La jornada de este miércoles y por unanimidad, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto presentado por el Ejecutivo que aumenta la dotación de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), pasando de 950 a 4.022 agentes, a un ritmo de 250 funcionarios anualmente, durante los próximos 12 años. En suma, serán más de 3 mil nuevos agentes destinados a labores de apoyo, tales como control migratorio, seguridad de cuarteles y manejo de evidencias, entre otras. Con esto, cerca de 1.300 oficiales que actualmente desarrollan esas tareas, quedarán liberados y podrán dedicarse exclusivamente a las funciones investigativas especializadas. Ante este escenario, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, destacó que la iniciativa redundará en una respuesta más efectiva y oportuna por parte de la PDI. “Con eso se fortalecen las capacidades de la Policía de Investigaciones y los detectives tienen equipos de trabajo con mayor apoyo para poder llegar a tiempo, para responder de mejor manera, para tener mejores resultados en las investigaciones policiales”, indicó la jefa de gabinete. Vale recordar que el incremento en la dotación fue uno de los anuncios en el ítem “seguridad” que el Presidente Gabriel Boric entregó en su cuenta pública de junio de 2024. Por su parte, el director general del ente policial, Eduardo Cerna, recalcó que “es una tremenda iniciativa que se gestó y viene a fortalecer...pasando de un 16.3%...a más del 57%, es un crecimiento histórico...y potencia la labor investigativa”, sostuvo el mandamás. Destacar que la propuesta ahora convertida en ley contempla crea un escalafón de agentes policiales estudiantes incorporando al personal en proceso formación como agentes policiales en el Centro Capacitación Profesional PDI. Esto permitirá acceder beneficios propios carrera funcionaria. El aumento comenzará implementarse este año con incorporación primeros 250 nuevos agentes policiales.Finalmente informe financiero proyecta costo total $56.834 millones planta 4.022 agentes policiales monto considera remuneraciones,a portes previsionales,gastos salud formación estudiantes pensiones retiro. Fuente: Twitter - Cámara.cl
La tarde de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados votó y aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que busca establecer penas de cárcel para los conductores y conductoras que se fuguen de un control policial. En concreto, el postulado que fue visado con 131 votos a favor y 9 abstenciones, tipifica como delito la no detención o escape del conductor, “se hace cargo de un delito calificado penalmente por su resultado, puesto que, en base a ello, se establece su sanción”, explicaron los parlamentarios. Por otra parte, los congresales buscan que se fije una gradualidad para aquellos conductores de vehículos motorizados que, al ser fiscalizador por policías o inspectores fiscales o municipales para un control o fiscalización, no se detengan o escapen del lugar. En suma, la iniciativa contempla los siguientes puntos: Prisión en su grado máximo (41 a 60 días), multa de 4 a 6 UTM (entre $269.716 y $404.574) y prohibición de seis meses para conducir un vehículo motorizado. Presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y la suspensión de licencia por nueve meses en caso de causar daños materiales o lesiones leves. Presidio menor en su grado medio (desde 541 días hasta 3 años y un día) y prohibición de 18 a 36 meses para conducir, en el caso de que se provoquen lesiones menos graves. Presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años) e inhabilitación de 36 a 60 meses para conducir si las lesiones son graves o causan la muerte de una tercera persona. Ahora, la moción deberá retornar a la Comisión Técnica de la Cámara Baja para continuar su tramitación legislativa, donde revisarán las indicaciones que fueron ingresadas. ✅ APROBADO | La Sala de la Cámara ratifica el proyecto que tipifica el delito de no detención o fuga del conductor, intimado por la policía con fines de control o fiscalización. Vuelve a comisiones, por haber sido objeto de indicaciones.
