Durante la jornada del pasado miércoles, el Juzgado de Familia Antofagasta suscribió el protocolo de derivación y coordinación para obtener un permiso migratorio con fines humanitarios para niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes y/o apátridas en cuidados alternativos. El permiso tiene la finalidad de agilizar la tramitación de identificación de los NNA y establecer plazos más acotados para que el tribunal pueda determinar la identidad fundante de la solicitud de regulación migratoria. La vocera del Juzgado de Familia, Mae Valdebenito, se refirió a la firma del protocolo y señaló que durante el último año se han registrado casos en que ha sido casi imposible identificar a los niños, niñas y adolescentes, especialmente apátridas o provenientes de Venezuela. Eduardo Contreras, director regional del Servicio de Migraciones, destacó que este es un protocolo pionero a nivel nacional debido a la iniciativa existente en el tribunal de familia y por la realidad regional que viven. Destacó también que esta región cuenta con una alta cantidad de personas migrantes, especialmente niños bajo cuidado especializado. Este protocolo permite mediante una resolución judicial dar fe de la identidad de los niños, niñas y adolescentes que carecen de documentos oficiales para así iniciar el trámite correspondiente para obtener visas. En la firma del documento estuvieron presentes el juez presidente (s) del Juzgado de Familia Antofagasta, Paul Contreras; la directora del Servicio Protección Especializado, Francisca Olivares; el director regional del Servicio Migraciones Eduardo Contreras; y la directora del programa Mi Abogado Loreto Puentes.
Durante la jornada de este viernes, el Gobierno firmó un protocolo para agilizar las expulsiones administrativas de inmigrantes que estén ligados a algún delito en el país, en el marco de la Ley de Migraciones. El documento en cuestión fue suscrito por el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, junto con los organismos de la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Concretamente, la iniciativa especifica ajustes a la Ley de Migraciones para llevar un proceso de expulsión más eficaz, con tiempos más acotados y de manera más regular. Asimismo, considera adecuaciones legales para permitir las expulsiones, incorpora más tecnología y considera un aumento de dotación en los equipos del Sermig. Entre los avances, se destacó la implementación de herramientas tecnológicas para las policías, que ahora tienen acceso directo a la situación migratoria de las personas controladas, particularmente aquellas con decretos de expulsión vigentes. Asimismo, se priorizarán las expulsiones de personas vinculadas a organizaciones criminales, alineando este esfuerzo con las políticas de combate al crimen organizado. Cordero recalcó que esta iniciativa tiene como objetivo estandarizar y hacer más eficientes los procedimientos, reduciendo plazos y mejorando la interoperabilidad entre las instituciones involucradas. “Este protocolo uniforma la información, los tiempos y los flujos de comunicación, lo que permite que las expulsiones se desarrollen de manera más regular y eficaz, sostuvo. Cabe recordar que desde el inicio del actual Gobierno se han notificado más 6.000 nuevos decretos de expulsión, sumándose a los 24.000 existentes al inicio del período. Hasta la fecha se han concretado más 1.000 Estamos trabajando con ambas policías para hacer una evaluación policial
Fue este jueves, que el apodadozar de la frontera del Presidente electo Donald Trump, Tom Homan, anunció que el próximo Gobierno de Estados Unidos repondrá la detención de familias migrantes a partir del 20 de enero cuando lleguen a la Casa Blanca. En entrevista con The Washington Post, la futura autoridad explicó que los adultos con hijos menores serán detenidos en instalaciones temporales, como carpas o tiendas de campaña, similares a las utilizadas en olas migratorias previas. De igual forma, aseveró que el estatus de los menores nacidos en Estados Unidos, quienes tienen nacionalidad estadounidense, no será un factor a considerar en el proceso. “El problema es el siguiente: usted sabía que estaba en el país de manera ilegal y decidió tener un hijo. Así que fue usted quien puso a su familia en esa posición”, declaró. Según Homan, las familias detenidas deberán decidir si desean ser deportadas juntas a sus países de origen o si prefieren dejar a los menores en Estados Unidos. En concreto, esto representa un regreso a las políticas más estrictas aplicadas durante el primer mandato de Trump, cuando Homan dirigió el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y fue clave en la implementación de la controvertida política de separación de familias migrantes. “Vamos a tener que construir instalaciones para familias. El número de camas que necesitaremos dependerá de lo que indiquen los datos”, complementó. Con todo, el magnate prometió durante la pasada campaña electoral la deportación de millones de migrantes indocumentados.
