Un informe reciente de la Contraloría General de la República ha generado preocupación en relación al manejo de recursos municipales en diversas comunas del país. Según el documento, varios municipios han destinado más fondos a celebraciones que a programas de asistencia social dirigidos a personas naturales durante los años 2024 y 2025. El informe, conocido como Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, analizó el gasto público municipal y reveló notables disparidades entre los recursos destinados a eventos festivos y aquellos dirigidos a apoyo social directo. En la Región de Antofagasta, el informe destaca especialmente a comunas de menor tamaño poblacional como Sierra Gorda y San Pedro de Atacama, donde el impacto del gasto por habitante es significativo debido a la baja densidad demográfica. En el caso de Sierra Gorda, se identificó un gasto total de $297.290.560 en celebraciones durante el periodo analizado. Con una población de 1.472 habitantes según datos del Censo 2024, esto representa un desembolso promedio de $201.964 por persona, situando a la comuna entre las que más gastan per cápita en este tipo de actividades a nivel nacional. El informe señala que este promedio supera ampliamente el gasto promedio nacional en celebraciones municipales, estimado en $9.064 por habitante. Sierra Gorda se encuentra entre las comunas que más exceden esta referencia, junto con localidades como Río Verde, Camarones, Laguna Blanca y Torres del Paine. Por otro lado, el reporte también identifica casos donde el gasto en celebraciones supera con creces los recursos destinados a asistencia social. En este sentido, San Pedro de Atacama registró una diferencia superior a $90 millones entre lo invertido en festividades y los fondos asignados al apoyo directo a personas naturales durante 2024. La observación realizada por la Contraloría plantea un debate sobre la priorización del gasto público municipal, especialmente en comunas con necesidades sociales vinculadas a territorios extensos, localidades remotas y población vulnerable. Aunque las celebraciones comunales son parte importante de las tradiciones y la identidad cultural local, se destaca la importancia de mantener un equilibrio en el uso de los recursos públicos, priorizando programas de asistencia social cuando las necesidades de la población así lo requieran. El informe también menciona otros municipios del país que han registrado altos niveles de gasto en celebraciones, como Alto Hospicio, Vitacura y Padre Las Casas, aunque en estos casos el monto total corresponde a comunas con mayor cantidad de habitantes. En contraste, Antofagasta se sitúa en cuarto lugar a nivel nacional en cuanto al gasto total en celebraciones con $472.415.085 durante los años 2024 y 2025. Sin embargo, al dividir esta cifra por su población, el promedio es de $1.178 por habitante, una de las cifras más bajas dentro del análisis realizado. El objetivo del reporte emitido por la Contraloría es brindar transparencia sobre el uso de recursos municipales y fomentar un debate sobre la planificación presupuestaria local, especialmente en áreas donde el gasto per cápita puede ser considerablemente superior al promedio nacional.
Un complejo caso ha sacudido a la Municipalidad de Sierra Gorda, donde la Alcaldesa Adriana Rivera Vega ha presentado una querella por Malversación de Caudales Públicos contra ex funcionarios de la Fundación Cultural de Sierra Gorda. Esta acción se tomó luego de una revisión que reveló la falta de documentación en la rendición de gastos. Al asumir el cargo el actual Secretario Ejecutivo, se detectó una situación irregular en una revisión administrativa, donde se solicitaba el reintegro de $8.782.637 pesos. La Fundación no registra documentación suficiente que justifique el uso correcto de esos recursos. La ausencia de respaldos válidos impide acreditar el destino del gasto y abre la posibilidad de un caso de uso indebido de fondos públicos, alertó el nuevo funcionario por medio de un correo electrónico. La alcaldesa, en su calidad de presidenta de la Fundación Cultural, inició una revisión que reveló la falta de existencia de documentos o respaldo del monto y que los recursos fueron utilizados para fines distintos a los destinados. Se encontraron egresos para servicios de traslado y compra de vestimenta para proyectos de forma indebida, es decir, no con los recursos destinados efectivamente para dichos proyectos. Los hechos ocurridos bajo las gestiones de los otrora secretarios Michael Díaz Brito y Luis Larrea Araya han sido identificados como irregulares. De acuerdo a la acusación, los ex funcionarios mantenían a la institución bajo una estructura precaria, sin controles internos, con equipos obsoletos y una deficiente trazabilidad de movimientos bancarios, rendiciones y respaldos contables. Se identificaron como funcionarios claves a Soledad Chacón Labbé y Rodrigo Alegre Alay, ambos ligados al área contable y con manejo directo de las chequeras y rendiciones. Ante las irregularidades detectadas, se menciona una bicicleta financiera donde se utilizaban recursos provenientes de la subvención municipal para cubrir gastos que debían ser pagados con recursos específicos. Además, se emitían cheques desde una cuenta que luego aparecían como nulos en la chequera, mientras el mismo gasto se financiaba con otra cuenta. También se realizaban depósitos incoherentes para cuadrar cifras en las rendiciones. Se destaca una operación especialmente significativa: la compra de vestuario por un monto aproximado de $4.700.000 destinada a una agrupación ajena al objetivo propio de la Fundación Cultural. Estas acciones habrían sido aprobadas por Michael Díaz e involucraban financiamiento para trajes a una Agrupación Folclórica dedicada al caporal sin relación con la Fundación.
