el jueves pasado a las 11:07
El fiscal Patricio Cooper Monti, a cargo desde 2024 de la arista ProCultura en el caso Convenios, ultima formalizaciones clave en una indagación que ha sido cuestionada por su ritmo más pausado en comparación con otras ramas del caso. La investigación, que se mantiene bajo reserva hasta el 2 de abril, busca esclarecer posibles irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la fundación ProCultura, creada en 2010 por el psiquiatra Alberto Larraín.
Según La Segunda, Cooper optó por la confidencialidad como estrategia para garantizar el éxito de la causa. Con un equipo de nueve personas, trabaja en los detalles de las formalizaciones previstas para marzo, las cuales podrían generar repercusiones políticas en el oficialismo debido a la relevancia de algunos implicados.
Esta línea del caso cobró mayor importancia tras un informe del fiscal Carlos Palma, apartado del proceso tras la filtración de audios. El documento expuso un alza significativa en los fondos asignados a ProCultura, que pasaron de $316 millones en 2021 a más de $3.280 millones en 2022, coincidiendo con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia.
Asimismo, seis gobernadores regionales han sido identificados como figuras clave en la investigación, lo que podría derivar en eventuales imputaciones. Entre ellos destacan Claudio Orrego (Región Metropolitana), Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Óscar Crisóstomo (Ñuble), Jorge Flies (Magallanes) y Rodrigo Díaz (Biobío), quien no se presentó a la reelección.
Llas formalizaciones programadas para marzo podrían marcar un punto de inflexión en el caso Convenios, aumentando su impacto político, especialmente dentro del oficialismo.
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