El viernes pasado, el Club de Deportes Antofagasta y la Municipalidad de Antofagasta confirmaron la firma de un contrato de arrendamiento para el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. Este acuerdo regularizará el uso de la cancha N° 2 y otras instalaciones para todos los equipos del club albiceleste. El contrato establece un pago mensual de $3.000.000, ajustable cada 12 meses según la variación del IPC, por un período de 4 años. Además del uso de la cancha 2, se acordó que también podrán utilizar la cancha principal un día a la semana durante dos horas, previa coordinación con la administración del recinto, ya sea los días miércoles o jueves. El acuerdo incluye el acceso a infraestructuras como oficinas, baños, camarines locales y visitantes, las gradas, sala de calentamiento (actualmente ocupada por un gimnasio) y camarín N°4. Como parte del trato, los Pumas se comprometen a mantener en funcionamiento y en óptimas condiciones los artefactos sanitarios, enchufes, vidrios, puertas, instalaciones eléctricas y realizar reparaciones o cambios necesarios a su costo. También se encargarán del mantenimiento técnico de la cancha de pasto de la Cancha 2. Por otro lado, se reconoció una deuda por parte del club hacia la municipalidad. Sin embargo, en lugar de iniciar un largo proceso judicial que podría extenderse por años, se llegó a un acuerdo respaldado por el Concejo Municipal. Cabe destacar que desde el año 2016 no existía un contrato formal entre ambas partes. Después de una década marcada por informalidades y tensiones, la actual administración municipal logró resolver este conflicto mediante un acuerdo extrajudicial. Este acontecimiento se da en paralelo a la Ordenanza que regula el arriendo y uso de la Cancha principal para partidos profesionales.
En la última sesión ordinaria del año, el Consejo Regional de Antofagasta aprobó la asignación de mayores recursos para la iniciativa de Reposición con Relocalización Tenencia de Ollagüe. Se espera que esta iniciativa entre en sus etapas finales y que su entrega se realice en febrero de 2026. El CORE aprobó la ampliación del financiamiento del proyecto, que asciende a $84 millones de pesos. Estos fondos se suman a los $5 mil millones que ya han sido destinados a esta iniciativa, provenientes del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) y otros sectores. La reposición con relocalización de la tenencia de Carabineros implica la construcción de una infraestructura de 934,93 m2. Esta estructura estará basada en madera laminada encolada, con recintos de estructura metálica y muro de hormigón. El área policial abarcará 135,77 m2, el área habitable será de 396,40 m2, el área de servicio ocupará 161,47 m2 y el almacén de combustible junto con el canil sumarán 100,15 m2. La Tenencia de Carabineros Ollagüe desempeña funciones relacionadas con el orden, la seguridad y la soberanía. Dada su ubicación fronteriza, lleva a cabo patrullajes tanto a pie como motorizados debido a su extensa extensión territorial y su proximidad con Bolivia. Además, se encarga de labores de fiscalización relacionadas con el tráfico de drogas, contrabando y el ingreso ilegal de personas, entre otras actividades.
Tras la publicación realizada por este medio el 16 de diciembre de 2025, en la que se mencionaba que Codelco no había completado la restauración del geoglifo de Talabre, la empresa estatal emitió una declaración pública para aclarar los hechos relacionados con esta situación. En dicha declaración, se enfatizó que no hubo una ejecución deficiente de los trabajos llevados a cabo en este sitio patrimonial. Codelco descartó de manera contundente cualquier daño causado por las labores de valorización y mitigación del geoglifo, asegurando que todas las acciones fueron debidamente autorizadas, supervisadas y validadas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), entidad con competencia exclusiva en la protección del patrimonio arqueológico en Chile. Según lo informado por Codelco, el CMN expresó su conformidad sin observaciones, dando por cumplidos los compromisos adquiridos durante esta intervención que tuvo lugar entre 2018 y 2020. Esta acción se enmarca en los compromisos voluntarios establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto RT Sulfuros, aprobado mediante la RCA N°22/2016, y se llevó a cabo cumpliendo estrictamente con la normativa vigente. Los trabajos fueron realizados por una empresa ambiental con amplia experiencia en conservación patrimonial, aplicando metodologías reconocidas a nivel internacional basadas en el principio de mínima intervención. Además, contaron con equipos profesionales especializados en contextos de alta sensibilidad cultural. Asimismo, Codelco resaltó la participación activa de comunidades indígenas locales, incluyendo monitores de San Francisco de Chiu Chiu y del Valle de Lasana. Esto permitió un trabajo colaborativo y la creación de un libro testimonial que documenta los aprendizajes y logros más destacados del proceso. Finalmente, la compañía reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio cultural, la transparencia institucional y el cumplimiento riguroso de la normativa vigente. Se hizo hincapié en que toda la documentación técnica y administrativa está disponible para las autoridades fiscalizadoras correspondientes.