Durante la mañana de este martes, el Gobierno presentó una nueva aplicación para dispositivos móviles que facilitará el rol fiscalizador en terreno del personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros en cuanto a la situación migratoria de ciudadanos extranjeros. En rigor, se podrá detectar a personas con orden de expulsión vigente. Entre las autoridades presentes estuvieron el subsecretario del Interior, Luis Cordero, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer. Sobre la iniciativa, Cordero precisó que se trata de una medida de seguridad “es esencialmente poder disponer en cualquier tipo de control que realice tanto la PDI, como Carabineros de Chile”. “Es un semáforo que permite identificar en verde, amarillo o rojo la situación en la cual se encuentra una persona. Si está regular, si está en alguna gestión, trámite, o derechamente, se encuentra con decreto de expulsión o en una situación ilegal en nuestro país”, profundizó. Por otra parte, el personero de Gobierno fue consultado por la caótica situación suscitada este lunes en el Estadio Víctor Jara -emplazado en Barrio Meiggs- donde miles de extranjeros concurrieron al enrolamiento anunciado días atrás; a ese respecto la autoridad de Interior aclaró que se trata de un procedimiento regular que tiene el Registro Civil, que es para otra cosa. “En nuestro país, por Ley de Migraciones (…) las personas que quieren hacer trámites en salud, educación o pensiones requieren de la obtención de un rol único nacional”, explicó Cordero. A continuación comentó: “lo que ocurrió ayer es un procedimiento muy mal gestionado pero no tiene nada que ver con el proceso empadronamiento”. Con todo descartó abrir un nuevo proceso ya terminado desde febrero 2024. Cómo funciona la aplicación móvil: La aplicación se instala en dispositivos móviles como celulares o tablets. La policía podrá ingresar los datos y revisar su estatus migratorio sin acudir a cuarteles. En caso arroje alertas podrá detenerlos o procesar sanciones correspondientes. Sistema alertas informativas: Verde: Situación migratoria regular con residencia temporal/definitiva vigente. Amarillo: Situación migratoria tramitándose como solicitante residencia temporal/definitiva. Rojos: Tiene orden expulsión/prohibición ingreso al país. Entregamos a policías nueva tecnología móvil para fortalecer seguridad y detectar órdenes expulsión vigentes
Durante la última jornada, el Gobierno confirmó que está evaluando un proceso de regularización migratoria para extranjeros en situación irregular que participaron en el empadronamiento iniciado en 2018 por el Servicio Nacional de Migraciones, siempre y cuando cumplan con requisitos de arraigo laboral o familiar en Chile. Puntualmente, el pasado miércoles, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, detalló en el foro Proceso de Cartagena +40 que “Chile está estudiando una regularización acotada para personas con arraigo familiar o laboral. Este es un compromiso con quienes voluntariamente se empadronaron y buscan encauzar razonablemente su vida en el país”. Fue así que este jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al tema haciendo hincapié en que el empadronamiento no garantiza la regularización, pero es un paso necesario. “El empadronamiento no implica regularización, pero cualquier regularización va a concentrarse solo en las personas empadronadas. No habrá procesos para quienes no dieron ese paso”, destacó. Profundizando aún más, la secretaria de Estado sostuvo: ¿qué se está pensando y todavía no se ha dispuesto? Es que aquellas personas que dieron el paso de empadronarse, se acercaron al Estado, dieron sus antecedentes, entregaron sus datos biométricos, dijeron voluntariamente ‘estoy aquí y esta persona soy’, si tienen un trabajo en Chile o tienen vínculos familiares en Chile vamos a evaluar la posibilidad de regularizarlos”, detalló. Finalmente, la jefa de gabinete realizó una diferenciación entre quienes están en suelo nacional trabajando en aras del cumplimiento de la ley, a aquellos que se mantienen en la clandestinidad. “Separaremos a quienes tienen vínculos familiares o laborales en Chile de otros que prefirieron esconderse o viven de actividades ilícitas. No debemos tratar como delincuentes a quienes no representan una amenaza”, cerró. Cabe recalcar que el Servicio Nacional de Migraciones informó que 118.119 personas se empadronaron en Chile. Entre ellas se realizó una encuesta con una muestra reducida y se estima que el 90% de los empadronados nació en Venezuela, el 3.2% en Colombia, y el 5.8% en otros países. Un 66.4% dijo haber entrado a Chile por un paso irregular entre marzo de 2018 y febrero de 2022 mientras que el 96% declaró haber llegado a Chile por necesidades económicas.
