El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) denunció ante el Ministerio Público a las empresas Agroparcelas Chile SpA (ex Inmobiliaria Costa del Sol) e Inversiones Mundo SpA (Mundo Parcelas) tras detectar posibles irregularidades en la venta de terrenos. Como resultado, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer si hubo delitos en estas operaciones. Ante esto, más de un centenar de consumidores presentaron reclamos ante el organismo por la venta de parcelas en regiones como Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule. Según el SERNAC, la modalidad de negocio más utilizada consistía en la promesa de venta de terrenos agrícolas que aún no estaban subdivididos ni contaban con un rol propio. Los compradores debían pagar la mayor parte del precio con la promesa de recibir la propiedad en uno o dos años, algo que en muchos casos no se concretó. En su investigación, SERNAC identificó dos tipos de operaciones: los “proyectos de parcelación en verde”, donde los terrenos no tenían rol propio y su entrega podía no materializarse, y la venta de “parcelas con rol único”, una modalidad menos frecuente pero que ofrecía mayor certeza a los compradores. Asimismo, el caso ha estado en la mira del SERNAC desde hace meses. Incluso, el representante legal de las empresas fue citado a declarar, pero no asistió, lo que llevó a solicitar una orden de arresto en su contra. Finalmente, en enero, la citación se concretó y se recopilaron antecedentes que permitieron interponer la denuncia ante la justicia. SERNAC llamó a los consumidores a informarse bien antes de adquirir parcelas y, en caso de haber sido afectados, denunciar ante Fiscalía, policías o a través de Sernac.cl.
Este jueves, el seremi de Salud, Alberto Godoy, confirmó el término de un sumario interno que investigó la emisión fraudulenta de al menos 60 licencias médicas en la ciudad Calama. En concreto y conforme a lo explicado por la autoridad, los hechos están relacionados con licencias médicas tramitadas por un exfuncionario de la Compin de la Unidad de Licencias Médicas, de la Oficina Provincial El Loa, de la Seremi de Salud, quien según la investigación, habría generado una serie de mecanismos para cursar licencias en favor de parientes y amigos. Por otra parte, aprovechando su rol como dependiente del servicio, el exempleado público, habría mal utilizado el sistema informático de tramitación, ingresando las supuestas licencias médicas, validándolas médicamente y otorgándole el visto bueno para el pago del respectivo subsidio. Las irregularidades cometidas por el otrora colaborador de la oficina calameña quedaron al descubierto gracias a los permanentes controles implementados por Compin para garantizar el buen uso y funcionamiento del sistema. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Local de Calama junto con el Consejo de Defensa del Estado. Así las cosas, el seremi recordó que en 2012 se publicó la Ley 20.585 del Ministerio de Salud sobre Otorgamiento y Uso de las Licencias Médicas, que establece regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento correcto y uso adecuado de las licencias médicas. Finalmente, la mencionada normativa otorga facultades a la Compin para aplicar medidas de control y fiscalización así como también para generar sanciones respecto a conductas fraudulentas relacionadas con las licencias médicas.
La Fiscalía Metropolitana Oriente ha centrado su atención en el diputado Joaquín Lavín León, esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga, tras el allanamiento de su oficina en el Congreso y su vivienda en Peñaflor el pasado 29 de octubre. La investigación busca determinar si el parlamentario estuvo involucrado en un esquema de malversación de fondos públicos, similar a los delitos que la fiscalía le imputa a Barriga. Según la fiscal Constanza Encina, si las pruebas recabadas durante los allanamientos —que incluyen análisis de documentos y registros— confirman que se utilizaron fondos públicos de manera indebida, solicitarán el desafuero de Lavín y su formalización ante los tribunales. Ante esto, el diputado es investigado por su presunta implicación en la rendición de facturas falsas, relacionadas con gastos de la municipalidad de Maipú, por un monto de aproximadamente $17 millones. Además, se le investiga por delitos de lavado de activos, fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Asimismo, la fiscal Encina explicó que, en el caso de Barriga, la exalcaldesa utilizó mecanismos de defraudación, como la rebaja indebida de certificados de disponibilidad presupuestaria, para justificar gastos y desviar fondos municipales. En particular, se cuestiona el uso de recursos destinados a la educación pública para fines políticos y promocionales, que habrían favorecido su imagen pública a expensas de los ciudadanos. Finalmente, el caso sigue en desarrollo y, de encontrarse evidencias suficientes, podría llevar a la formalización de nuevos imputados, incluyendo al propio Lavín, lo que implicaría su desafuero como parlamentario para poder enfrentar los cargos judiciales.
