Acuerdo entre Minera Escondida y comunidad de Peine validado por Tribunal Ambiental
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta aprueba un acuerdo de transacción que incluye medidas socioambientales por 47 millones de dólares.
el martes pasado a las 17:43
el viernes pasado a las 10:30
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ha aprobado la conciliación en la demanda por daño ambiental presentada contra las empresas Minera Escondida Limitada, Albemarle Limitada y Compañía Minera Zaldívar SpA, por la afectación del acuífero Monturaqui-Negrillar y Tilopozo, en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta.
Esta resolución, en la que participaron el Consejo de Defensa del Estado y la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, busca reparar el daño causado al ecosistema y las vegas de la zona. El acuerdo incluye 14 medidas que deberán ser implementadas principalmente por las tres compañías mineras, comprometiendo una inversión de 47 millones de dólares.
Entre las acciones más relevantes se encuentra la recuperación del acuífero afectado y la restauración de las vegas de Tilopozo y las lagunas La Punta y La Brava. Además, se han establecido medidas para la compensación social, económica y ambiental a la Comunidad de Peine, así como acciones vinculadas a la divulgación de los avances en la restauración del sector.
Minera Escondida, parte del conglomerado BHP, destacó que este acuerdo es un hito para el país al incorporar medidas socioambientales sin precedentes con montos considerados entre los más altos alcanzados en una conciliación ambiental. La empresa enfatizó su compromiso con la protección del recurso hídrico al cesar desde finales de 2019 extracciones en el acuífero afectado.
Sin embargo, no todos estuvieron a favor. La ministra presidenta (s) del tribunal, Sandra Álvarez, votó en contra argumentando que el acuerdo no aborda adecuadamente el daño sufrido por el acuífero cuya recuperación podría tardar hasta el año 2200 si se detienen inmediatamente las extracciones. Álvarez señaló que falta abordar medidas preventivas ya que no elimina la sobreexplotación del agua por parte de las empresas mineras.
Este acuerdo marca un precedente en los procesos de conciliación ambiental en Chile pero también resalta las tensiones entre las necesidades económicas y urgencia para proteger los recursos naturales.
Estas medidas buscan hacer frente a problemas en seguridad, migración, empleo y salud en la región de país.
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