Durante la jornada del pasado miércoles, el Juzgado de Familia Antofagasta suscribió el protocolo de derivación y coordinación para obtener un permiso migratorio con fines humanitarios para niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes y/o apátridas en cuidados alternativos. El permiso tiene la finalidad de agilizar la tramitación de identificación de los NNA y establecer plazos más acotados para que el tribunal pueda determinar la identidad fundante de la solicitud de regulación migratoria. La vocera del Juzgado de Familia, Mae Valdebenito, se refirió a la firma del protocolo y señaló que durante el último año se han registrado casos en que ha sido casi imposible identificar a los niños, niñas y adolescentes, especialmente apátridas o provenientes de Venezuela. Eduardo Contreras, director regional del Servicio de Migraciones, destacó que este es un protocolo pionero a nivel nacional debido a la iniciativa existente en el tribunal de familia y por la realidad regional que viven. Destacó también que esta región cuenta con una alta cantidad de personas migrantes, especialmente niños bajo cuidado especializado. Este protocolo permite mediante una resolución judicial dar fe de la identidad de los niños, niñas y adolescentes que carecen de documentos oficiales para así iniciar el trámite correspondiente para obtener visas. En la firma del documento estuvieron presentes el juez presidente (s) del Juzgado de Familia Antofagasta, Paul Contreras; la directora del Servicio Protección Especializado, Francisca Olivares; el director regional del Servicio Migraciones Eduardo Contreras; y la directora del programa Mi Abogado Loreto Puentes.
Durante la jornada de este viernes, el Gobierno firmó un protocolo para agilizar las expulsiones administrativas de inmigrantes que estén ligados a algún delito en el país, en el marco de la Ley de Migraciones. El documento en cuestión fue suscrito por el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, junto con los organismos de la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig). Concretamente, la iniciativa especifica ajustes a la Ley de Migraciones para llevar un proceso de expulsión más eficaz, con tiempos más acotados y de manera más regular. Asimismo, considera adecuaciones legales para permitir las expulsiones, incorpora más tecnología y considera un aumento de dotación en los equipos del Sermig. Entre los avances, se destacó la implementación de herramientas tecnológicas para las policías, que ahora tienen acceso directo a la situación migratoria de las personas controladas, particularmente aquellas con decretos de expulsión vigentes. Asimismo, se priorizarán las expulsiones de personas vinculadas a organizaciones criminales, alineando este esfuerzo con las políticas de combate al crimen organizado. Cordero recalcó que esta iniciativa tiene como objetivo estandarizar y hacer más eficientes los procedimientos, reduciendo plazos y mejorando la interoperabilidad entre las instituciones involucradas. “Este protocolo uniforma la información, los tiempos y los flujos de comunicación, lo que permite que las expulsiones se desarrollen de manera más regular y eficaz, sostuvo. Cabe recordar que desde el inicio del actual Gobierno se han notificado más 6.000 nuevos decretos de expulsión, sumándose a los 24.000 existentes al inicio del período. Hasta la fecha se han concretado más 1.000 Estamos trabajando con ambas policías para hacer una evaluación policial
Fue este jueves, que el apodadozar de la frontera del Presidente electo Donald Trump, Tom Homan, anunció que el próximo Gobierno de Estados Unidos repondrá la detención de familias migrantes a partir del 20 de enero cuando lleguen a la Casa Blanca. En entrevista con The Washington Post, la futura autoridad explicó que los adultos con hijos menores serán detenidos en instalaciones temporales, como carpas o tiendas de campaña, similares a las utilizadas en olas migratorias previas. De igual forma, aseveró que el estatus de los menores nacidos en Estados Unidos, quienes tienen nacionalidad estadounidense, no será un factor a considerar en el proceso. “El problema es el siguiente: usted sabía que estaba en el país de manera ilegal y decidió tener un hijo. Así que fue usted quien puso a su familia en esa posición”, declaró. Según Homan, las familias detenidas deberán decidir si desean ser deportadas juntas a sus países de origen o si prefieren dejar a los menores en Estados Unidos. En concreto, esto representa un regreso a las políticas más estrictas aplicadas durante el primer mandato de Trump, cuando Homan dirigió el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y fue clave en la implementación de la controvertida política de separación de familias migrantes. “Vamos a tener que construir instalaciones para familias. El número de camas que necesitaremos dependerá de lo que indiquen los datos”, complementó. Con todo, el magnate prometió durante la pasada campaña electoral la deportación de millones de migrantes indocumentados.
