La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, imputado por el Ministerio Público como autor de 12 delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho. Los ilícitos fueron perpetrados durante 2022 en el marco de los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y las fundaciones Democracia Viva, TomArte, Fibra y Fusupo. En fallo dividido, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jasna Pavlich Núñez, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Atendido el mérito de los antecedentes, compartiendo los argumentos del juez a quo... se requiere para el éxito de la investigación la mantención de la cautelar actualmente vigente, especifica el texto. La resolución agrega que no ha logrado la defensa desvirtuar las presunciones de participación del imputado Contreras Gutiérrez en todas las aristas que se investigan en relación con los ilícitos por los cuales ha sido formalizado. Las funciones públicas que realizaba como Seremi de Vivienda en relación con los convenios, y su pertenencia al mismo partido político que otros encausados con quienes tenía vínculos amistosos hacen presumir fundadamente que tenía conocimiento sobre cómo se ejecutaban dichos ilícitos.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha solicitado la a mpliación de las pesquisas en el caso Democracia Viva, en el que se investigan presuntas irregularidades financieras vinculadas a fundaciones y entidades públicas. La solicitud, que está siendo evaluada por el Tribunal de Garantía desde las 08:30 horas de esta mañana, se basa en nuevos antecedentes que, según los querellantes, resultarían clave para el esclarecimiento de los hechos. El abogado querellante, Pablo Toloza, expresó su apoyo a la petición de la Fiscalía, argumentando que han surgido elementos relevantes que podrían arrojar luz sobre las irregularidades. Uno de los puntos más destacados en la solicitud es la importancia de mantener en secreto las conversaciones obtenidas del teléfono celular de Daniel Andrade, exdirector de la Fundación Democracia Viva. Según Toloza, estas conversaciones, que incluyen intercambios por WhatsApp entre Andrade y la diputada Catalina Pérez, ex pareja del implicado, podrían ser fundamentales para avanzar en la investigación. A lo largo de la investigación, que lleva más de un año y cinco meses bajo la dirección del fiscal Cristián Aguilar, han surgido conexiones entre los principales imputados: el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; el exdirector de la fundación, Daniel Andrade; y la concejala Paz Fuica. La Fiscalía ha agrupado la indagatoria con otros casos relacionados con tres fundaciones distintas, lo que ha permitido obtener un panorama más amplio de las presuntas irregularidades. Sin embargo, la solicitud de ampliación de la investigación ha provocado reacciones contrapuestas. En una carta publicada por La Tercera, Carlos Contreras, uno de los imputados clave, c uestionó la imparcialidad de la Fiscalía y acusó al Ministerio Público de omitir información importante que podría cambiar el curso de la investigación. Contreras sostuvo que la Fiscalía no ha profundizado en posibles pruebas que, según él, podrían esclarecer el caso, como el informe entregado por la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, a las autoridades de La Moneda. Además, el exseremi de Vivienda negó las acusaciones de tráfico de influencias que lo vinculan con la diputada Catalina Pérez, quien ha sido mencionada en las conversaciones telefónicas entre Pérez y Andrade. Contreras defendió su actuación y la de su equipo, asegurando que las acusaciones carecen de fundamento.
En una operación coordinada entre la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Antofagasta y oficiales de Punta Arenas, se realizaron dos detenciones vinculadas a un caso de fraude al fisco y organismos del estado. Las detenciones responden a una orden emitida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Las personas detenidas son la expresidenta de la Fundación Fibra y una contratista de la misma organización. La primera, quien se encontraba en Punta Arenas al momento de su arresto, fue trasladada a Antofagasta para enfrentar la audiencia de formalización de cargos, la cual se llevó a cabo este lunes en la capital de la Región de Antofagasta. La segunda detenida, la contratista, fue aprehendida en su domicilio en Antofagasta. Ambas mujeres enfrentan acusaciones de fraude al fisco por la presunta malversación de fondos. El Subprefecto Néctor Rojas, jefe de la BRIDEC, explicó que las diligencias buscan esclarecer el destino de 430 millones de pesos que fueron asignados a la Fundación Fibra para la ejecución de diversos proyectos en campamentos de la región.
