica logró revertir la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba en su contra. Esta decisión se tomó tras una apelación presentada por sus abogados, quienes argumentaron en contra de la detención en el marco de la investigación por presuntos delitos de fraude al fisco. Recordemos que el Ministerio Público imputa a Fuica como presunta autora de 10 delitos consumados de fraude al fisco. Estos ilícitos se habrían cometido durante el año 2022, en el contexto de los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y las fundaciones Democracia Viva, Fibra y TomArte. Finalmente, la revocación de la prisión preventiva implica que Paz Fuica retornará a la medida cautelar de arresto domiciliario mientras continúa la investigación en su contra. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre los argumentos presentados por la defensa y la resolución del tribunal.
En un nuevo avance del Caso Convenios, la Fiscalía de Antofagasta reformalizó este lunes la investigación en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo, las cuales fueron agrupadas en octubre pasado bajo una misma causa a cargo del fiscal Cristian Aguilar Aranela. Ante esto, como parte de esta reformalización, el ente persecutor amplió los cargos en contra de la exconcejal Paz Fuica, quien ahora enfrenta imputaciones por fraude al Fisco en las aristas Fibra y Tomarte. Asimismo, la representante de la empresa Triángulo Spa, Lorena Cisternas, fue formalizada por lavado de activos en la arista Fibra. Con estas nuevas formalizaciones, el estado de la investigación queda de la siguiente manera: Democracia Viva: Formalizados por fraude al Fisco el exseremi Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica. Fibra: Formalizados por fraude al Fisco Carlos Contreras, Mery Donoso y Lorena Cisternas. Se suma Paz Fuica por fraude al Fisco y Lorena Cisternas por lavado de activos. Tomarte: Formalizados Carlos Contreras por fraude al Fisco, Kelly Betancourt por fraude al Fisco y lavado de activos, y Paz Fuica, quien se incorpora por fraude al Fisco. Fusupo: Formalizado Carlos Contreras por fraude al Fisco. Finalmente, durante la audiencia, la Fiscalía argumentó la necesidad de continuar con diversas diligencias en curso, solicitando al tribunal la ampliación del plazo de investigación en 35 días. La petición fue acogida, permitiendo que el Ministerio Público continúe con la recopilación de antecedentes y el desarrollo de nuevas indagatorias en el marco del escándalo que involucra millonarios convenios irregulares.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha solicitado la a mpliación de las pesquisas en el caso Democracia Viva, en el que se investigan presuntas irregularidades financieras vinculadas a fundaciones y entidades públicas. La solicitud, que está siendo evaluada por el Tribunal de Garantía desde las 08:30 horas de esta mañana, se basa en nuevos antecedentes que, según los querellantes, resultarían clave para el esclarecimiento de los hechos. El abogado querellante, Pablo Toloza, expresó su apoyo a la petición de la Fiscalía, argumentando que han surgido elementos relevantes que podrían arrojar luz sobre las irregularidades. Uno de los puntos más destacados en la solicitud es la importancia de mantener en secreto las conversaciones obtenidas del teléfono celular de Daniel Andrade, exdirector de la Fundación Democracia Viva. Según Toloza, estas conversaciones, que incluyen intercambios por WhatsApp entre Andrade y la diputada Catalina Pérez, ex pareja del implicado, podrían ser fundamentales para avanzar en la investigación. A lo largo de la investigación, que lleva más de un año y cinco meses bajo la dirección del fiscal Cristián Aguilar, han surgido conexiones entre los principales imputados: el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; el exdirector de la fundación, Daniel Andrade; y la concejala Paz Fuica. La Fiscalía ha agrupado la indagatoria con otros casos relacionados con tres fundaciones distintas, lo que ha permitido obtener un panorama más amplio de las presuntas irregularidades. Sin embargo, la solicitud de ampliación de la investigación ha provocado reacciones contrapuestas. En una carta publicada por La Tercera, Carlos Contreras, uno de los imputados clave, c uestionó la imparcialidad de la Fiscalía y acusó al Ministerio Público de omitir información importante que podría cambiar el curso de la investigación. Contreras sostuvo que la Fiscalía no ha profundizado en posibles pruebas que, según él, podrían esclarecer el caso, como el informe entregado por la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, a las autoridades de La Moneda. Además, el exseremi de Vivienda negó las acusaciones de tráfico de influencias que lo vinculan con la diputada Catalina Pérez, quien ha sido mencionada en las conversaciones telefónicas entre Pérez y Andrade. Contreras defendió su actuación y la de su equipo, asegurando que las acusaciones carecen de fundamento.
El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado admisible el requerimiento presentado por el gobierno en el marco de la controversia que rodea al proyecto minero-portuario Dominga. La Segunda Sala del TC tomó la decisión con tres votos a favor y dos en contra, lo que implica la suspensión temporal de los procesos judiciales que se tramitaban ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental (1TA), según información de Pulso de La Tercera. Ante esto, el gobierno elevó este requerimiento el pasado 23 de marzo, luego de que el 1TA ordenara al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución sobre Dominga. La administración argumenta que el tribunal ambiental se extralimitó en sus facultades, ya que, según la ley, las decisiones en materia ambiental son de exclusiva competencia del Comité de Ministros. Asimismo, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, enfatizó que el gobierno está utilizando las herramientas que nos da la Constitución para garantizar el Estado de derecho. En una línea similar, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, destacó que el TC es el organismo competente para resolver la interpretación sobre los límites entre las competencias administrativas y judiciales. En su resolución del 15 de abril, el TC determinó que el requerimiento gubernamental cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y su Ley Orgánica. Adicionalmente, el tribunal argumentó que la continuidad de los procedimientos judiciales podría generar un daño irreparable, motivo por lo cual se suspendió su suspensión provisoria. Ahora bien, la admisión del recurso contó con respaldo de las ministras Nancy Yáñez y María Pía Silva, así como del ministro Mario Gómez Montoya. Desde Andes Iron, la empresa a cargo del proyecto Dominga, c calificaron la acción del gobierno como nueva maniobra dilatoria. Lac ompañía sostiene que el fallo de l a 1TA buscaba simplemente asegurar e cumplimiento de u a sentencia emitida e diciembre de 2024,&nbs t;y solicitó&nbspanbsp;a S A modificar e e status de l p oyecto aprobado.&nb p;&nbspanbsp;&nb p;; Finalmente,&nbs tensión entrel<>os poderes delestado,&nb e e Tribunal Constitucional s&eacutepanbsp;spronuncie enl e lascompetenciasentrel .
