El Presidente Gabriel Boric ha anunciado el envío al Congreso de una reforma constitucional que tiene como objetivo modificar la estructura de Gendarmería de Chile, integrándola al Ministerio de Seguridad Pública. Esta medida busca separar las funciones actuales de reinserción social del organismo. En palabras del Presidente: “Esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de la Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social”, señaló. Con esta reforma, Gendarmería se convertirá en una institución de seguridad pública dependiente del Ministerio de Seguridad Pública. El Presidente de la República afirmó: “Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública”. Esta decisión surge tras el desarrollo del operativo denominado Operación Apocalipsis, el cual logró desmantelar una red de corrupción que operaba en las cárceles Santiago 1 y San Joaquín. Como resultado, se encuentran bajo investigación 44 funcionarios de Gendarmería. La investigación abarcó siete regiones del país y resultó en la detención no solo de los gendarmes implicados, sino también de otras personas. Según las investigaciones, los funcionarios estarían vinculados a una red que se dedicaba a la venta de favores, con un monto estimado que superaría los $6.300 millones en un periodo de tres años. El mandatario destacó el procedimiento y remarcó que además del trabajo coordinado, la operación demuestra el compromiso del Estado para perseguir la corrupción aun dentro de las propias instituciones. “Este tipo de golpes al narcotráfico y al crimen organizado son de largo aliento, no permiten atajos y requieren un trabajo coordinado, serio y responsable en el tiempo”, afirmó.
En un esfuerzo por combatir el crimen organizado al interior de los recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile llevó a cabo un extenso operativo de allanamiento en ocho cárceles del norte del país, en el marco del Plan Nacional contra el Crimen Organizado. La acción, que contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, junto a otras autoridades regionales y de la institución, se focalizó en los complejos penitenciarios de Arica, Alto Hospicio y Antofagasta, así como en otros centros de detención en Iquique, Calama, Tocopilla y Taltal. El operativo movilizó a más de 800 funcionarios y permitió registrar a 6.932 personas privadas de libertad. Como resultado, se decomisaron 38 teléfonos celulares, 44 litros de licor artesanal, 952 kilogramos de sustancias ilícitas y 209 armas blancas. Según el ministro Gajardo, estos procedimientos se han venido perfeccionando desde el año 2022 con allanamientos más exhaustivos y focalizados por zonas. Además de los hallazgos durante el operativo, las autoridades presentaron un vehículo blindado de alta seguridad destinado al traslado de reclusos de alto riesgo en Antofagasta e Iquique. Este vehículo cuenta con tracción 4x4, blindaje táctico de 360 grados y monitoreo constante a través de GPS para garantizar la seguridad durante los desplazamientos. Actualmente opera en Valparaíso y próximamente estará disponible en Arica y La Serena. En la región de Antofagasta, los allanamientos en las cinco unidades penales resultaron en la incautación de 71 armas blancas, 12 celulares y diversas sustancias ilícitas. Más de 260 funcionarios participaron en el registro de cerca de 2.000 internos, demostrando el compromiso continuo de la institución con el fortalecimiento de la seguridad en los centros penitenciarios del país.
El Presidente Gabriel Boric ha anunciado el envío al Congreso de una reforma constitucional que tiene como objetivo modificar la estructura de Gendarmería de Chile, integrándola al Ministerio de Seguridad Pública. Esta medida busca separar las funciones actuales de reinserción social del organismo. En palabras del Presidente: “Esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional. He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de la Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social”, señaló. Con esta reforma, Gendarmería se convertirá en una institución de seguridad pública dependiente del Ministerio de Seguridad Pública. El Presidente de la República afirmó: “Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad Pública”. Esta decisión surge tras el desarrollo del operativo denominado Operación Apocalipsis, el cual logró desmantelar una red de corrupción que operaba en las cárceles Santiago 1 y San Joaquín. Como resultado, se encuentran bajo investigación 44 funcionarios de Gendarmería. La investigación abarcó siete regiones del país y resultó en la detención no solo de los gendarmes implicados, sino también de otras personas. Según las investigaciones, los funcionarios estarían vinculados a una red que se dedicaba a la venta de favores, con un monto estimado que superaría los $6.300 millones en un periodo de tres años. El mandatario destacó el procedimiento y remarcó que además del trabajo coordinado, la operación demuestra el compromiso del Estado para perseguir la corrupción aun dentro de las propias instituciones. “Este tipo de golpes al narcotráfico y al crimen organizado son de largo aliento, no permiten atajos y requieren un trabajo coordinado, serio y responsable en el tiempo”, afirmó.
En un esfuerzo por combatir el crimen organizado al interior de los recintos penitenciarios, Gendarmería de Chile llevó a cabo un extenso operativo de allanamiento en ocho cárceles del norte del país, en el marco del Plan Nacional contra el Crimen Organizado. La acción, que contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, junto a otras autoridades regionales y de la institución, se focalizó en los complejos penitenciarios de Arica, Alto Hospicio y Antofagasta, así como en otros centros de detención en Iquique, Calama, Tocopilla y Taltal. El operativo movilizó a más de 800 funcionarios y permitió registrar a 6.932 personas privadas de libertad. Como resultado, se decomisaron 38 teléfonos celulares, 44 litros de licor artesanal, 952 kilogramos de sustancias ilícitas y 209 armas blancas. Según el ministro Gajardo, estos procedimientos se han venido perfeccionando desde el año 2022 con allanamientos más exhaustivos y focalizados por zonas. Además de los hallazgos durante el operativo, las autoridades presentaron un vehículo blindado de alta seguridad destinado al traslado de reclusos de alto riesgo en Antofagasta e Iquique. Este vehículo cuenta con tracción 4x4, blindaje táctico de 360 grados y monitoreo constante a través de GPS para garantizar la seguridad durante los desplazamientos. Actualmente opera en Valparaíso y próximamente estará disponible en Arica y La Serena. En la región de Antofagasta, los allanamientos en las cinco unidades penales resultaron en la incautación de 71 armas blancas, 12 celulares y diversas sustancias ilícitas. Más de 260 funcionarios participaron en el registro de cerca de 2.000 internos, demostrando el compromiso continuo de la institución con el fortalecimiento de la seguridad en los centros penitenciarios del país.