En una serie de audiencias extensas que se extendieron por más de cinco horas, la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja de Antofagasta formalizó al ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras Gutiérrez, por dos delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho, en el marco de la arista Fusupo del Caso Convenios. Posteriormente, en una segunda audiencia, se formalizó a M.D.O., arista Fibra del mismo caso. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, detalló que el 1 de julio de 2022, el Ministerio de Vivienda (Minvu) suscribió dos convenios con la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (Fusupo) por montos de $148.154.096 y $135.884.000, destinados a ejecutar un Plan de Acompañamiento Social y Comunitario en campamentos de la ciudad. Sin embargo, el ex seremi Carlos Contreras habría solicitado de manera arbitraria y sin autorización la contratación de dos personas con fondos de los convenios, incluyendo a la psicóloga Paz Fuica Contreras, quien también está formalizada en la arista Democracia Viva del Caso Convenios. El Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a diferir la discusión de las medidas cautelares para Contreras hasta el 18 de octubre. La investigación para esta arista se extendió a un plazo de 75 días. En la segunda audiencia, se formalizó a M.D.O. y a L.C.M. por su implicación en la arista Fibra. En septiembre de 2022, el Minvu firmó tres convenios con el Movimiento Fibra para obras básicas en varios campamentos, por un total de $430 millones. Según la Fiscalía, Contreras intervino directamente en el proceso de adjudicación, favoreciendo a Fibra y reasignando proyectos sin justificación. Posteriormente, Fibra contrató a Triángulo Spa, representada por L.C.M., quien obtuvo un lucro ilegítimo de $36.474.704 mediante facturas emitidas entre enero y diciembre de 2023. Durante la audiencia, el fiscal Aguilar subrayó que Fibra no contaba con la experiencia necesaria para llevar a cabo las obras, y que el ex seremi favoreció a M.D.O. por razones de amistad y vínculos políticos. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para L.C.M., medida que fue concedida, mientras que M.D.O. quedó bajo arraigo nacional. El plazo de investigación para esta arista se estableció en 45 días. Con estas formalizaciones, suman cuatro las aristas judicializadas por la Fiscalía en el Caso Convenios, tras las formalizaciones en las aristas Democracia Viva (diciembre), TomArte (abril) y Fibra (la semana pasada).
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado hoy una investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex Secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo, por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco. La acusación se centra en convenios suscritos en septiembre de 2022 con la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra para la ejecución de obras de habitabilidad primaria en diversos campamentos de la ciudad. La investigación, que marca la tercera fase del denominado Caso Convenios, se suma a las ya judicializadas aristas Democracia Viva y TomArte, las cuales recientemente fueron consolidadas en una única causa. Los convenios cuestionados, firmados por Contreras entre el 20 y 22 de septiembre de 2022, abarcan proyectos en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre, con montos de $150 millones, $200 millones y $80 millones, respectivamente. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela detalló que Contreras actuó en grave contravención a sus deberes al seleccionar y reasignar proyectos a Movimiento Fibra, una fundación que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir los fondos. Aguilar expuso que el ex seremi no solo proporcionó datos de contacto de la fundación favorecida sino que también realizó asignaciones sin justificación y sin seguir los procedimientos adecuados. El fiscal destacó que las resoluciones que aprobaron los convenios carecen de motivación sobre la selección directa de la fundación en lugar de una licitación pública y no justifican la elección de Movimiento Fibra. Además, se señaló que Contreras no garantizó el cumplimiento de los convenios mediante documentos de respaldo, como vale vista o pólizas de seguro, que aseguraran el uso adecuado de los fondos. Con todas las conductas ya descritas , además de la infracción grave a los deberes de su cargo de seremi Minvu de la Región de Antofagasta, el imputado Carlos Contreras vulneró los principios de probidad administrativa y de imparcialidad en materia administrativa, en tanto observó un desempeño deshonesto y desleal en un cargo , con preeminencia en intereses particulares y no actuó con objetividad en la suscripción y aprobación de los tres convenios suscritos por su servicio , resumió Aguilar. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue concedida. Cabe recordar que Contreras ya estaba bajo esta medida cautelar por la arista TomArte del caso. El Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de investigación de 45 días para continuar con el proceso.