La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca pagar y reparar la deuda histórica a los más de 57 mil profesores, una medida que ha sido valorada ampliamente por parlamentarios oficialistas. La propuesta, visada con 113 votos a favor, 7 en contra y tres abstenciones, se configura como una de las prioridades legislativas del Ejecutivo para este año, propone realizar un pago único de 4,5 millones de pesos a cada docente afectado, partiendo por aquellos de mayor edad hasta llegar a los de menor edad. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, comentó que por cierto que los montos siempre podrían ser mayores, los tiempos más cortos, pero es un encuentro histórico el que se ha provocado entre los profesores de Chile y el Estado, más allá del gobierno de turno. Una vez sentenciado el resultado final de la votación, el titular de Estado recalcó la transversalidad que tuvo esta aprobación. Desde todos los sectores políticos se manifestaron a favor de dar esta solución a las y los profesores que a lo largo del país han luchado por mantener viva esta demanda, detalló. Por su parte, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores,puntualizó que nuestra aspiración es que este proyecto esté aprobado (por el Congreso) en enero, De manera tal que ya en 2025 tengamos plenamente asegurado que el primer grupo comienza a tener un poco dereparación. Ahora, la moción parlamentaria pasará al Senado para ser revisada y votada en su segundo trámite legislativo.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la tarde de este martes, el proyecto denominado Ley Jacinta que busca modificar la Ley de Tránsito, reforzando las exigencias para los ciudadanos que saquen por primera vez o renueven su licencia de conducir. La propuesta, que fue visada con 133 votos a favor, incluye que los postulantes a licencia de conducir deberán firmar bajo declaración jurada que no poseen enfermedades inhabilitantes, y su falsificación se calificará como una infracción grave y se les cancelará su documento. Vale recordar que la iniciativa lleva el nombre de Jacinta con motivo del accidente fatal ocurrido en agosto de 2022, que protagonizó un conductor de 80 años que padecía cáncer terminal. El hecho tuvo como víctima a la menor de tan solo 5 meses de vida. La diputada Erika Olivera, autora de la moción, destacó el impacto que espera lograr esta normativa: “lo más importante de esta iniciativa es que consigamos una muy buena ley que sea un aporte a la seguridad vial de nuestro país. Queremos que se tome conciencia de la responsabilidad que implica conducir un vehículo y que las condiciones de salud sean óptimas para proteger tanto a los conductores como a la población.” Por su parte, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, declaró que “este avance es clave para fortalecer el proceso de entrega de licencias y garantizar conductores aptos para un manejo seguro”. “Es fruto de un trabajo coordinado a nivel parlamentario y con la familia de la víctima”, detalló. Ahora, la discusión se trasladará al Senado en su segundo trámite legislativo. El proyecto incorpora diversas modificaciones clave: Exámenes y declaraciones: Los postulantes a licencias deberán declarar bajo juramento no padecer enfermedades inhabilitantes. Las municipalidades verificarán la idoneidad física y sicológica de los conductores. Mejoras en vehículos: Se exigirá la incorporación de espejos laterales, cámaras o dispositivos equivalentes en vehículos sin retrovisión interna. Seguridad en motocicletas: Se regulará el transporte de pasajeros menores, prohibiendo su ubicación entre el conductor y el manubrio. Modificaciones al SOAP: Aumentan las indemnizaciones por muerte o incapacidad total permanente a 600 UF, con compensaciones específicas para otros casos. Sanciones: Declarar falsamente condiciones médicas será motivo de cancelación de la licencia, además de multas y tipificación como infracción grave. Fuero laboral: : Se garantiza un mes fuerolaboralpara trabajadoresquehayaperdidoun hijo. :
La jornada de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a su segundo trámite, en el Senado, un proyecto de ley que introduce la calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada durante la dictadura cívico-militar (1973-1990). La moción fue introducida por la diputada comunista, Lorena Pizarro, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y su tramitación, en tanto, se realizó en las comisiones de DD.HH. y de Hacienda. En concreto, en la calificación jurídica “importa el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad obra de agentes del Estado o personas o grupos autorizados o aquiescentes, seguida por la negativa a reconocer dicha privación o el ocultamiento del paradero durante el período comprendido entre el 11 septiembre 1973 y 10 marzo 1990”, detalla el documento. Asimismo, se crea un registro electrónico público y gratuito denominado “Registro personas ausentes desaparición forzada” a cargo del Servicio Registro Civil e Identificación. Su objetivo será dejar constancia dar cuenta tales personas poseen dicha calidad. La propuesta adicionalmente regula contenido fuentes conformación Registro; norma contenido inscripción donde consignará nombre persona nacionalidad fecha nacimiento edad efectiva aproximada persona momento desaparición. Igualmente incluirá fecha persona arrestada detenida secuestrada privada libertad cualquier otra forma profundiza postulado. Por su parte ministro Justicia Derechos Humanos Jaime Gajardo, valoró proyecto explicó traduce nómina va tener Registro Civil permitir reunir todas personas están Informe Valech Comisión Rettig sentencias judiciales establecido hay personas fueron víctimas desaparición forzada dictadura militar destacó secretario Estado. Con todo proyecto tuvo sala 81 votos favorables; otros 63 diputados principalmente Partido Republicano algunos Chile Vamos votaron contra mientras que 14 parlamentarios todos oposición abstuvieron.