Un complejo caso ha sacudido a la Municipalidad de Sierra Gorda, donde la Alcaldesa Adriana Rivera Vega ha presentado una querella por Malversación de Caudales Públicos contra ex funcionarios de la Fundación Cultural de Sierra Gorda. Esta acción se tomó luego de una revisión que reveló la falta de documentación en la rendición de gastos. Al asumir el cargo el actual Secretario Ejecutivo, se detectó una situación irregular en una revisión administrativa, donde se solicitaba el reintegro de $8.782.637 pesos. La Fundación no registra documentación suficiente que justifique el uso correcto de esos recursos. La ausencia de respaldos válidos impide acreditar el destino del gasto y abre la posibilidad de un caso de uso indebido de fondos públicos, alertó el nuevo funcionario por medio de un correo electrónico. La alcaldesa, en su calidad de presidenta de la Fundación Cultural, inició una revisión que reveló la falta de existencia de documentos o respaldo del monto y que los recursos fueron utilizados para fines distintos a los destinados. Se encontraron egresos para servicios de traslado y compra de vestimenta para proyectos de forma indebida, es decir, no con los recursos destinados efectivamente para dichos proyectos. Los hechos ocurridos bajo las gestiones de los otrora secretarios Michael Díaz Brito y Luis Larrea Araya han sido identificados como irregulares. De acuerdo a la acusación, los ex funcionarios mantenían a la institución bajo una estructura precaria, sin controles internos, con equipos obsoletos y una deficiente trazabilidad de movimientos bancarios, rendiciones y respaldos contables. Se identificaron como funcionarios claves a Soledad Chacón Labbé y Rodrigo Alegre Alay, ambos ligados al área contable y con manejo directo de las chequeras y rendiciones. Ante las irregularidades detectadas, se menciona una bicicleta financiera donde se utilizaban recursos provenientes de la subvención municipal para cubrir gastos que debían ser pagados con recursos específicos. Además, se emitían cheques desde una cuenta que luego aparecían como nulos en la chequera, mientras el mismo gasto se financiaba con otra cuenta. También se realizaban depósitos incoherentes para cuadrar cifras en las rendiciones. Se destaca una operación especialmente significativa: la compra de vestuario por un monto aproximado de $4.700.000 destinada a una agrupación ajena al objetivo propio de la Fundación Cultural. Estas acciones habrían sido aprobadas por Michael Díaz e involucraban financiamiento para trajes a una Agrupación Folclórica dedicada al caporal sin relación con la Fundación.
El fútbol femenino en Chile continúa avanzando luego de concluir su primera temporada con todas las jugadoras como profesionales, gracias a la implementación de la Ley de Profesionalización. En un importante paso para el reconocimiento y defensa de los derechos laborales de las futbolistas, el pasado 16 de diciembre se llevó a cabo la constitución oficial del Sindicato de Jugadoras de Fútbol Profesional de Chile (ANJUF) en una ceremonia realizada en el Estadio Nacional. El sindicato fue establecido con la adhesión notarial de al menos 25 jugadoras, marcando un hito significativo para el fútbol femenino en el país. Además, se procedió a la elección del primer directorio, encabezado por Javiera Moreno como presidenta, junto a Fernanda Ramírez, Natalia Campos, Catalina Quezada y Camila García. “Durante años funcionamos como una organización de trabajadoras, pero la figura sindical nos permite dar un salto cualitativo: hoy contamos con reconocimiento legal pleno, capacidad real de negociación colectiva y una estructura democrática permanente para defender nuestros derechos”, señaló Javiera Moreno. La ceremonia contó con la presencia destacada de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; el director del Trabajo, Sergio Santibañez; y representantes del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) como Fernando Cordero. Este nuevo sindicato es el resultado directo del trabajo realizado por ANJUF desde su creación en 2016, cuando un grupo de jugadoras decidió unirse ante la falta de actividad en la selección femenina y las precarias condiciones laborales en la liga. A lo largo de los años, esta organización ha logrado avances significativos como la cobertura médica para las jugadoras y ha incidido en legislaciones clave que buscan erradicar el abuso, acoso y precarización en el deporte femenino. Con esta nueva estructura sindical, las futbolistas profesionales en Chile buscan fortalecer su posición y garantizar mejores condiciones laborales en el ámbito deportivo.