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cinco personas acusadas de participar en un fraude informático y lavado de activos que afectó a BancoEstado por un monto superior a los $6 mil millones. Entre los detenidos se encuentran tres exfuncionarios de la entidad, quienes habrían utilizado su acceso y conocimiento del sistema bancario para realizar transferencias indebidas. Ante esto, según el prefecto Marcelo Romero, jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana, la investigación comenzó en agosto tras una denuncia presentada por BancoEstado.La empresa detectó falencias en el sistema de transferencia de cuentas rezagadas, en las cuales se acumulaban fondos que no eran revisados permanentemente, detalló el detective. Asimismo, los hechos ocurrieron entre 2021 y mediados de 2023, periodo en el cual los imputados realizaron transferencias por un total de $6.170.000.000 a dos personas sin relación con acreencias en el banco. La PDI también incautó parte del patrimonio de los implicados, incluyendo cuatro vehículos de alta gama. Finalmente, la Fiscalía Centro Norte continuará investigando los hechos para determinar el destino del dinero y la posible implicación de otros involucrados.
Un proceso judicial ha captado la atención de la comunidad de Linares, dado el impacto potencial en la administración pública y la confianza de los ciudadanos. El alcalde Mario Meza, junto al director de Dideco, Jhon Sancho, y otros siete funcionarios y exfuncionarios municipales, han sido formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado, sumando un total de 14 personas involucradas. La investigación revela que se llevaron a cabo contratos irregulares con ciertas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas con grandes sumas de dinero. Un informe de la Contraloría General de la República indica que se pagaron montos excesivos en la compra de cloro y kits de test rápido de COVID-19. En concreto, se desembolsaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, lo que representa un sobreprecio del 76% en comparación con el precio de mercado. Además, la adquisición de 3.000 kits de test rápido por $64.260.000 mostró un sobreprecio del 76,7%. El alcalde Meza, quien presentó su renuncia al cargo este jueves 26 de septiembre para postularse a un tercer mandato en las elecciones del 26 y 27 de octubre, ha manifestado su descontento con el proceso judicial, calificándolo de ataque político y denunciando el uso de la institucionalidad con fines partidistas. Finalmente, este caso ha generado gran expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el posible impacto en la administración pública local y la confianza ciudadana.
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) denunció ante el Ministerio Público a las empresas Agroparcelas Chile SpA (ex Inmobiliaria Costa del Sol) e Inversiones Mundo SpA (Mundo Parcelas) tras detectar posibles irregularidades en la venta de terrenos. Como resultado, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer si hubo delitos en estas operaciones. Ante esto, más de un centenar de consumidores presentaron reclamos ante el organismo por la venta de parcelas en regiones como Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule. Según el SERNAC, la modalidad de negocio más utilizada consistía en la promesa de venta de terrenos agrícolas que aún no estaban subdivididos ni contaban con un rol propio. Los compradores debían pagar la mayor parte del precio con la promesa de recibir la propiedad en uno o dos años, algo que en muchos casos no se concretó. En su investigación, SERNAC identificó dos tipos de operaciones: los “proyectos de parcelación en verde”, donde los terrenos no tenían rol propio y su entrega podía no materializarse, y la venta de “parcelas con rol único”, una modalidad menos frecuente pero que ofrecía mayor certeza a los compradores. Asimismo, el caso ha estado en la mira del SERNAC desde hace meses. Incluso, el representante legal de las empresas fue citado a declarar, pero no asistió, lo que llevó a solicitar una orden de arresto en su contra. Finalmente, en enero, la citación se concretó y se recopilaron antecedentes que permitieron interponer la denuncia ante la justicia. SERNAC llamó a los consumidores a informarse bien antes de adquirir parcelas y, en caso de haber sido afectados, denunciar ante Fiscalía, policías o a través de Sernac.cl.
Este jueves, el seremi de Salud, Alberto Godoy, confirmó el término de un sumario interno que investigó la emisión fraudulenta de al menos 60 licencias médicas en la ciudad Calama. En concreto y conforme a lo explicado por la autoridad, los hechos están relacionados con licencias médicas tramitadas por un exfuncionario de la Compin de la Unidad de Licencias Médicas, de la Oficina Provincial El Loa, de la Seremi de Salud, quien según la investigación, habría generado una serie de mecanismos para cursar licencias en favor de parientes y amigos. Por otra parte, aprovechando su rol como dependiente del servicio, el exempleado público, habría mal utilizado el sistema informático de tramitación, ingresando las supuestas licencias médicas, validándolas médicamente y otorgándole el visto bueno para el pago del respectivo subsidio. Las irregularidades cometidas por el otrora colaborador de la oficina calameña quedaron al descubierto gracias a los permanentes controles implementados por Compin para garantizar el buen uso y funcionamiento del sistema. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Local de Calama junto con el Consejo de Defensa del Estado. Así las cosas, el seremi recordó que en 2012 se publicó la Ley 20.585 del Ministerio de Salud sobre Otorgamiento y Uso de las Licencias Médicas, que establece regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento correcto y uso adecuado de las licencias médicas. Finalmente, la mencionada normativa otorga facultades a la Compin para aplicar medidas de control y fiscalización así como también para generar sanciones respecto a conductas fraudulentas relacionadas con las licencias médicas.
