Aprueban en general la creación del estatuto de protección para periodistas y comunicadores
El objetivo de esta iniciativa es establecer el deber estatal de promover la seguridad de los periodistas y profesionales de los medios de comunicación a través de la implementación de medidas de protección.
El proyecto aprobado en general por la Sala de la Cámara tiene como objetivo consagrar el deber estatal de promover la seguridad de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones mediante la creación de un estatuto de protección. La iniciativa busca prevenir hechos de violencia en contra de periodistas y trabajadores de las comunicaciones debido a su labor comunicacional, proteger y garantizar su seguridad, libertad e integridad, y promover medidas de investigación, sanción y reparación, entre otros objetivos.
El proyecto define a periodistas como aquellos que han obtenido un título universitario y a personas trabajadoras de las comunicaciones como aquellas cuya actividad principal es recopilar, tratar y difundir información al público, ya sea en línea o fuera de línea. El texto contempla diferentes formas de agresiones, como desapariciones forzadas, homicidios, violencia física, intimidación, detenciones ilegales, entre otras, y establece que, en caso de ser delitos, la investigación estará a cargo del Ministerio Público.
También establece obligaciones para el Estado, como prevenir la violencia contra periodistas y comunicadores, proteger a las familias de trabajadores en riesgo, y resguardar a comunicadores que investigan el crimen organizado u otros temas de interés público. Se promueve la protección de trabajadores/as de las comunicaciones mujeres, diversidades y disidencias de sexo y género. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) deberá registrar los hechos denunciados por periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones y alertar a las instituciones correspondientes cuando haya indicios de agresiones.
El proyecto se basa en una ley modelo de la UNESCO que recoge estándares internacionales de protección para periodistas y comunicadores, y en su discusión participaron diversas organizaciones, sindicatos, academia y representantes de medios de comunicación. Aunque la mayoría valoró la protección estatal a periodistas y comunicadores como un fundamento de la libertad de expresión en democracia, algunos diputados de oposición expresaron su desacuerdo con una categoría especial de protección, argumentando que podría alejarse del derecho a emitir opiniones y establecer discriminación respecto a otros ciudadanos.
El Ejecutivo patrocinará el proyecto, considerándolo fundamental para profundizar la democracia y destacando su implementación de instrumentos internacionales relevantes en la normativa de protección. El proyecto será objeto de indicaciones y se someterá a un nuevo informe en la Comisión de Cultura antes de su aprobación final.