El viernes pasado, el Club de Deportes Antofagasta y la Municipalidad de Antofagasta confirmaron la firma de un contrato de arrendamiento para el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. Este acuerdo regularizará el uso de la cancha N° 2 y otras instalaciones para todos los equipos del club albiceleste. El contrato establece un pago mensual de $3.000.000, ajustable cada 12 meses según la variación del IPC, por un período de 4 años. Además del uso de la cancha 2, se acordó que también podrán utilizar la cancha principal un día a la semana durante dos horas, previa coordinación con la administración del recinto, ya sea los días miércoles o jueves. El acuerdo incluye el acceso a infraestructuras como oficinas, baños, camarines locales y visitantes, las gradas, sala de calentamiento (actualmente ocupada por un gimnasio) y camarín N°4. Como parte del trato, los Pumas se comprometen a mantener en funcionamiento y en óptimas condiciones los artefactos sanitarios, enchufes, vidrios, puertas, instalaciones eléctricas y realizar reparaciones o cambios necesarios a su costo. También se encargarán del mantenimiento técnico de la cancha de pasto de la Cancha 2. Por otro lado, se reconoció una deuda por parte del club hacia la municipalidad. Sin embargo, en lugar de iniciar un largo proceso judicial que podría extenderse por años, se llegó a un acuerdo respaldado por el Concejo Municipal. Cabe destacar que desde el año 2016 no existía un contrato formal entre ambas partes. Después de una década marcada por informalidades y tensiones, la actual administración municipal logró resolver este conflicto mediante un acuerdo extrajudicial. Este acontecimiento se da en paralelo a la Ordenanza que regula el arriendo y uso de la Cancha principal para partidos profesionales.
En la última sesión ordinaria del año, el Consejo Regional de Antofagasta aprobó la asignación de mayores recursos para la iniciativa de Reposición con Relocalización Tenencia de Ollagüe. Se espera que esta iniciativa entre en sus etapas finales y que su entrega se realice en febrero de 2026. El CORE aprobó la ampliación del financiamiento del proyecto, que asciende a $84 millones de pesos. Estos fondos se suman a los $5 mil millones que ya han sido destinados a esta iniciativa, provenientes del Fondo de Desarrollo Regional (FNDR) y otros sectores. La reposición con relocalización de la tenencia de Carabineros implica la construcción de una infraestructura de 934,93 m2. Esta estructura estará basada en madera laminada encolada, con recintos de estructura metálica y muro de hormigón. El área policial abarcará 135,77 m2, el área habitable será de 396,40 m2, el área de servicio ocupará 161,47 m2 y el almacén de combustible junto con el canil sumarán 100,15 m2. La Tenencia de Carabineros Ollagüe desempeña funciones relacionadas con el orden, la seguridad y la soberanía. Dada su ubicación fronteriza, lleva a cabo patrullajes tanto a pie como motorizados debido a su extensa extensión territorial y su proximidad con Bolivia. Además, se encarga de labores de fiscalización relacionadas con el tráfico de drogas, contrabando y el ingreso ilegal de personas, entre otras actividades.
Tras la publicación realizada por este medio el 16 de diciembre de 2025, en la que se mencionaba que Codelco no había completado la restauración del geoglifo de Talabre, la empresa estatal emitió una declaración pública para aclarar los hechos relacionados con esta situación. En dicha declaración, se enfatizó que no hubo una ejecución deficiente de los trabajos llevados a cabo en este sitio patrimonial. Codelco descartó de manera contundente cualquier daño causado por las labores de valorización y mitigación del geoglifo, asegurando que todas las acciones fueron debidamente autorizadas, supervisadas y validadas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), entidad con competencia exclusiva en la protección del patrimonio arqueológico en Chile. Según lo informado por Codelco, el CMN expresó su conformidad sin observaciones, dando por cumplidos los compromisos adquiridos durante esta intervención que tuvo lugar entre 2018 y 2020. Esta acción se enmarca en los compromisos voluntarios establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto RT Sulfuros, aprobado mediante la RCA N°22/2016, y se llevó a cabo cumpliendo estrictamente con la normativa vigente. Los trabajos fueron realizados por una empresa ambiental con amplia experiencia en conservación patrimonial, aplicando metodologías reconocidas a nivel internacional basadas en el principio de mínima intervención. Además, contaron con equipos profesionales especializados en contextos de alta sensibilidad cultural. Asimismo, Codelco resaltó la participación activa de comunidades indígenas locales, incluyendo monitores de San Francisco de Chiu Chiu y del Valle de Lasana. Esto permitió un trabajo colaborativo y la creación de un libro testimonial que documenta los aprendizajes y logros más destacados del proceso. Finalmente, la compañía reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio cultural, la transparencia institucional y el cumplimiento riguroso de la normativa vigente. Se hizo hincapié en que toda la documentación técnica y administrativa está disponible para las autoridades fiscalizadoras correspondientes.