Durante la mañana de este martes, el Gobierno presentó una nueva aplicación para dispositivos móviles que facilitará el rol fiscalizador en terreno del personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros en cuanto a la situación migratoria de ciudadanos extranjeros. En rigor, se podrá detectar a personas con orden de expulsión vigente. Entre las autoridades presentes estuvieron el subsecretario del Interior, Luis Cordero, y el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer. Sobre la iniciativa, Cordero precisó que se trata de una medida de seguridad “es esencialmente poder disponer en cualquier tipo de control que realice tanto la PDI, como Carabineros de Chile”. “Es un semáforo que permite identificar en verde, amarillo o rojo la situación en la cual se encuentra una persona. Si está regular, si está en alguna gestión, trámite, o derechamente, se encuentra con decreto de expulsión o en una situación ilegal en nuestro país”, profundizó. Por otra parte, el personero de Gobierno fue consultado por la caótica situación suscitada este lunes en el Estadio Víctor Jara -emplazado en Barrio Meiggs- donde miles de extranjeros concurrieron al enrolamiento anunciado días atrás; a ese respecto la autoridad de Interior aclaró que se trata de un procedimiento regular que tiene el Registro Civil, que es para otra cosa. “En nuestro país, por Ley de Migraciones (…) las personas que quieren hacer trámites en salud, educación o pensiones requieren de la obtención de un rol único nacional”, explicó Cordero. A continuación comentó: “lo que ocurrió ayer es un procedimiento muy mal gestionado pero no tiene nada que ver con el proceso empadronamiento”. Con todo descartó abrir un nuevo proceso ya terminado desde febrero 2024. Cómo funciona la aplicación móvil: La aplicación se instala en dispositivos móviles como celulares o tablets. La policía podrá ingresar los datos y revisar su estatus migratorio sin acudir a cuarteles. En caso arroje alertas podrá detenerlos o procesar sanciones correspondientes. Sistema alertas informativas: Verde: Situación migratoria regular con residencia temporal/definitiva vigente. Amarillo: Situación migratoria tramitándose como solicitante residencia temporal/definitiva. Rojos: Tiene orden expulsión/prohibición ingreso al país. Entregamos a policías nueva tecnología móvil para fortalecer seguridad y detectar órdenes expulsión vigentes
Durante la última jornada, el Gobierno confirmó que está evaluando un proceso de regularización migratoria para extranjeros en situación irregular que participaron en el empadronamiento iniciado en 2018 por el Servicio Nacional de Migraciones, siempre y cuando cumplan con requisitos de arraigo laboral o familiar en Chile. Puntualmente, el pasado miércoles, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, detalló en el foro Proceso de Cartagena +40 que “Chile está estudiando una regularización acotada para personas con arraigo familiar o laboral. Este es un compromiso con quienes voluntariamente se empadronaron y buscan encauzar razonablemente su vida en el país”. Fue así que este jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al tema haciendo hincapié en que el empadronamiento no garantiza la regularización, pero es un paso necesario. “El empadronamiento no implica regularización, pero cualquier regularización va a concentrarse solo en las personas empadronadas. No habrá procesos para quienes no dieron ese paso”, destacó. Profundizando aún más, la secretaria de Estado sostuvo: ¿qué se está pensando y todavía no se ha dispuesto? Es que aquellas personas que dieron el paso de empadronarse, se acercaron al Estado, dieron sus antecedentes, entregaron sus datos biométricos, dijeron voluntariamente ‘estoy aquí y esta persona soy’, si tienen un trabajo en Chile o tienen vínculos familiares en Chile vamos a evaluar la posibilidad de regularizarlos”, detalló. Finalmente, la jefa de gabinete realizó una diferenciación entre quienes están en suelo nacional trabajando en aras del cumplimiento de la ley, a aquellos que se mantienen en la clandestinidad. “Separaremos a quienes tienen vínculos familiares o laborales en Chile de otros que prefirieron esconderse o viven de actividades ilícitas. No debemos tratar como delincuentes a quienes no representan una amenaza”, cerró. Cabe recalcar que el Servicio Nacional de Migraciones informó que 118.119 personas se empadronaron en Chile. Entre ellas se realizó una encuesta con una muestra reducida y se estima que el 90% de los empadronados nació en Venezuela, el 3.2% en Colombia, y el 5.8% en otros países. Un 66.4% dijo haber entrado a Chile por un paso irregular entre marzo de 2018 y febrero de 2022 mientras que el 96% declaró haber llegado a Chile por necesidades económicas.