La defensa de la exconcejala Paz Fuica logró revertir la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba en su contra. Esta decisión se tomó tras una apelación presentada por sus abogados, quienes argumentaron en contra de la detención en el marco de la investigación por presuntos delitos de fraude al fisco. Recordemos que el Ministerio Público imputa a Fuica como presunta autora de 10 delitos consumados de fraude al fisco. Estos ilícitos se habrían cometido durante el año 2022, en el contexto de los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y las fundaciones Democracia Viva, Fibra y TomArte. Finalmente, la revocación de la prisión preventiva implica que Paz Fuica retornará a la medida cautelar de arresto domiciliario mientras continúa la investigación en su contra. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre los argumentos presentados por la defensa y la resolución del tribunal.
En un nuevo avance del Caso Convenios, la Fiscalía de Antofagasta reformalizó este lunes la investigación en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo, las cuales fueron agrupadas en octubre pasado bajo una misma causa a cargo del fiscal Cristian Aguilar Aranela. Ante esto, como parte de esta reformalización, el ente persecutor amplió los cargos en contra de la exconcejal Paz Fuica, quien ahora enfrenta imputaciones por fraude al Fisco en las aristas Fibra y Tomarte. Asimismo, la representante de la empresa Triángulo Spa, Lorena Cisternas, fue formalizada por lavado de activos en la arista Fibra. Con estas nuevas formalizaciones, el estado de la investigación queda de la siguiente manera: Democracia Viva: Formalizados por fraude al Fisco el exseremi Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica. Fibra: Formalizados por fraude al Fisco Carlos Contreras, Mery Donoso y Lorena Cisternas. Se suma Paz Fuica por fraude al Fisco y Lorena Cisternas por lavado de activos. Tomarte: Formalizados Carlos Contreras por fraude al Fisco, Kelly Betancourt por fraude al Fisco y lavado de activos, y Paz Fuica, quien se incorpora por fraude al Fisco. Fusupo: Formalizado Carlos Contreras por fraude al Fisco. Finalmente, durante la audiencia, la Fiscalía argumentó la necesidad de continuar con diversas diligencias en curso, solicitando al tribunal la ampliación del plazo de investigación en 35 días. La petición fue acogida, permitiendo que el Ministerio Público continúe con la recopilación de antecedentes y el desarrollo de nuevas indagatorias en el marco del escándalo que involucra millonarios convenios irregulares.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha solicitado la a mpliación de las pesquisas en el caso Democracia Viva, en el que se investigan presuntas irregularidades financieras vinculadas a fundaciones y entidades públicas. La solicitud, que está siendo evaluada por el Tribunal de Garantía desde las 08:30 horas de esta mañana, se basa en nuevos antecedentes que, según los querellantes, resultarían clave para el esclarecimiento de los hechos. El abogado querellante, Pablo Toloza, expresó su apoyo a la petición de la Fiscalía, argumentando que han surgido elementos relevantes que podrían arrojar luz sobre las irregularidades. Uno de los puntos más destacados en la solicitud es la importancia de mantener en secreto las conversaciones obtenidas del teléfono celular de Daniel Andrade, exdirector de la Fundación Democracia Viva. Según Toloza, estas conversaciones, que incluyen intercambios por WhatsApp entre Andrade y la diputada Catalina Pérez, ex pareja del implicado, podrían ser fundamentales para avanzar en la investigación. A lo largo de la investigación, que lleva más de un año y cinco meses bajo la dirección del fiscal Cristián Aguilar, han surgido conexiones entre los principales imputados: el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; el exdirector de la fundación, Daniel Andrade; y la concejala Paz Fuica. La Fiscalía ha agrupado la indagatoria con otros casos relacionados con tres fundaciones distintas, lo que ha permitido obtener un panorama más amplio de las presuntas irregularidades. Sin embargo, la solicitud de ampliación de la investigación ha provocado reacciones contrapuestas. En una carta publicada por La Tercera, Carlos Contreras, uno de los imputados clave, c uestionó la imparcialidad de la Fiscalía y acusó al Ministerio Público de omitir información importante que podría cambiar el curso de la investigación. Contreras sostuvo que la Fiscalía no ha profundizado en posibles pruebas que, según él, podrían esclarecer el caso, como el informe entregado por la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, a las autoridades de La Moneda. Además, el exseremi de Vivienda negó las acusaciones de tráfico de influencias que lo vinculan con la diputada Catalina Pérez, quien ha sido mencionada en las conversaciones telefónicas entre Pérez y Andrade. Contreras defendió su actuación y la de su equipo, asegurando que las acusaciones carecen de fundamento.