Un complejo caso ha sacudido a la Municipalidad de Sierra Gorda, donde la Alcaldesa Adriana Rivera Vega ha presentado una querella por Malversación de Caudales Públicos contra ex funcionarios de la Fundación Cultural de Sierra Gorda. Esta acción se tomó luego de una revisión que reveló la falta de documentación en la rendición de gastos. Al asumir el cargo el actual Secretario Ejecutivo, se detectó una situación irregular en una revisión administrativa, donde se solicitaba el reintegro de $8.782.637 pesos. La Fundación no registra documentación suficiente que justifique el uso correcto de esos recursos. La ausencia de respaldos válidos impide acreditar el destino del gasto y abre la posibilidad de un caso de uso indebido de fondos públicos, alertó el nuevo funcionario por medio de un correo electrónico. La alcaldesa, en su calidad de presidenta de la Fundación Cultural, inició una revisión que reveló la falta de existencia de documentos o respaldo del monto y que los recursos fueron utilizados para fines distintos a los destinados. Se encontraron egresos para servicios de traslado y compra de vestimenta para proyectos de forma indebida, es decir, no con los recursos destinados efectivamente para dichos proyectos. Los hechos ocurridos bajo las gestiones de los otrora secretarios Michael Díaz Brito y Luis Larrea Araya han sido identificados como irregulares. De acuerdo a la acusación, los ex funcionarios mantenían a la institución bajo una estructura precaria, sin controles internos, con equipos obsoletos y una deficiente trazabilidad de movimientos bancarios, rendiciones y respaldos contables. Se identificaron como funcionarios claves a Soledad Chacón Labbé y Rodrigo Alegre Alay, ambos ligados al área contable y con manejo directo de las chequeras y rendiciones. Ante las irregularidades detectadas, se menciona una bicicleta financiera donde se utilizaban recursos provenientes de la subvención municipal para cubrir gastos que debían ser pagados con recursos específicos. Además, se emitían cheques desde una cuenta que luego aparecían como nulos en la chequera, mientras el mismo gasto se financiaba con otra cuenta. También se realizaban depósitos incoherentes para cuadrar cifras en las rendiciones. Se destaca una operación especialmente significativa: la compra de vestuario por un monto aproximado de $4.700.000 destinada a una agrupación ajena al objetivo propio de la Fundación Cultural. Estas acciones habrían sido aprobadas por Michael Díaz e involucraban financiamiento para trajes a una Agrupación Folclórica dedicada al caporal sin relación con la Fundación.
El fútbol femenino en Chile continúa avanzando luego de concluir su primera temporada con todas las jugadoras como profesionales, gracias a la implementación de la Ley de Profesionalización. En un importante paso para el reconocimiento y defensa de los derechos laborales de las futbolistas, el pasado 16 de diciembre se llevó a cabo la constitución oficial del Sindicato de Jugadoras de Fútbol Profesional de Chile (ANJUF) en una ceremonia realizada en el Estadio Nacional. El sindicato fue establecido con la adhesión notarial de al menos 25 jugadoras, marcando un hito significativo para el fútbol femenino en el país. Además, se procedió a la elección del primer directorio, encabezado por Javiera Moreno como presidenta, junto a Fernanda Ramírez, Natalia Campos, Catalina Quezada y Camila García. “Durante años funcionamos como una organización de trabajadoras, pero la figura sindical nos permite dar un salto cualitativo: hoy contamos con reconocimiento legal pleno, capacidad real de negociación colectiva y una estructura democrática permanente para defender nuestros derechos”, señaló Javiera Moreno. La ceremonia contó con la presencia destacada de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; el director del Trabajo, Sergio Santibañez; y representantes del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) como Fernando Cordero. Este nuevo sindicato es el resultado directo del trabajo realizado por ANJUF desde su creación en 2016, cuando un grupo de jugadoras decidió unirse ante la falta de actividad en la selección femenina y las precarias condiciones laborales en la liga. A lo largo de los años, esta organización ha logrado avances significativos como la cobertura médica para las jugadoras y ha incidido en legislaciones clave que buscan erradicar el abuso, acoso y precarización en el deporte femenino. Con esta nueva estructura sindical, las futbolistas profesionales en Chile buscan fortalecer su posición y garantizar mejores condiciones laborales en el ámbito deportivo.
