En un operativo dirigido por el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y el fiscal Eduardo Ríos Briones, la Fiscalía llevó a cabo allanamientos en cinco ubicaciones de la Zona Franca de Iquique, incluyendo el Edificio Corporativo de Zofri S.A. y oficinas de usuarios. La acción, respaldada por una orden judicial y la colaboración de la Jefatura de Investigación Patrimonial del OS7 de Carabineros, se enmarca en tres investigaciones distintas por fraude al Fisco, contrabando y delitos tributarios. Las pesquisas se originaron en informes de la Contraloría General de la República, una querella del Servicio de Impuestos Internos y una denuncia del Servicio Nacional de Aduanas, causas que fueron transferidas a la Fiscalía Regional de Antofagasta por el Fiscal Nacional. Durante los allanamientos, se incautó evidencia digital y documental relevante para las investigaciones, la cual será analizada por las autoridades. Los fiscales destacaron que estas diligencias forman parte de un esfuerzo continuo para desarticular posibles redes delictivas que operan en la Zona Franca, afectando los intereses fiscales del Estado.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) denunció ante el Ministerio Público a las empresas Agroparcelas Chile SpA (ex Inmobiliaria Costa del Sol) e Inversiones Mundo SpA (Mundo Parcelas) tras detectar posibles irregularidades en la venta de terrenos. Como resultado, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer si hubo delitos en estas operaciones. Ante esto, más de un centenar de consumidores presentaron reclamos ante el organismo por la venta de parcelas en regiones como Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule. Según el SERNAC, la modalidad de negocio más utilizada consistía en la promesa de venta de terrenos agrícolas que aún no estaban subdivididos ni contaban con un rol propio. Los compradores debían pagar la mayor parte del precio con la promesa de recibir la propiedad en uno o dos años, algo que en muchos casos no se concretó. En su investigación, SERNAC identificó dos tipos de operaciones: los “proyectos de parcelación en verde”, donde los terrenos no tenían rol propio y su entrega podía no materializarse, y la venta de “parcelas con rol único”, una modalidad menos frecuente pero que ofrecía mayor certeza a los compradores. Asimismo, el caso ha estado en la mira del SERNAC desde hace meses. Incluso, el representante legal de las empresas fue citado a declarar, pero no asistió, lo que llevó a solicitar una orden de arresto en su contra. Finalmente, en enero, la citación se concretó y se recopilaron antecedentes que permitieron interponer la denuncia ante la justicia. SERNAC llamó a los consumidores a informarse bien antes de adquirir parcelas y, en caso de haber sido afectados, denunciar ante Fiscalía, policías o a través de Sernac.cl.
Este jueves, el seremi de Salud, Alberto Godoy, confirmó el término de un sumario interno que investigó la emisión fraudulenta de al menos 60 licencias médicas en la ciudad Calama. En concreto y conforme a lo explicado por la autoridad, los hechos están relacionados con licencias médicas tramitadas por un exfuncionario de la Compin de la Unidad de Licencias Médicas, de la Oficina Provincial El Loa, de la Seremi de Salud, quien según la investigación, habría generado una serie de mecanismos para cursar licencias en favor de parientes y amigos. Por otra parte, aprovechando su rol como dependiente del servicio, el exempleado público, habría mal utilizado el sistema informático de tramitación, ingresando las supuestas licencias médicas, validándolas médicamente y otorgándole el visto bueno para el pago del respectivo subsidio. Las irregularidades cometidas por el otrora colaborador de la oficina calameña quedaron al descubierto gracias a los permanentes controles implementados por Compin para garantizar el buen uso y funcionamiento del sistema. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Local de Calama junto con el Consejo de Defensa del Estado. Así las cosas, el seremi recordó que en 2012 se publicó la Ley 20.585 del Ministerio de Salud sobre Otorgamiento y Uso de las Licencias Médicas, que establece regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento correcto y uso adecuado de las licencias médicas. Finalmente, la mencionada normativa otorga facultades a la Compin para aplicar medidas de control y fiscalización así como también para generar sanciones respecto a conductas fraudulentas relacionadas con las licencias médicas.
La Fiscalía Metropolitana Oriente ha centrado su atención en el diputado Joaquín Lavín León, esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga, tras el allanamiento de su oficina en el Congreso y su vivienda en Peñaflor el pasado 29 de octubre. La investigación busca determinar si el parlamentario estuvo involucrado en un esquema de malversación de fondos públicos, similar a los delitos que la fiscalía le imputa a Barriga. Según la fiscal Constanza Encina, si las pruebas recabadas durante los allanamientos —que incluyen análisis de documentos y registros— confirman que se utilizaron fondos públicos de manera indebida, solicitarán el desafuero de Lavín y su formalización ante los tribunales. Ante esto, el diputado es investigado por su presunta implicación en la rendición de facturas falsas, relacionadas con gastos de la municipalidad de Maipú, por un monto de aproximadamente $17 millones. Además, se le investiga por delitos de lavado de activos, fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Asimismo, la fiscal Encina explicó que, en el caso de Barriga, la exalcaldesa utilizó mecanismos de defraudación, como la rebaja indebida de certificados de disponibilidad presupuestaria, para justificar gastos y desviar fondos municipales. En particular, se cuestiona el uso de recursos destinados a la educación pública para fines políticos y promocionales, que habrían favorecido su imagen pública a expensas de los ciudadanos. Finalmente, el caso sigue en desarrollo y, de encontrarse evidencias suficientes, podría llevar a la formalización de nuevos imputados, incluyendo al propio Lavín, lo que implicaría su desafuero como parlamentario para poder enfrentar los cargos judiciales.