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, imputado por el Ministerio Público como autor de 12 delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho. Los ilícitos fueron perpetrados durante 2022 en el marco de los convenios suscritos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y las fundaciones Democracia Viva, TomArte, Fibra y Fusupo. En fallo dividido, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Jasna Pavlich Núñez, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al compartir que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Atendido el mérito de los antecedentes, compartiendo los argumentos del juez a quo... se requiere para el éxito de la investigación la mantención de la cautelar actualmente vigente, especifica el texto. La resolución agrega que no ha logrado la defensa desvirtuar las presunciones de participación del imputado Contreras Gutiérrez en todas las aristas que se investigan en relación con los ilícitos por los cuales ha sido formalizado. Las funciones públicas que realizaba como Seremi de Vivienda en relación con los convenios, y su pertenencia al mismo partido político que otros encausados con quienes tenía vínculos amistosos hacen presumir fundadamente que tenía conocimiento sobre cómo se ejecutaban dichos ilícitos.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha solicitado la a mpliación de las pesquisas en el caso Democracia Viva, en el que se investigan presuntas irregularidades financieras vinculadas a fundaciones y entidades públicas. La solicitud, que está siendo evaluada por el Tribunal de Garantía desde las 08:30 horas de esta mañana, se basa en nuevos antecedentes que, según los querellantes, resultarían clave para el esclarecimiento de los hechos. El abogado querellante, Pablo Toloza, expresó su apoyo a la petición de la Fiscalía, argumentando que han surgido elementos relevantes que podrían arrojar luz sobre las irregularidades. Uno de los puntos más destacados en la solicitud es la importancia de mantener en secreto las conversaciones obtenidas del teléfono celular de Daniel Andrade, exdirector de la Fundación Democracia Viva. Según Toloza, estas conversaciones, que incluyen intercambios por WhatsApp entre Andrade y la diputada Catalina Pérez, ex pareja del implicado, podrían ser fundamentales para avanzar en la investigación. A lo largo de la investigación, que lleva más de un año y cinco meses bajo la dirección del fiscal Cristián Aguilar, han surgido conexiones entre los principales imputados: el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras; el exdirector de la fundación, Daniel Andrade; y la concejala Paz Fuica. La Fiscalía ha agrupado la indagatoria con otros casos relacionados con tres fundaciones distintas, lo que ha permitido obtener un panorama más amplio de las presuntas irregularidades. Sin embargo, la solicitud de ampliación de la investigación ha provocado reacciones contrapuestas. En una carta publicada por La Tercera, Carlos Contreras, uno de los imputados clave, c uestionó la imparcialidad de la Fiscalía y acusó al Ministerio Público de omitir información importante que podría cambiar el curso de la investigación. Contreras sostuvo que la Fiscalía no ha profundizado en posibles pruebas que, según él, podrían esclarecer el caso, como el informe entregado por la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, a las autoridades de La Moneda. Además, el exseremi de Vivienda negó las acusaciones de tráfico de influencias que lo vinculan con la diputada Catalina Pérez, quien ha sido mencionada en las conversaciones telefónicas entre Pérez y Andrade. Contreras defendió su actuación y la de su equipo, asegurando que las acusaciones carecen de fundamento.
En una operación coordinada entre la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de Antofagasta y oficiales de Punta Arenas, se realizaron dos detenciones vinculadas a un caso de fraude al fisco y organismos del estado. Las detenciones responden a una orden emitida por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. Las personas detenidas son la expresidenta de la Fundación Fibra y una contratista de la misma organización. La primera, quien se encontraba en Punta Arenas al momento de su arresto, fue trasladada a Antofagasta para enfrentar la audiencia de formalización de cargos, la cual se llevó a cabo este lunes en la capital de la Región de Antofagasta. La segunda detenida, la contratista, fue aprehendida en su domicilio en Antofagasta. Ambas mujeres enfrentan acusaciones de fraude al fisco por la presunta malversación de fondos. El Subprefecto Néctor Rojas, jefe de la BRIDEC, explicó que las diligencias buscan esclarecer el destino de 430 millones de pesos que fueron asignados a la Fundación Fibra para la ejecución de diversos proyectos en campamentos de la región.
