El presidente Gabriel Boric lideró la primera reunión de una comisión convocada por el Gobierno para abordar la mejora de la relación entre las fundaciones sin fines de lucro y el Estado. Esta iniciativa surge en respuesta al escándalo de la Fundación Democracia Viva y las diversas revelaciones que han surgido en torno a este caso.
La comisión está compuesta por seis expertos, entre ellos María Jaraquemada, directora de Chile Transparente, y el ex contralor Ramiro Mendoza. Su principal tarea es analizar cómo las fundaciones pueden mejorar su rendición de cuentas. El presidente Gabriel Boric dejó en claro que esta comisión no es solo para la apariencia, sino que su objetivo es implementar las recomendaciones que se presenten en un plazo de 45 días.
El grupo de expertos tendrá la responsabilidad de generar propuestas para evaluar las fortalezas y debilidades de los convenios entre el Estado y las fundaciones. María Jaraquemada, quien preside la comisión, explicó que el objetivo es mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, teniendo en cuenta el perfil y la eficacia con la que estas organizaciones deben operar en conjunto con el Estado en la provisión de bienes y servicios.
Las propuestas de la comisión podrían dar lugar a proyectos de ley que posteriormente deberán ser tramitados por el Congreso.
Con una tradicional Pawa, la comunidad de Macaya recibió al subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos, quien encabezó la presentación del diseño del proyecto de generación eléctrica que permitirá dotar de energía limpia y continua a esta localidad.
La exposición contempla cinco experiencias interactivas en torno a la ciencia y estará a disposición gratuita del público hasta el próximo 30 de agosto.
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Las 23 figuras de bronce que integran la muestra del escultor chileno Héctor Valdés generó gran expectación entre los establecimientos educacionales, permitiendo que los estudiantes conocieran en detalle ciertos acontecimientos históricos de relevancia, en el marco conmemorativo del Mes del Mar.
El nuevo centro busca dotar a la región de capacidades permanentes para monitorear avances e identificar brechas y diseñar políticas públicas más eficaces y contextualizadas.
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