La Fiscalía Metropolitana Oriente ha centrado su atención en el diputado Joaquín Lavín León, esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga, tras el allanamiento de su oficina en el Congreso y su vivienda en Peñaflor el pasado 29 de octubre. La investigación busca determinar si el parlamentario estuvo involucrado en un esquema de malversación de fondos públicos, similar a los delitos que la fiscalía le imputa a Barriga. Según la fiscal Constanza Encina, si las pruebas recabadas durante los allanamientos —que incluyen análisis de documentos y registros— confirman que se utilizaron fondos públicos de manera indebida, solicitarán el desafuero de Lavín y su formalización ante los tribunales. Ante esto, el diputado es investigado por su presunta implicación en la rendición de facturas falsas, relacionadas con gastos de la municipalidad de Maipú, por un monto de aproximadamente $17 millones. Además, se le investiga por delitos de lavado de activos, fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Asimismo, la fiscal Encina explicó que, en el caso de Barriga, la exalcaldesa utilizó mecanismos de defraudación, como la rebaja indebida de certificados de disponibilidad presupuestaria, para justificar gastos y desviar fondos municipales. En particular, se cuestiona el uso de recursos destinados a la educación pública para fines políticos y promocionales, que habrían favorecido su imagen pública a expensas de los ciudadanos. Finalmente, el caso sigue en desarrollo y, de encontrarse evidencias suficientes, podría llevar a la formalización de nuevos imputados, incluyendo al propio Lavín, lo que implicaría su desafuero como parlamentario para poder enfrentar los cargos judiciales.
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cinco personas acusadas de participar en un fraude informático y lavado de activos que afectó a BancoEstado por un monto superior a los $6 mil millones. Entre los detenidos se encuentran tres exfuncionarios de la entidad, quienes habrían utilizado su acceso y conocimiento del sistema bancario para realizar transferencias indebidas. Ante esto, según el prefecto Marcelo Romero, jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana, la investigación comenzó en agosto tras una denuncia presentada por BancoEstado.La empresa detectó falencias en el sistema de transferencia de cuentas rezagadas, en las cuales se acumulaban fondos que no eran revisados permanentemente, detalló el detective. Asimismo, los hechos ocurrieron entre 2021 y mediados de 2023, periodo en el cual los imputados realizaron transferencias por un total de $6.170.000.000 a dos personas sin relación con acreencias en el banco. La PDI también incautó parte del patrimonio de los implicados, incluyendo cuatro vehículos de alta gama. Finalmente, la Fiscalía Centro Norte continuará investigando los hechos para determinar el destino del dinero y la posible implicación de otros involucrados.
Un proceso judicial ha captado la atención de la comunidad de Linares, dado el impacto potencial en la administración pública y la confianza de los ciudadanos. El alcalde Mario Meza, junto al director de Dideco, Jhon Sancho, y otros siete funcionarios y exfuncionarios municipales, han sido formalizados por su presunta responsabilidad en el delito de fraude al fisco reiterado, sumando un total de 14 personas involucradas. La investigación revela que se llevaron a cabo contratos irregulares con ciertas empresas para la adquisición de artículos de aseo, transporte y alimentos, favoreciendo a algunas con grandes sumas de dinero. Un informe de la Contraloría General de la República indica que se pagaron montos excesivos en la compra de cloro y kits de test rápido de COVID-19. En concreto, se desembolsaron $32.130.000 por 6.000 bidones de cloro, lo que representa un sobreprecio del 76% en comparación con el precio de mercado. Además, la adquisición de 3.000 kits de test rápido por $64.260.000 mostró un sobreprecio del 76,7%. El alcalde Meza, quien presentó su renuncia al cargo este jueves 26 de septiembre para postularse a un tercer mandato en las elecciones del 26 y 27 de octubre, ha manifestado su descontento con el proceso judicial, calificándolo de ataque político y denunciando el uso de la institucionalidad con fines partidistas. Finalmente, este caso ha generado gran expectación en Linares, no solo por la relevancia de los involucrados, sino también por el posible impacto en la administración pública local y la confianza ciudadana.