La jornada de este miércoles y por unanimidad, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto presentado por el Ejecutivo que aumenta la dotación de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), pasando de 950 a 4.022 agentes, a un ritmo de 250 funcionarios anualmente, durante los próximos 12 años. En suma, serán más de 3 mil nuevos agentes destinados a labores de apoyo, tales como control migratorio, seguridad de cuarteles y manejo de evidencias, entre otras. Con esto, cerca de 1.300 oficiales que actualmente desarrollan esas tareas, quedarán liberados y podrán dedicarse exclusivamente a las funciones investigativas especializadas. Ante este escenario, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, destacó que la iniciativa redundará en una respuesta más efectiva y oportuna por parte de la PDI. “Con eso se fortalecen las capacidades de la Policía de Investigaciones y los detectives tienen equipos de trabajo con mayor apoyo para poder llegar a tiempo, para responder de mejor manera, para tener mejores resultados en las investigaciones policiales”, indicó la jefa de gabinete. Vale recordar que el incremento en la dotación fue uno de los anuncios en el ítem “seguridad” que el Presidente Gabriel Boric entregó en su cuenta pública de junio de 2024. Por su parte, el director general del ente policial, Eduardo Cerna, recalcó que “es una tremenda iniciativa que se gestó y viene a fortalecer...pasando de un 16.3%...a más del 57%, es un crecimiento histórico...y potencia la labor investigativa”, sostuvo el mandamás. Destacar que la propuesta ahora convertida en ley contempla crea un escalafón de agentes policiales estudiantes incorporando al personal en proceso formación como agentes policiales en el Centro Capacitación Profesional PDI. Esto permitirá acceder beneficios propios carrera funcionaria. El aumento comenzará implementarse este año con incorporación primeros 250 nuevos agentes policiales.Finalmente informe financiero proyecta costo total $56.834 millones planta 4.022 agentes policiales monto considera remuneraciones,a portes previsionales,gastos salud formación estudiantes pensiones retiro. Fuente: Twitter - Cámara.cl
La tarde de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados votó y aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que busca establecer penas de cárcel para los conductores y conductoras que se fuguen de un control policial. En concreto, el postulado que fue visado con 131 votos a favor y 9 abstenciones, tipifica como delito la no detención o escape del conductor, “se hace cargo de un delito calificado penalmente por su resultado, puesto que, en base a ello, se establece su sanción”, explicaron los parlamentarios. Por otra parte, los congresales buscan que se fije una gradualidad para aquellos conductores de vehículos motorizados que, al ser fiscalizador por policías o inspectores fiscales o municipales para un control o fiscalización, no se detengan o escapen del lugar. En suma, la iniciativa contempla los siguientes puntos: Prisión en su grado máximo (41 a 60 días), multa de 4 a 6 UTM (entre $269.716 y $404.574) y prohibición de seis meses para conducir un vehículo motorizado. Presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y la suspensión de licencia por nueve meses en caso de causar daños materiales o lesiones leves. Presidio menor en su grado medio (desde 541 días hasta 3 años y un día) y prohibición de 18 a 36 meses para conducir, en el caso de que se provoquen lesiones menos graves. Presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años) e inhabilitación de 36 a 60 meses para conducir si las lesiones son graves o causan la muerte de una tercera persona. Ahora, la moción deberá retornar a la Comisión Técnica de la Cámara Baja para continuar su tramitación legislativa, donde revisarán las indicaciones que fueron ingresadas. ✅ APROBADO | La Sala de la Cámara ratifica el proyecto que tipifica el delito de no detención o fuga del conductor, intimado por la policía con fines de control o fiscalización. Vuelve a comisiones, por haber sido objeto de indicaciones.
