El fiscal Patricio Cooper Monti, a cargo desde 2024 de la arista ProCultura en el caso Convenios, ultima formalizaciones clave en una indagación que ha sido cuestionada por su ritmo más pausado en comparación con otras ramas del caso. La investigación, que se mantiene bajo reserva hasta el 2 de abril, busca esclarecer posibles irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la fundación ProCultura, creada en 2010 por el psiquiatra Alberto Larraín. Según La Segunda, Cooper optó por la confidencialidad como estrategia para garantizar el éxito de la causa. Con un equipo de nueve personas, trabaja en los detalles de las formalizaciones previstas para marzo, las cuales podrían generar repercusiones políticas en el oficialismo debido a la relevancia de algunos implicados. Esta línea del caso cobró mayor importancia tras un informe del fiscal Carlos Palma, apartado del proceso tras la filtración de audios. El documento expuso un alza significativa en los fondos asignados a ProCultura, que pasaron de $316 millones en 2021 a más de $3.280 millones en 2022, coincidiendo con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia. Asimismo, seis gobernadores regionales han sido identificados como figuras clave en la investigación, lo que podría derivar en eventuales imputaciones. Entre ellos destacan Claudio Orrego (Región Metropolitana), Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Jorge Flies (Magallanes) y Rodrigo Díaz (Biobío), quien no se presentó a la reelección. Llas formalizaciones programadas para marzo podrían marcar un punto de inflexión en el caso Convenios, aumentando su impacto político, especialmente dentro del oficialismo.
El fiscal Patricio Cooper Monti, a cargo desde 2024 de la arista ProCultura en el caso Convenios, ultima formalizaciones clave en una indagación que ha sido cuestionada por su ritmo más pausado en comparación con otras ramas del caso. La investigación, que se mantiene bajo reserva hasta el 2 de abril, busca esclarecer posibles irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la fundación ProCultura, creada en 2010 por el psiquiatra Alberto Larraín. Según La Segunda, Cooper optó por la confidencialidad como estrategia para garantizar el éxito de la causa. Con un equipo de nueve personas, trabaja en los detalles de las formalizaciones previstas para marzo, las cuales podrían generar repercusiones políticas en el oficialismo debido a la relevancia de algunos implicados. Esta línea del caso cobró mayor importancia tras un informe del fiscal Carlos Palma, apartado del proceso tras la filtración de audios. El documento expuso un alza significativa en los fondos asignados a ProCultura, que pasaron de $316 millones en 2021 a más de $3.280 millones en 2022, coincidiendo con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia. Asimismo, seis gobernadores regionales han sido identificados como figuras clave en la investigación, lo que podría derivar en eventuales imputaciones. Entre ellos destacan Claudio Orrego (Región Metropolitana), Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Jorge Flies (Magallanes) y Rodrigo Díaz (Biobío), quien no se presentó a la reelección. Llas formalizaciones programadas para marzo podrían marcar un punto de inflexión en el caso Convenios, aumentando su impacto político, especialmente dentro del oficialismo.
Este lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la determinación del Gobierno sobre rebajar el presupuesto 2025 para el Ministerio Público, considerando un recorte que bordea los $7 mil millones de pesos. La decisión se enmarca en el contexto de una disminución global de $544 mil millones anunciados por el Ejecutivo, el cual surge de un protocolo de acuerdo en el debate de la comisión mixta de Presupuestos, con el objetivo de lograr un consenso para aprobar las glosas y partidas del erario fiscal para el año recientemente iniciado. En base a ello, el titular del Ministerio Público explicó que la medida afecta directamente las capacidades de investigación, especialmente en casos relacionados con el crimen organizado. Aún no nos sentamos con el equipo de administración y finanzas, habría que decidir de dónde recortar, pero estos fondos están destinados, entre otras materias, para seguridad de fiscales, seguridad de las fiscalías y compras de aplicaciones informáticas para análisis criminal, destacó. En su análisis, Valencia dijo que El Ministerio Público parece una familia que vive bien con lo justo y resaltó la eficiencia en uso recursos. Es difícil entender por qué El Ministerio Público queda excluido.... Desde la Oposición alzaron la voz ante este recorte. Por ejemplo, Andrés Longton, diputado integrante Comisión Seguridad Cámara Diputados anunció citará a ministra Interior Carolina Tohá para explicar situación. “Es un golpe directo a lucha contra crimen organizado..., afirmó. Mario Marcel, ministro Hacienda lideró respuesta desde La Moneda: “El ajuste fue mandatado por ley... simplemente se está cumpliendo la ley”, insistió.