En una serie de audiencias extensas que se extendieron por más de cinco horas, la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja de Antofagasta formalizó al ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras Gutiérrez, por dos delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho, en el marco de la arista Fusupo del Caso Convenios. Posteriormente, en una segunda audiencia, se formalizó a M.D.O., arista Fibra del mismo caso. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, detalló que el 1 de julio de 2022, el Ministerio de Vivienda (Minvu) suscribió dos convenios con la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (Fusupo) por montos de $148.154.096 y $135.884.000, destinados a ejecutar un Plan de Acompañamiento Social y Comunitario en campamentos de la ciudad. Sin embargo, el ex seremi Carlos Contreras habría solicitado de manera arbitraria y sin autorización la contratación de dos personas con fondos de los convenios, incluyendo a la psicóloga Paz Fuica Contreras, quien también está formalizada en la arista Democracia Viva del Caso Convenios. El Juzgado de Garantía de Antofagasta accedió a diferir la discusión de las medidas cautelares para Contreras hasta el 18 de octubre. La investigación para esta arista se extendió a un plazo de 75 días. En la segunda audiencia, se formalizó a M.D.O. y a L.C.M. por su implicación en la arista Fibra. En septiembre de 2022, el Minvu firmó tres convenios con el Movimiento Fibra para obras básicas en varios campamentos, por un total de $430 millones. Según la Fiscalía, Contreras intervino directamente en el proceso de adjudicación, favoreciendo a Fibra y reasignando proyectos sin justificación. Posteriormente, Fibra contrató a Triángulo Spa, representada por L.C.M., quien obtuvo un lucro ilegítimo de $36.474.704 mediante facturas emitidas entre enero y diciembre de 2023. Durante la audiencia, el fiscal Aguilar subrayó que Fibra no contaba con la experiencia necesaria para llevar a cabo las obras, y que el ex seremi favoreció a M.D.O. por razones de amistad y vínculos políticos. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para L.C.M., medida que fue concedida, mientras que M.D.O. quedó bajo arraigo nacional. El plazo de investigación para esta arista se estableció en 45 días. Con estas formalizaciones, suman cuatro las aristas judicializadas por la Fiscalía en el Caso Convenios, tras las formalizaciones en las aristas Democracia Viva (diciembre), TomArte (abril) y Fibra (la semana pasada).
La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado hoy una investigación contra Carlos Contreras Gutiérrez, ex Secretario Regional Ministerial (seremi) de Vivienda y Urbanismo, por su presunta participación en tres delitos de fraude al fisco. La acusación se centra en convenios suscritos en septiembre de 2022 con la Fundación Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra para la ejecución de obras de habitabilidad primaria en diversos campamentos de la ciudad. La investigación, que marca la tercera fase del denominado Caso Convenios, se suma a las ya judicializadas aristas Democracia Viva y TomArte, las cuales recientemente fueron consolidadas en una única causa. Los convenios cuestionados, firmados por Contreras entre el 20 y 22 de septiembre de 2022, abarcan proyectos en los campamentos Camino al Futuro, Vista Hermosa y 18 de Septiembre, con montos de $150 millones, $200 millones y $80 millones, respectivamente. En la audiencia, el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela detalló que Contreras actuó en grave contravención a sus deberes al seleccionar y reasignar proyectos a Movimiento Fibra, una fundación que no cumplía con los requisitos necesarios para recibir los fondos. Aguilar expuso que el ex seremi no solo proporcionó datos de contacto de la fundación favorecida sino que también realizó asignaciones sin justificación y sin seguir los procedimientos adecuados. El fiscal destacó que las resoluciones que aprobaron los convenios carecen de motivación sobre la selección directa de la fundación en lugar de una licitación pública y no justifican la elección de Movimiento Fibra. Además, se señaló que Contreras no garantizó el cumplimiento de los convenios mediante documentos de respaldo, como vale vista o pólizas de seguro, que aseguraran el uso adecuado de los fondos. Con todas las conductas ya descritas , además de la infracción grave a los deberes de su cargo de seremi Minvu de la Región de Antofagasta, el imputado Carlos Contreras vulneró los principios de probidad administrativa y de imparcialidad en materia administrativa, en tanto observó un desempeño deshonesto y desleal en un cargo , con preeminencia en intereses particulares y no actuó con objetividad en la suscripción y aprobación de los tres convenios suscritos por su servicio , resumió Aguilar. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta la prisión preventiva del imputado por peligro para la seguridad de la sociedad, solicitud que fue concedida. Cabe recordar que Contreras ya estaba bajo esta medida cautelar por la arista TomArte del caso. El Juzgado de Garantía ha establecido un plazo de investigación de 45 días para continuar con el proceso.
