En una reciente fiscalización realizada en una chatarrería ubicada en la calle Huamachuco, la Seremi de Salud detectó graves deficiencias en el manejo, segregación y disposición de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. Además, se constató la falta de resoluciones sanitarias vigentes para residuos y aguas. El sistema de control de incendios también fue catalogado como insuficiente, lo que llevó a la apertura de un sumario sanitario, según informó el seremi de Salud, Alberto Godoy Tordoya. Godoy Tordoya enfatizó que seguimos dando cumplimiento a un compromiso que se realizó con los vecinos del sector, donde la fiscalización intersectorial y el trabajo conjunto son fundamentales para garantizar que los recintos cumplan con la normativa sanitaria, protegiendo la salud de la comunidad y los trabajadores. Por otro lado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó serias deficiencias en los circuitos eléctricos y la inoperatividad de protecciones diferenciales en el mismo establecimiento. Se observaron tableros sin protección y canalizaciones eléctricas inadecuadas para las condiciones climáticas. A pesar de estas irregularidades, la Dirección del Trabajo constató que la documentación laboral de los establecimientos inspeccionados se encuentra en regla, incluyendo contratos, listas de asistencia y pago de cotizaciones. En el marco de este operativo, la Seremi de Transportes llevó a cabo 30 controles vehiculares que resultaron en 10 citaciones al Juzgado de Policía Local por infracciones a la Ley de Tránsito. Carabineros de la Quinta Comisaría La Portada resguardó el operativo y realizó 40 controles de identidad y 40 controles vehiculares adicionales, con 2 citaciones más al Juzgado de Policía Local. Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, explicó que estas acciones forman parte del trabajo continuo del gobierno en La Chimba para abordar las diversas denuncias recibidas por incivilidades y hechos constitutivos de delito en el entorno del ex vertedero. Cortés-Monroy agregó que estos problemas están principalmente asociados a la quema de basura en la vía pública y al tránsito de vehículos que trasladan chatarra y metales para su comercialización en el sector, afectando directamente la calidad de vida de los residentes. Ante esta situación que afecta la calidad de vida de la comunidad, los servicios públicos fiscalizadores y las policías están concentrando sus esfuerzos cada semana en garantizar seguridad y tranquilidad mediante diversas acciones preventivas y de control, concluyó Cortés-Monroy.
El abogado de la diputada Catalina Pérez, Gonzalo Medina presentó un reclamo formal ante el Fiscal Nacional contra fiscales de la Fiscalía Regional y Local de Antofagasta por la filtración de información reservada de una investigación por un presunto delito de aborto. Argumentó que, pese a la confidencialidad establecida por la Corte Suprema en el Acta N° 44-2022, datos del caso se filtraron a la prensa, vulnerando los principios del sistema judicial y afectando tanto a su representada como al debido proceso. El abogado también denunció que no ha tenido acceso al expediente debido a las restricciones impuestas, mientras que los medios de comunicación accedieron a información reservada antes que los defensores legales.
En una reciente fiscalización realizada en una chatarrería ubicada en la calle Huamachuco, la Seremi de Salud detectó graves deficiencias en el manejo, segregación y disposición de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. Además, se constató la falta de resoluciones sanitarias vigentes para residuos y aguas. El sistema de control de incendios también fue catalogado como insuficiente, lo que llevó a la apertura de un sumario sanitario, según informó el seremi de Salud, Alberto Godoy Tordoya. Godoy Tordoya enfatizó que seguimos dando cumplimiento a un compromiso que se realizó con los vecinos del sector, donde la fiscalización intersectorial y el trabajo conjunto son fundamentales para garantizar que los recintos cumplan con la normativa sanitaria, protegiendo la salud de la comunidad y los trabajadores. Por otro lado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó serias deficiencias en los circuitos eléctricos y la inoperatividad de protecciones diferenciales en el mismo establecimiento. Se observaron tableros sin protección y canalizaciones eléctricas inadecuadas para las condiciones climáticas. A pesar de estas irregularidades, la Dirección del Trabajo constató que la documentación laboral de los establecimientos inspeccionados se encuentra en regla, incluyendo contratos, listas de asistencia y pago de cotizaciones. En el marco de este operativo, la Seremi de Transportes llevó a cabo 30 controles vehiculares que resultaron en 10 citaciones al Juzgado de Policía Local por infracciones a la Ley de Tránsito. Carabineros de la Quinta Comisaría La Portada resguardó el operativo y realizó 40 controles de identidad y 40 controles vehiculares adicionales, con 2 citaciones más al Juzgado de Policía Local. Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, explicó que estas acciones forman parte del trabajo continuo del gobierno en La Chimba para abordar las diversas denuncias recibidas por incivilidades y hechos constitutivos de delito en el entorno del ex vertedero. Cortés-Monroy agregó que estos problemas están principalmente asociados a la quema de basura en la vía pública y al tránsito de vehículos que trasladan chatarra y metales para su comercialización en el sector, afectando directamente la calidad de vida de los residentes. Ante esta situación que afecta la calidad de vida de la comunidad, los servicios públicos fiscalizadores y las policías están concentrando sus esfuerzos cada semana en garantizar seguridad y tranquilidad mediante diversas acciones preventivas y de control, concluyó Cortés-Monroy.
El abogado de la diputada Catalina Pérez, Gonzalo Medina presentó un reclamo formal ante el Fiscal Nacional contra fiscales de la Fiscalía Regional y Local de Antofagasta por la filtración de información reservada de una investigación por un presunto delito de aborto. Argumentó que, pese a la confidencialidad establecida por la Corte Suprema en el Acta N° 44-2022, datos del caso se filtraron a la prensa, vulnerando los principios del sistema judicial y afectando tanto a su representada como al debido proceso. El abogado también denunció que no ha tenido acceso al expediente debido a las restricciones impuestas, mientras que los medios de comunicación accedieron a información reservada antes que los defensores legales.