El abogado querellante en los casos Dominga y Alto Mando, Luis Mariano Rendón, presentó el pasado miércoles una denuncia administrativa contra el fiscal nacional, Ángel Valencia, por presunto abuso de poder. La denuncia surge luego de que la Fiscalía Nacional emitiera un comunicado desmintiendo las acusaciones realizadas por la defensa del abogado Luis Hermosilla sobre una reunión entre él y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. En el comunicado, la Fiscalía calificó dementiras y amenazas las imputaciones realizadas por la defensa de Hermosilla, lo que, según Rendón, vulnera las normas éticas del Ministerio Público. El abogado argumentó que es inapropiado que la Fiscalía se haya pronunciado de esa manera sin una investigación previa que respalde tales afirmaciones, señalando que la calificación de estos hechos corresponde a los tribunales, no a la propia Fiscalía. Rendón, quien ha sido querellante en varias causas contra el expresidente Sebastián Piñera, como Dominga y Alto Mando, destacó que la Fiscalía, al defender públicamente a Valencia, utilizó la institución como un escudo, lo que considera inaceptable.Valencia tiene el derecho de defenderse, pero no debe hacerlo a costa de la institución que lidera, sostuvo el abogado. Además, Rendón expresó su interés en que se investigue a fondo si hubo alguna intervención de Valencia en las investigaciones contra Piñera, señalando que podría haber una explicación sobre la supuesta falta de impulso en dichas causas.
En una polémica entrevista, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, lanzó fuertes acusaciones contra los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que ambos mandatarios sonagentes de la CIA. Según Saab, existe evidencia que respalda estas afirmaciones, señalando que Borictraicionó a la juventud mártir que combatió a Piñera durante las protestas del estallido social de 2019 en Chile, y lo responsabilizó de la supuesta persecución y encarcelamiento de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta. Ante esto, en sus declaraciones, Saab no escatimó en críticas a Boric, calificándolo como elvocero de una izquierda latinoamericana que estaría supuestamente alineada con los intereses estadounidenses. El fiscal también apuntó contra Lula, destacando que el líder brasileñono es el mismo que en el pasado, sugiriendo que también habría sido captado por la CIA. Asimismo, estas acusaciones se dan en medio de un clima de tensiones políticas entre Venezuela y otros países latinoamericanos, especialmente tras los recientes comicios presidenciales en los que Nicolás Maduro fue reelegido, un resultado que Boric y Lula han puesto en duda. Boric incluso calificó al régimen de Maduro como una dictadura en su último discurso ante la ONU, mientras Lula ha buscado promover un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.
El fiscal Patricio Cooper Monti, a cargo desde 2024 de la arista ProCultura en el caso Convenios, ultima formalizaciones clave en una indagación que ha sido cuestionada por su ritmo más pausado en comparación con otras ramas del caso. La investigación, que se mantiene bajo reserva hasta el 2 de abril, busca esclarecer posibles irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la fundación ProCultura, creada en 2010 por el psiquiatra Alberto Larraín. Según La Segunda, Cooper optó por la confidencialidad como estrategia para garantizar el éxito de la causa. Con un equipo de nueve personas, trabaja en los detalles de las formalizaciones previstas para marzo, las cuales podrían generar repercusiones políticas en el oficialismo debido a la relevancia de algunos implicados. Esta línea del caso cobró mayor importancia tras un informe del fiscal Carlos Palma, apartado del proceso tras la filtración de audios. El documento expuso un alza significativa en los fondos asignados a ProCultura, que pasaron de $316 millones en 2021 a más de $3.280 millones en 2022, coincidiendo con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia. Asimismo, seis gobernadores regionales han sido identificados como figuras clave en la investigación, lo que podría derivar en eventuales imputaciones. Entre ellos destacan Claudio Orrego (Región Metropolitana), Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Jorge Flies (Magallanes) y Rodrigo Díaz (Biobío), quien no se presentó a la reelección. Llas formalizaciones programadas para marzo podrían marcar un punto de inflexión en el caso Convenios, aumentando su impacto político, especialmente dentro del oficialismo.
El fiscal Patricio Cooper Monti, a cargo desde 2024 de la arista ProCultura en el caso Convenios, ultima formalizaciones clave en una indagación que ha sido cuestionada por su ritmo más pausado en comparación con otras ramas del caso. La investigación, que se mantiene bajo reserva hasta el 2 de abril, busca esclarecer posibles irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la fundación ProCultura, creada en 2010 por el psiquiatra Alberto Larraín. Según La Segunda, Cooper optó por la confidencialidad como estrategia para garantizar el éxito de la causa. Con un equipo de nueve personas, trabaja en los detalles de las formalizaciones previstas para marzo, las cuales podrían generar repercusiones políticas en el oficialismo debido a la relevancia de algunos implicados. Esta línea del caso cobró mayor importancia tras un informe del fiscal Carlos Palma, apartado del proceso tras la filtración de audios. El documento expuso un alza significativa en los fondos asignados a ProCultura, que pasaron de $316 millones en 2021 a más de $3.280 millones en 2022, coincidiendo con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia. Asimismo, seis gobernadores regionales han sido identificados como figuras clave en la investigación, lo que podría derivar en eventuales imputaciones. Entre ellos destacan Claudio Orrego (Región Metropolitana), Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Jorge Flies (Magallanes) y Rodrigo Díaz (Biobío), quien no se presentó a la reelección. Llas formalizaciones programadas para marzo podrían marcar un punto de inflexión en el caso Convenios, aumentando su impacto político, especialmente dentro del oficialismo.