En un operativo dirigido por el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y el fiscal Eduardo Ríos Briones, la Fiscalía llevó a cabo allanamientos en cinco ubicaciones de la Zona Franca de Iquique, incluyendo el Edificio Corporativo de Zofri S.A. y oficinas de usuarios. La acción, respaldada por una orden judicial y la colaboración de la Jefatura de Investigación Patrimonial del OS7 de Carabineros, se enmarca en tres investigaciones distintas por fraude al Fisco, contrabando y delitos tributarios. Las pesquisas se originaron en informes de la Contraloría General de la República, una querella del Servicio de Impuestos Internos y una denuncia del Servicio Nacional de Aduanas, causas que fueron transferidas a la Fiscalía Regional de Antofagasta por el Fiscal Nacional. Durante los allanamientos, se incautó evidencia digital y documental relevante para las investigaciones, la cual será analizada por las autoridades. Los fiscales destacaron que estas diligencias forman parte de un esfuerzo continuo para desarticular posibles redes delictivas que operan en la Zona Franca, afectando los intereses fiscales del Estado.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) denunció ante el Ministerio Público a las empresas Agroparcelas Chile SpA (ex Inmobiliaria Costa del Sol) e Inversiones Mundo SpA (Mundo Parcelas) tras detectar posibles irregularidades en la venta de terrenos. Como resultado, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer si hubo delitos en estas operaciones. Ante esto, más de un centenar de consumidores presentaron reclamos ante el organismo por la venta de parcelas en regiones como Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule. Según el SERNAC, la modalidad de negocio más utilizada consistía en la promesa de venta de terrenos agrícolas que aún no estaban subdivididos ni contaban con un rol propio. Los compradores debían pagar la mayor parte del precio con la promesa de recibir la propiedad en uno o dos años, algo que en muchos casos no se concretó. En su investigación, SERNAC identificó dos tipos de operaciones: los “proyectos de parcelación en verde”, donde los terrenos no tenían rol propio y su entrega podía no materializarse, y la venta de “parcelas con rol único”, una modalidad menos frecuente pero que ofrecía mayor certeza a los compradores. Asimismo, el caso ha estado en la mira del SERNAC desde hace meses. Incluso, el representante legal de las empresas fue citado a declarar, pero no asistió, lo que llevó a solicitar una orden de arresto en su contra. Finalmente, en enero, la citación se concretó y se recopilaron antecedentes que permitieron interponer la denuncia ante la justicia. SERNAC llamó a los consumidores a informarse bien antes de adquirir parcelas y, en caso de haber sido afectados, denunciar ante Fiscalía, policías o a través de Sernac.cl.
Este jueves, el seremi de Salud, Alberto Godoy, confirmó el término de un sumario interno que investigó la emisión fraudulenta de al menos 60 licencias médicas en la ciudad Calama. En concreto y conforme a lo explicado por la autoridad, los hechos están relacionados con licencias médicas tramitadas por un exfuncionario de la Compin de la Unidad de Licencias Médicas, de la Oficina Provincial El Loa, de la Seremi de Salud, quien según la investigación, habría generado una serie de mecanismos para cursar licencias en favor de parientes y amigos. Por otra parte, aprovechando su rol como dependiente del servicio, el exempleado público, habría mal utilizado el sistema informático de tramitación, ingresando las supuestas licencias médicas, validándolas médicamente y otorgándole el visto bueno para el pago del respectivo subsidio. Las irregularidades cometidas por el otrora colaborador de la oficina calameña quedaron al descubierto gracias a los permanentes controles implementados por Compin para garantizar el buen uso y funcionamiento del sistema. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Local de Calama junto con el Consejo de Defensa del Estado. Así las cosas, el seremi recordó que en 2012 se publicó la Ley 20.585 del Ministerio de Salud sobre Otorgamiento y Uso de las Licencias Médicas, que establece regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento correcto y uso adecuado de las licencias médicas. Finalmente, la mencionada normativa otorga facultades a la Compin para aplicar medidas de control y fiscalización así como también para generar sanciones respecto a conductas fraudulentas relacionadas con las licencias médicas.
La Fiscalía Metropolitana Oriente ha centrado su atención en el diputado Joaquín Lavín León, esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga, tras el allanamiento de su oficina en el Congreso y su vivienda en Peñaflor el pasado 29 de octubre. La investigación busca determinar si el parlamentario estuvo involucrado en un esquema de malversación de fondos públicos, similar a los delitos que la fiscalía le imputa a Barriga. Según la fiscal Constanza Encina, si las pruebas recabadas durante los allanamientos —que incluyen análisis de documentos y registros— confirman que se utilizaron fondos públicos de manera indebida, solicitarán el desafuero de Lavín y su formalización ante los tribunales. Ante esto, el diputado es investigado por su presunta implicación en la rendición de facturas falsas, relacionadas con gastos de la municipalidad de Maipú, por un monto de aproximadamente $17 millones. Además, se le investiga por delitos de lavado de activos, fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Asimismo, la fiscal Encina explicó que, en el caso de Barriga, la exalcaldesa utilizó mecanismos de defraudación, como la rebaja indebida de certificados de disponibilidad presupuestaria, para justificar gastos y desviar fondos municipales. En particular, se cuestiona el uso de recursos destinados a la educación pública para fines políticos y promocionales, que habrían favorecido su imagen pública a expensas de los ciudadanos. Finalmente, el caso sigue en desarrollo y, de encontrarse evidencias suficientes, podría llevar a la formalización de nuevos imputados, incluyendo al propio Lavín, lo que implicaría su desafuero como parlamentario para poder enfrentar los cargos judiciales.