La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca pagar y reparar la deuda histórica a los más de 57 mil profesores, una medida que ha sido valorada ampliamente por parlamentarios oficialistas. La propuesta, visada con 113 votos a favor, 7 en contra y tres abstenciones, se configura como una de las prioridades legislativas del Ejecutivo para este año, propone realizar un pago único de 4,5 millones de pesos a cada docente afectado, partiendo por aquellos de mayor edad hasta llegar a los de menor edad. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, comentó que por cierto que los montos siempre podrían ser mayores, los tiempos más cortos, pero es un encuentro histórico el que se ha provocado entre los profesores de Chile y el Estado, más allá del gobierno de turno. Una vez sentenciado el resultado final de la votación, el titular de Estado recalcó la transversalidad que tuvo esta aprobación. Desde todos los sectores políticos se manifestaron a favor de dar esta solución a las y los profesores que a lo largo del país han luchado por mantener viva esta demanda, detalló. Por su parte, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores,puntualizó que nuestra aspiración es que este proyecto esté aprobado (por el Congreso) en enero, De manera tal que ya en 2025 tengamos plenamente asegurado que el primer grupo comienza a tener un poco dereparación. Ahora, la moción parlamentaria pasará al Senado para ser revisada y votada en su segundo trámite legislativo.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la tarde de este martes, el proyecto denominado Ley Jacinta que busca modificar la Ley de Tránsito, reforzando las exigencias para los ciudadanos que saquen por primera vez o renueven su licencia de conducir. La propuesta, que fue visada con 133 votos a favor, incluye que los postulantes a licencia de conducir deberán firmar bajo declaración jurada que no poseen enfermedades inhabilitantes, y su falsificación se calificará como una infracción grave y se les cancelará su documento. Vale recordar que la iniciativa lleva el nombre de Jacinta con motivo del accidente fatal ocurrido en agosto de 2022, que protagonizó un conductor de 80 años que padecía cáncer terminal. El hecho tuvo como víctima a la menor de tan solo 5 meses de vida. La diputada Erika Olivera, autora de la moción, destacó el impacto que espera lograr esta normativa: “lo más importante de esta iniciativa es que consigamos una muy buena ley que sea un aporte a la seguridad vial de nuestro país. Queremos que se tome conciencia de la responsabilidad que implica conducir un vehículo y que las condiciones de salud sean óptimas para proteger tanto a los conductores como a la población.” Por su parte, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, declaró que “este avance es clave para fortalecer el proceso de entrega de licencias y garantizar conductores aptos para un manejo seguro”. “Es fruto de un trabajo coordinado a nivel parlamentario y con la familia de la víctima”, detalló. Ahora, la discusión se trasladará al Senado en su segundo trámite legislativo. El proyecto incorpora diversas modificaciones clave: Exámenes y declaraciones: Los postulantes a licencias deberán declarar bajo juramento no padecer enfermedades inhabilitantes. Las municipalidades verificarán la idoneidad física y sicológica de los conductores. Mejoras en vehículos: Se exigirá la incorporación de espejos laterales, cámaras o dispositivos equivalentes en vehículos sin retrovisión interna. Seguridad en motocicletas: Se regulará el transporte de pasajeros menores, prohibiendo su ubicación entre el conductor y el manubrio. Modificaciones al SOAP: Aumentan las indemnizaciones por muerte o incapacidad total permanente a 600 UF, con compensaciones específicas para otros casos. Sanciones: Declarar falsamente condiciones médicas será motivo de cancelación de la licencia, además de multas y tipificación como infracción grave. Fuero laboral: : Se garantiza un mes fuerolaboralpara trabajadoresquehayaperdidoun hijo. :
La jornada de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a su segundo trámite, en el Senado, un proyecto de ley que introduce la calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada durante la dictadura cívico-militar (1973-1990). La moción fue introducida por la diputada comunista, Lorena Pizarro, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y su tramitación, en tanto, se realizó en las comisiones de DD.HH. y de Hacienda. En concreto, en la calificación jurídica “importa el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad obra de agentes del Estado o personas o grupos autorizados o aquiescentes, seguida por la negativa a reconocer dicha privación o el ocultamiento del paradero durante el período comprendido entre el 11 septiembre 1973 y 10 marzo 1990”, detalla el documento. Asimismo, se crea un registro electrónico público y gratuito denominado “Registro personas ausentes desaparición forzada” a cargo del Servicio Registro Civil e Identificación. Su objetivo será dejar constancia dar cuenta tales personas poseen dicha calidad. La propuesta adicionalmente regula contenido fuentes conformación Registro; norma contenido inscripción donde consignará nombre persona nacionalidad fecha nacimiento edad efectiva aproximada persona momento desaparición. Igualmente incluirá fecha persona arrestada detenida secuestrada privada libertad cualquier otra forma profundiza postulado. Por su parte ministro Justicia Derechos Humanos Jaime Gajardo, valoró proyecto explicó traduce nómina va tener Registro Civil permitir reunir todas personas están Informe Valech Comisión Rettig sentencias judiciales establecido hay personas fueron víctimas desaparición forzada dictadura militar destacó secretario Estado. Con todo proyecto tuvo sala 81 votos favorables; otros 63 diputados principalmente Partido Republicano algunos Chile Vamos votaron contra mientras que 14 parlamentarios todos oposición abstuvieron.