Este lunes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la determinación del Gobierno sobre rebajar el presupuesto 2025 para el Ministerio Público, considerando un recorte que bordea los $7 mil millones de pesos. La decisión se enmarca en el contexto de una disminución global de $544 mil millones anunciados por el Ejecutivo, el cual surge de un protocolo de acuerdo en el debate de la comisión mixta de Presupuestos, con el objetivo de lograr un consenso para aprobar las glosas y partidas del erario fiscal para el año recientemente iniciado. En base a ello, el titular del Ministerio Público explicó que la medida afecta directamente las capacidades de investigación, especialmente en casos relacionados con el crimen organizado. Aún no nos sentamos con el equipo de administración y finanzas, habría que decidir de dónde recortar, pero estos fondos están destinados, entre otras materias, para seguridad de fiscales, seguridad de las fiscalías y compras de aplicaciones informáticas para análisis criminal, destacó. En su análisis, Valencia dijo que El Ministerio Público parece una familia que vive bien con lo justo y resaltó la eficiencia en uso recursos. Es difícil entender por qué El Ministerio Público queda excluido.... Desde la Oposición alzaron la voz ante este recorte. Por ejemplo, Andrés Longton, diputado integrante Comisión Seguridad Cámara Diputados anunció citará a ministra Interior Carolina Tohá para explicar situación. “Es un golpe directo a lucha contra crimen organizado..., afirmó. Mario Marcel, ministro Hacienda lideró respuesta desde La Moneda: “El ajuste fue mandatado por ley... simplemente se está cumpliendo la ley”, insistió.
El abogado querellante en los casos Dominga y Alto Mando, Luis Mariano Rendón, presentó el pasado miércoles una denuncia administrativa contra el fiscal nacional, Ángel Valencia, por presunto abuso de poder. La denuncia surge luego de que la Fiscalía Nacional emitiera un comunicado desmintiendo las acusaciones realizadas por la defensa del abogado Luis Hermosilla sobre una reunión entre él y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. En el comunicado, la Fiscalía calificó dementiras y amenazas las imputaciones realizadas por la defensa de Hermosilla, lo que, según Rendón, vulnera las normas éticas del Ministerio Público. El abogado argumentó que es inapropiado que la Fiscalía se haya pronunciado de esa manera sin una investigación previa que respalde tales afirmaciones, señalando que la calificación de estos hechos corresponde a los tribunales, no a la propia Fiscalía. Rendón, quien ha sido querellante en varias causas contra el expresidente Sebastián Piñera, como Dominga y Alto Mando, destacó que la Fiscalía, al defender públicamente a Valencia, utilizó la institución como un escudo, lo que considera inaceptable.Valencia tiene el derecho de defenderse, pero no debe hacerlo a costa de la institución que lidera, sostuvo el abogado. Además, Rendón expresó su interés en que se investigue a fondo si hubo alguna intervención de Valencia en las investigaciones contra Piñera, señalando que podría haber una explicación sobre la supuesta falta de impulso en dichas causas.
En una polémica entrevista, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, lanzó fuertes acusaciones contra los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que ambos mandatarios sonagentes de la CIA. Según Saab, existe evidencia que respalda estas afirmaciones, señalando que Borictraicionó a la juventud mártir que combatió a Piñera durante las protestas del estallido social de 2019 en Chile, y lo responsabilizó de la supuesta persecución y encarcelamiento de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta. Ante esto, en sus declaraciones, Saab no escatimó en críticas a Boric, calificándolo como elvocero de una izquierda latinoamericana que estaría supuestamente alineada con los intereses estadounidenses. El fiscal también apuntó contra Lula, destacando que el líder brasileñono es el mismo que en el pasado, sugiriendo que también habría sido captado por la CIA. Asimismo, estas acusaciones se dan en medio de un clima de tensiones políticas entre Venezuela y otros países latinoamericanos, especialmente tras los recientes comicios presidenciales en los que Nicolás Maduro fue reelegido, un resultado que Boric y Lula han puesto en duda. Boric incluso calificó al régimen de Maduro como una dictadura en su último discurso ante la ONU, mientras Lula ha buscado promover un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición.
