La Policía de Investigaciones llevó a cabo la mañana de este jueves una serie de diligencias simultáneas en diversas oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Vivienda en distintas capitales regionales del país. Este operativo se enmarca en el denominado "Caso Convenios", investigado por presuntos traspasos irregulares de recursos públicos desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a las fundaciones  Enlace Urbano y EnRed Social.

​La solicitud para llevar a cabo estas diligencias provino del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia Cerda, quien lidera la investigación en conjunto con el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos. Las indagaciones se centran en esclarecer los movimientos financieros y las posibles irregularidades en relación con los convenios suscritos entre el Minvu y las mencionadas fundaciones.

Alrededor de las 10:00 horas, equipos de funcionarios del Ministerio Público, en colaboración con personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, ingresaron a las dependencias gubernamentales en ciudades como Temuco, Valparaíso y La Serena, entre otras. Este despliegue abarcó ocho regiones del país, incluyendo Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Ríos.

​El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se pronunció sobre estas acciones, destacando que se trata de "visitas" para recabar información y no de allanamientos. Montes informó que se ha solicitado información específica, incluyendo un computador, relacionada con las actividades de las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social.

​El secretario de Estado expresó que estas diligencias fueron iniciadas a raíz de inconsistencias detectadas durante investigaciones internas. Montes afirmó: "Descubrimos una serie de inconsistencias que nosotros no podíamos investigar a fondo y por eso hicimos la denuncia al Ministerio Público". 

Además, Montes enfatizó el compromiso de su cartera con la transparencia y colaboración en la investigación: "Desde el primer momento, a todas las instituciones del Ministerio se les ha dicho que pongan todo a disposición del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado".

El ministro concluyó señalando que entregó personalmente toda la información relevante poco después de que el caso se hiciera público en Antofagasta, subrayando la importancia de descubrir la verdad y sancionar a quienes hayan cometido delitos en este contexto.