Un informe reciente de la Contraloría General de la República ha generado preocupación en relación al manejo de recursos municipales en diversas comunas del país. Según el documento, varios municipios han destinado más fondos a celebraciones que a programas de asistencia social dirigidos a personas naturales durante los años 2024 y 2025. El informe, conocido como Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, analizó el gasto público municipal y reveló notables disparidades entre los recursos destinados a eventos festivos y aquellos dirigidos a apoyo social directo. En la Región de Antofagasta, el informe destaca especialmente a comunas de menor tamaño poblacional como Sierra Gorda y San Pedro de Atacama, donde el impacto del gasto por habitante es significativo debido a la baja densidad demográfica. En el caso de Sierra Gorda, se identificó un gasto total de $297.290.560 en celebraciones durante el periodo analizado. Con una población de 1.472 habitantes según datos del Censo 2024, esto representa un desembolso promedio de $201.964 por persona, situando a la comuna entre las que más gastan per cápita en este tipo de actividades a nivel nacional. El informe señala que este promedio supera ampliamente el gasto promedio nacional en celebraciones municipales, estimado en $9.064 por habitante. Sierra Gorda se encuentra entre las comunas que más exceden esta referencia, junto con localidades como Río Verde, Camarones, Laguna Blanca y Torres del Paine. Por otro lado, el reporte también identifica casos donde el gasto en celebraciones supera con creces los recursos destinados a asistencia social. En este sentido, San Pedro de Atacama registró una diferencia superior a $90 millones entre lo invertido en festividades y los fondos asignados al apoyo directo a personas naturales durante 2024. La observación realizada por la Contraloría plantea un debate sobre la priorización del gasto público municipal, especialmente en comunas con necesidades sociales vinculadas a territorios extensos, localidades remotas y población vulnerable. Aunque las celebraciones comunales son parte importante de las tradiciones y la identidad cultural local, se destaca la importancia de mantener un equilibrio en el uso de los recursos públicos, priorizando programas de asistencia social cuando las necesidades de la población así lo requieran. El informe también menciona otros municipios del país que han registrado altos niveles de gasto en celebraciones, como Alto Hospicio, Vitacura y Padre Las Casas, aunque en estos casos el monto total corresponde a comunas con mayor cantidad de habitantes. En contraste, Antofagasta se sitúa en cuarto lugar a nivel nacional en cuanto al gasto total en celebraciones con $472.415.085 durante los años 2024 y 2025. Sin embargo, al dividir esta cifra por su población, el promedio es de $1.178 por habitante, una de las cifras más bajas dentro del análisis realizado. El objetivo del reporte emitido por la Contraloría es brindar transparencia sobre el uso de recursos municipales y fomentar un debate sobre la planificación presupuestaria local, especialmente en áreas donde el gasto per cápita puede ser considerablemente superior al promedio nacional.
Un complejo caso ha sacudido a la Municipalidad de Sierra Gorda, donde la Alcaldesa Adriana Rivera Vega ha presentado una querella por Malversación de Caudales Públicos contra ex funcionarios de la Fundación Cultural de Sierra Gorda. Esta acción se tomó luego de una revisión que reveló la falta de documentación en la rendición de gastos. Al asumir el cargo el actual Secretario Ejecutivo, se detectó una situación irregular en una revisión administrativa, donde se solicitaba el reintegro de $8.782.637 pesos. La Fundación no registra documentación suficiente que justifique el uso correcto de esos recursos. La ausencia de respaldos válidos impide acreditar el destino del gasto y abre la posibilidad de un caso de uso indebido de fondos públicos, alertó el nuevo funcionario por medio de un correo electrónico. La alcaldesa, en su calidad de presidenta de la Fundación Cultural, inició una revisión que reveló la falta de existencia de documentos o respaldo del monto y que los recursos fueron utilizados para fines distintos a los destinados. Se encontraron egresos para servicios de traslado y compra de vestimenta para proyectos de forma indebida, es decir, no con los recursos destinados efectivamente para dichos proyectos. Los hechos ocurridos bajo las gestiones de los otrora secretarios Michael Díaz Brito y Luis Larrea Araya han sido identificados como irregulares. De acuerdo a la acusación, los ex funcionarios mantenían a la institución bajo una estructura precaria, sin controles internos, con equipos obsoletos y una deficiente trazabilidad de movimientos bancarios, rendiciones y respaldos contables. Se identificaron como funcionarios claves a Soledad Chacón Labbé y Rodrigo Alegre Alay, ambos ligados al área contable y con manejo directo de las chequeras y rendiciones. Ante las irregularidades detectadas, se menciona una bicicleta financiera donde se utilizaban recursos provenientes de la subvención municipal para cubrir gastos que debían ser pagados con recursos específicos. Además, se emitían cheques desde una cuenta que luego aparecían como nulos en la chequera, mientras el mismo gasto se financiaba con otra cuenta. También se realizaban depósitos incoherentes para cuadrar cifras en las rendiciones. Se destaca una operación especialmente significativa: la compra de vestuario por un monto aproximado de $4.700.000 destinada a una agrupación ajena al objetivo propio de la Fundación Cultural. Estas acciones habrían sido aprobadas por Michael Díaz e involucraban financiamiento para trajes a una Agrupación Folclórica dedicada al caporal sin relación con la Fundación.
